Hidroituango es como otros tantos, un ejemplo de la dificultad que, como país, tenemos para aproximarnos a nuevas formas de desarrollo. La falla que en mayo de 2018 pone a Hidroituango bajo la mirada de toda Colombia, reveló lo que algunos venían denunciando desde el territorio: la imposición de un proyecto que, por encima de la sensatez del procedimiento, no contó con análisis de alternativas (diagnóstico ambiental de alternativas) por encima de la transparencia, inició algunas obras sin modificar la licencia ambiental; por encima de la incertidumbre científica, justificó el daño al medio ambiente y lo más grave: pasando por encima de la gente, de su arraigo, de su íntimo conocimiento del territorio, de su sufrimiento por años de violencia y de su cultura, inundó el cañón del río Cauca.
Bogotá es la ciudad más poblada de Colombia, con casi 8 millones de habitantes. Es la ciudad con más desigualdad de ingresos del país, un logro poco alentador en el segundo país más desigual del hemisferio. Su población se ha disparado debido no solo a la urbanización que ha experimentado toda América Latina, sino también como resultado del desplazamiento forzado masivo que vivió el país durante su largo conflicto armado. Muchas de estas personas desplazadas se establecieron en las periferias de Bogotá, las cuales ahora conforman algunas de las localidades más pobres y marginales de la ciudad. Este crecimiento poblacional y geográfico poco planificado ha creado retos enormes con respecto a la movilidad, los cuales caen más fuerte sobre los habitantes de estas localidades.
Hace 70 años se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDDHH). Trabajamos en todo el mundo junto con nuestras contrapartes para hacer realidad la democracia, derechos humanos, dignidad y libertad. El acorde perfecto derechos humanos – democracia – sostenibilidad ecológica es la base de nuestro trabajo.
Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC, la principal autoridad científica del mundo en lo referente al calentemiento global), evitar que la temperatura mundial se eleve más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales es una meta alcanzable. Y esta es una declaración en la dirección del “realismo radical” que numerosos actores de la sociedad civil llevan tiempo pidiendo.
Una acción de tutela interpuesta por organizaciones de la sociedad civil, con apoyo y representación del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, demandó a 26 entidades del Estado, buscando garantías para los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en las riberas del Atrato, afectadas por la contaminación y degradación del río y su entorno. Tras la tutela, La Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.
Este informe busca brindar a la sociedad, el Estado y la comunidad internacional un balance del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz en relación con los principios de igualdad y no discriminación, así como de goce efectivo de los derechos de las mujeres. Igualmente, se propone aportar elementos cualificados al movimiento feminista, de mujeres y de derechos humanos, para su ejercicio de exigibilidad frente al Estado, en la perspectiva de agilizar los avances en materia de género que permitan asegurar mayores niveles de sostenibilidad en la construcción de la paz.
Repasar el devenir de los procesos organizativos permite reconocer las variables que los han fortalecido, disminuido o transformado. En el caso de la provincia de García Rovira en el departamento de Santander, los procesos territoriales y de resistencia campesina a las imposiciones de modelos de explotación y de vida se remontan a la época de la colonia, pero no hace falta irse tan lejos para identificar los elementos de arraigo y valor simbólico y material que los identifican.
Las páginas que siguen se proponen como parte de esas búsquedas dentro del diálogo de saberes y del hacer propio de quienes hemos venido apoyando las luchas de los hombres y mujeres campesinos, indígenas, afrocolombianos, y pobladores urbanos del país, en torno a sus resistencias territoriales, y a sus búsquedas de verdad, justicia y reparación, y de cambio del modelo de desarrollo dominante.
