La Ley General de Electricidad emitida en 1999 pretendía, en principio, promover el cambio de la matriz energética, reduciendo la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles y contribuir, de esta manera, a reducir los efectos de la crisis climática. Sin embargo, detrás de esta buena intención, estaba el atractivo y lucrativo mercado de la energía, que atrajo el interés del capital nacional y de las grandes corporaciones internacionales. Esta ley permitió, además, la venta de la Empresa Eléctrica de Guatemala, de carácter público, al capital privado. La privatización desafortunadamente dio origen a redes de corrupción dentro de las instituciones del Estado, que han sido aprovechadas por las empresas para obtener licencias ambientales y concesiones para el uso de bienes de dominio público en circunstancias fraudulentas.
A pesar de que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el respeto a la vida y la prevalencia del interés general sobre el particular en el uso del agua y en la disposición de los bienes comunes, dichas empresas han logrado que el gobierno las exonere del pago de diversos impuestos, incluyendo el pago por importación de maquinaria así como el pago de derechos por el uso de los ríos. Sumado a esto, las empresas reciben del Ministerio de Energía y Minas la concesión del uso de los ríos por 50 años, de tal manera que la convierten en una de las actividades más lucrativas y rentables del país.
Finalmente cabe mencionar que, aunado a la concesión fraudulenta de licencias y la exención de pagos, el cambio de modelo energético no vino acompañado de la creación de leyes e instrumentos de protección ambiental que regularan adecuadamente tanto los proyectos extractivos como las centrales hidroeléctricas. Las leyes llegaron demasiado tarde y se hicieron de manera descuidada, cuando se creó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el año 2000.
La resistencia contra las grandes hidroeléctricas
Las grandes hidroeléctricas se presentaron ante las comunidades ofreciendo, como en el pasado colonial, espejismos de desarrollo. Con dinero en mano impulsaron estrategias para identificar y comprar líderes y voluntades, prometer a las comunidades pequeños proyectos, construcciones de iglesias, pintura de escuelas y dinero en efectivo, con el propósito de que las autoridades y líderes comunitarios firmaran documentos de autorización para la construcción de sus proyectos, pero sin proporcionar información fidedigna sobre los impactos ambientales.1
Ante la oposición de los pueblos indígenas y su demanda legítima de ejercer su derecho a la libre determinación y a la consulta libre, previa e informada para decidir sobre sobre políticas y proyectos realizados en sus territorios, el Estado ha respondido criminalizando a los defensores y defensoras de derechos, obstaculizando las consultas y aumentando y agravando con ello la conflictividad socio ambiental. Este fue el caso del líder q’eqchi’ Bernardo Caal, opositor a los proyectos sobre el río Cahabón, Alta Verapaz, quien fue condenado injustamente a más de 7 años de prisión.2
A esto se suma que la generación de electricidad se orienta a satisfacer la demanda de energía de la industria extractiva, petrolera, minera y agro-industrial, así como a vender electricidad a terceros países a través del Sistema de Interconexión Centroamericana (SIECA), mientras que alrededor de un 10 por ciento de la población rural guatemalteca no cuenta con este servicio. Paradójicamente, muchas de las grandes hidroeléctricas del país están construidas en los departamentos donde existe menor cobertura para las comunidades rurales.3
Los pueblos originarios, en contraste con el gobierno y las empresas, tienen una cosmovisión según la cual se consideran a sí mismos parte de la naturaleza y mantienen una relación de armonía y respeto hacia la Madre Tierra y a todos los elementos que la integran. La codicia de las empresas ha subestimado la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y su cultura, sin reparar en el daño que implica represar y sacrificar un río o destruir un cerro sagrado, con lo que no dañan solamente a la naturaleza, sino que incurren en una ofensa cultural a la cosmovisión de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas saben por experiencia que el daño a la naturaleza es irreparable, que no tiene precio y, sobre todo, que no beneficia a las comunidades.
Un sueño hecho realidad
Frente a la imposibilidad de contar con un servicio de energía eléctrica y en sintonía con su cosmovisión, comunidades del Departamento de El Quiché, una de las áreas más relegadas por el Estado de Guatemala, han contado con el apoyo de la Asociación Civil Colectivo Madreselva y el apoyo internacional de organizaciones y donantes para la construcción de cuatro mini centrales hidroeléctricas comunitarias, planificadas y construidas con trabajo comunitario y con una visión de respeto al medio ambiente.
Casos emblemáticos de comunidades beneficiadas por estos proyectos:
Hidroeléctrica comunitaria “Luz de los Héroes y Mártires de la Resistencia”:
La comunidad 31 de Mayo, donde se ubica esta hidroeléctrica que beneficia a más de 500 familias, fue una de las poblaciones en resistencia durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) y es pionera en la construcción de las hidroeléctricas comunitarias. Al término de la guerra civil, se le adjudicó una finca en la Zona Reina, San Miguel Uspantán, Departamento de El Quiché.
La gestión y organización que realizó la comunidad se basó en los siguientes puntos: la hidroeléctrica es propiedad social, y debe ser operada y administrada por la comunidad en su propio beneficio; solamente debe usarse el caudal del río que sea necesario, para evitar así dañar al ecosistema; la gestión de la microcuenca debe ser integral, con el fin de garantizar su sustentabilidad. Hoy en día, la luz eléctrica ilumina escuelas, centros de salud y áreas sociales, además de que la construcción de la hidroeléctrica impulsó la realización de otros proyectos de emprendimiento familiar.
Hidroeléctrica comunitaria “La Taña”:
Ubicada en el pueblo de La Taña, Zona Reina, también en San Miguel Uspantán, esta termoeléctrica beneficia a 500 familias. Durante la guerra civil, los habitantes de esta comunidad fueron usados por el ejército como patrulleros civiles para controlar el territorio y perseguir a los pueblos en resistencia. Esta comunidad, inspirada por su vecina, la Comunidad 31 de mayo, también se organizó y hoy en día es beneficiaria de una pequeña hidroeléctrica. Los proyectos han unido a ambas comunidades y han contribuido así a la paz social. En la actualidad, La Taña cuenta con luz eléctrica en escuelas, iglesias y mercados. También cuenta con un primer aparato de ultrasonido para dar atención a mujeres embarazadas. Como sucedió en la comunidad 31 de Mayo, la hidroeléctrica activó pequeñas empresas familiares en distintos rubros como algunas panaderías con horno eléctrico y tiendas con aparatos de refrigeración.
Estos dos proyectos hidroeléctricos, a pesar de ser pequeños, han traído grandes beneficios a las comunidades, quienes también se han comprometido a conservar los bosques comunitarios, manejar las cuencas, y proteger la biodiversidad, garantizando la producción de agua. Las hidroeléctricas comunitarias operan utilizando un pequeño porcentaje del agua de los ríos para asegurar el equilibrio ecológico del caudal, y con ello contribuyen a la defensa del territorio y de los bienes naturales, además de generar un modelo de soberanía energética.4
Breve historia de la generación de energía eléctrica en Guatemala:
1884 · Construcción de la primera hidroeléctrica con capital alemán. Se constituye la Empresa Eléctrica del Sur, fundada por empresarios alemanes.
1919 · Expropiación de la empresa alemana como indemnización de guerra sin compensación a sus propietarios. Presión de Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, para que el Estado guatemalteco vendiera la Empresa Eléctrica a empresarios norteamericanos.5
1921 · Venta de la Empresa Eléctrica por parte del gobierno guatemalteco a la transnacional Electric Bond & Share por un precio menor a su valor.6 Contrato por 50 años para el suministro de electricidad.
1944 · El presidente Jacobo Arbenz inicia proyectos de generación hidroeléctrica en contra del monopolio de la Electric Bond & Share. Es derrocado por intervención de EE.UU.
1971 · Finaliza el contrato con la Electric Bond & Share. El Estado adquiere nuevamente la empresa por USD 18 millones y la administra durante 27 años. 1996 · Firma de los Acuerdos de Paz. Comienza la agenda de privatización de los activos del Estado: Telecomunicaciones, Empresa Eléctrica, Ferrocarriles y Correos.
1999 · Emisión de la Ley General de Electricidad,7 que promueve el cambio en la matriz energética. Esta ley también permite la privatización de la Empresa Eléctrica de Guatemala.
1999–2018 · Puesta en operación de 38 hidroeléctricas, 28 de capital privado.8
2000 · Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el cual regula estudios de evaluación de impacto ambiental.
1 Yagenova, Simona (2018): “Liberemos Nuestros Ríos”, Colectivo Madreselva Ciudad de Guatemala. C.A.
2 Véase: Prensa Libre: “Guatemala: el defensor Bernardo Caal es sentenciado a siete años de prisión tras juicio promovido por empresa”. Businness & Human Rights Resource Centre, Noviembre 2018. Disponible en: www.business-humanrights.org/es/guatemala -expertos-de-la-onu-preocupados-por-condena-a -bernardo-caal-quien-lucha-en-contra-de-proyectos -hidroeléctricos. (Consultado 10 de julio de 2019).
3 Batres, Rodrigo (2014):“La generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Guatemala”, en El Observador, No. 44-45, Guatemala.
4 Equipo de Activistas del Colectivo Madreselva (2014): “El camino de la Luz”, Ciudad de Guatemala C.A. Disponible en: www.madreselva.org.gt
5 Gleijeses, Piero (1992): Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944–1954 . Princeton University Press.
6 Ibid.
7 Congreso de la República de Guatemala: Ley General de Electricidad DECRETO No. 93-96
8 Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=239