A un alto costo
Generación de energía en América Latina
Cada vez más personas en el mundo están preocupadas por la crisis climática. Ante todo, son los jóvenes los que están saliendo a las calles para presionar a sus gobiernos y a las empresas para que finalmente actúen y tomen medidas efectivas. Aunque en comparación con Europa las manifestaciones generalizadas en contra de la crisis climática en América Latina son aún relativamente débiles, movimientos como Fridays for Future o Extinction Rebellion también están germinando, por lo menos en los países más grandes y en las ciudades. Mucho más fuertes y de mayor alcance son las protestas y los movimientos en contra de megaproyectos energéticos y mineros concretos, así como de sus impactos negativos en el medio ambiente y en la población.
En América Latina, la energía se sigue generando principalmente a partir de fuentes fósiles y de grandes centrales hidroeléctricas. El sector energético genera casi la mitad (alrededor del 46 por ciento) de las emisiones de gases de efecto invernadero del subcontinente. Si bien la participación de las energías renovables en la matriz energética de la región ha aumentado en los últimos años, si se excluye la energía producida por las termoeléctricas, dicha participación es inferior al 16 por ciento. Paralelamente, el fomento de la explotación de fuentes de energía no convencionales como el fracking sigue ganando importancia.
Además de criticar las consecuencias ecológicas de la producción y el consumo de energía, no debe soslayarse su costo social. Y eso aplica no solamente a los productores de energía fósil, pues las energías sostenibles no son automáticamente la mejor opción en todos los sentidos. Las numerosas protestas en América Latina muestran que la diferencia decisiva radica más en la escala de los proyectos de desarrollo que en la fuente de energía.
Para la quinta edición de Perspectivas pedimos a diversos autoras y autores latinoamericanos que abordaran el tema de la energía desde diversos puntos de vista. El resultado es este fascículo, que somete al sector energético en América Latina a duras críticas, y deja claro que una política energética sostenible debe siempre tomar en cuenta el contexto social así como considerar en igual medida los factores sociales, los económicos y los ecológicos.
Les deseamos una lectura enriquecedora.
Berlín, noviembre de 2019
Ingrid Spiller Jefa de División América Latina de la Fundación Heinrich Böll
Lea aquí el prólogo completo de Perspectivas #5
Con 200 kilómetros de ancho, el Istmo de Tehuantepec es la zona más angosta de México. Cuenta con amplios recursos marítimos, petróleo, maderas, que han custodiado históricamente sus habitantes originarios: los ikoots (huaves, en español), los binizaá (zapotecos) y los o’depüt (zoques); pero, sobre todo, tiene un viento que arrecia entre los dos océanos
La matriz energética de América Latina y el Caribe está compuesta principalmente por hidrocarburos. La mayor aportación la hace el gas natural (34 por ciento); seguido por el petróleo (31 por ciento), principalmente utilizado para la producción de gasolinas y otros combustibles líquidos. En cuanto al sector de energía producida por fuentes no fósiles, la hidroenergía aporta el 8 por ciento; la energía solar, 6 por ciento; y la geotermia y la energía nuclear, 1 por ciento cada una. El 19 por ciento restante corresponde a diversas fuentes de energía como carbón vegetal, bagazo o leña.
A comienzos de la década de 2010, un informe de la Administración de Información Energética de Estados Unidos ubicó al yacimiento de Vaca Muerta en el ranking global de reservas de shale oil y shale gas (petróleo y gas de esquisto). Desde entonces, con el pronóstico de que para el 2027 los ingresos por exportación de gas y petróleo provenientes de este reservorio superarán los de la producción agropecuaria, principal fuente de divisas del país, diversos gobiernos argentinos han promovido y protagonizado la inversión en este megaproyecto.
En la actualidad, existen más de 35 proyectos de explotación mediante fractura hidráulica o fracking en Vaca Muerta.
Electo con casi 58 millones (55 por ciento) de los votos en una campaña controvertida, Jair Bolsonaro no perdió tiempo en revelar que una de las prioridades energéticas de su gobierno es la energía nuclear, en particular, la explotación de uranio.
La intención de concluir la construcción de la planta nuclear Angra 3 para el año 2026 es una muestra de ello. El costo de la obra, en construcción desde hace 35 años, ha pasado de los 10,000 millones de dólares a los 26,000 millones. Varias denuncias de corrupción, que llegan hasta el ex presidente Michel Temer, se han levantado con relación a esta obra.
Las decisiones en materia energética del nuevo gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han dado paso a una serie de controversias entre la opinión pública nacional e internacional. Durante sus dos últimas campañas presidenciales, en 2012 y 2018, el ahora mandatario habló incansablemente de la necesidad de combatir la corrupción en Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa petrolera estatal, y recuperar la soberanía energética de la nación; ambos objetivos loables y aplaudidos por la ciudadanía.
El modelo de desarrollo del Brasil está basado en la construcción de grandes obras de infraestructura en los territorios amazónicos, completamente ajenas y hostiles a las realidades y necesidades locales. Ya sea en referencia a la central hidroeléctrica Tucuruí, construida en la década de 1970, las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio, edificadas en el 2012, o la obra faraónica de Belo Monte, todos son proyectos que, a pesar de proclamar un discurso de desarrollo, acaban profundizando las desigualdades en la región.
En el extremo norte de Colombia se encuentra el departamento de La Guajira, un departamento que produce el 40 por ciento del carbón del país, que en los últimos años se ha perfilado como una promesa de gran potencial para la explotación de energía eólica. Actualmente, existen 65 proyectos eólicos en trámite, que probablemente entrarán a funcionar en la próxima década. Este territorio probablemente se convertirá así en testigo de la transición de las llamadas “energías sucias” a “energías limpias”.
En esta región habita el pueblo wayúu, que representa el 20 por ciento de la población indígena de Colombia. A pesar de la promesa de desarrollo que ha generado la explotación de carbón y de los importantes avances normativos sobre los derechos de participación de los pueblos indígenas que se han dado en Colombia, el pueblo wayúu se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural.
La Ley General de Electricidad emitida en 1999 pretendía, en principio, promover el cambio de la matriz energética, reduciendo la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles y contribuir, de esta manera, a reducir los efectos de la crisis climática. Sin embargo, detrás de esta buena intención, estaba el atractivo y lucrativo mercado de la energía, que atrajo el interés del capital nacional y de las grandes corporaciones internacionales
En los debates sobre la transición energética y sobre la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, el litio ha adquirido un nuevo rol con enormes expectativas, que, a su vez, ha generado distintas discusiones e iniciativas en los sectores público, privado y académico.
“Estos pueblos están sumergidos en el olvido. Ahora con esto del litio, algunos tienen trabajo y se quedan, pero sigue habiendo las mismas necesidades. Acá nada se soluciona, ni baños de primera hay, se sigue con letrinas.” Poblador de una comunidad que autorizó la extracción de litio en su territorio"
