Este informe hace una radiografía de una de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos más invisible en Colombia: la judicialización. Esta práctica sutil de persecución y criminalización es poca conocida, pero tiene efectos concretos en términos de paralizar o disuadir la labor de defensa de los derechos humanos. 

En el congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), realizado el 9 y 10 de mayo de 2019 en Cartagena, participaron las empresas que controlan los títulos, la exploración y explotación minera en el país, entre ellas Mineros S.A. y Gran Colombia Gold, compañías que produjeron 8,7 toneladas de oro en 2017, una quinta parte de las 41 que se extrajeron. Los planteamientos de las empresas y las promesas del presidente Iván Duque en dicho evento dejan ver la tendencia a profundizar políticas mineras excluyentes para pequeños mineros y que amplía privilegios a las grandes corporaciones.