Electo con casi 58 millones (55 por ciento) de los votos en una campaña controvertida, Jair Bolsonaro no perdió tiempo en revelar que una de las prioridades energéticas de su gobierno es la energía nuclear, en particular, la explotación de uranio.
La intención de concluir la construcción de la planta nuclear Angra 3 para el año 2026 es una muestra de ello. El costo de la obra, en construcción desde hace 35 años, ha pasado de los 10,000 millones de dólares a los 26,000 millones. Varias denuncias de corrupción, que llegan hasta el ex presidente Michel Temer, se han levantado con relación a esta obra.
El Plan Nacional de Energía (PNE) 2030 prevé la construcción de cuatro a ocho centrales nucleares en el país, objetivo que deberá ser ratificado en el PNE 2050. 1 Con el trayecto recorrido hasta ahora, Bolsonaro acelera el uso de la energía nuclear, prácticamente paralizada durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, quienes priorizaron los grandes proyectos hidroeléctricos.
Tras el juicio político de Dilma Rousseff, el ex presidente Michel Temer le abrió a Bolsonaro la puerta para retomar la explotación de uranio mediante un decreto. En la actualidad, la energía nuclear representa aproximadamente 3 por ciento de la producción energética brasileña.
La explotación de uranio
Actualmente la Constitución brasileña establece que es competencia exclusiva de la Unión “explotar los servicios e instalaciones nucleares de cualquier naturaleza y ejercer el monopolio estatal sobre la investigación, la minería, el enriquecimiento y reprocesamiento, la industrialización y el comercio de minerales nucleares y sus derivados”. No obstante, el gobierno de Bolsonaro está empeñado en modificar esta situación socavando las leyes. Es decir, en vez de recurrir a un Proyecto de Enmienda Constitucional que requiere de la aprobación de al menos tres quintas partes de los diputados, Bolsonaro llevaría a cabo este cambio mediante la emisión de un decreto u ordenanza. Un paso importante en esta dirección fue la reforma de la Comisión de Desarrollo de Programas Nucleares brasileña, realizada tras un decreto de Bolsonaro publicado en junio de 2019.
Todo indica que el modelo que adoptará el gobierno brasileño será el de una “asociación público-privada”.2 De esta manera, las empresas podrían asociarse con Indústrias Nucleares do Brasil (INB), la empresa pública a cargo de la prospección, investigación y explotación de yacimientos de mineral nuclear. Bajo esta modalidad, el Estado mantendría su monopolio, lo que permitiría soslayar la Constitución, y se podrían multiplicar así las áreas de explotación de uranio en Brasil.3
Una larga historia de violaciones a la ley y accidentes
En las últimas décadas, los problemas causados por la minería del uranio y los proyectos mineros se han hecho más frecuentes. En 2019, se rompió una presa de la empresa minera Vale en Brumadinho (Minas Gerais), que tuvo como consecuencia la muerte de 246 personas y la desaparición de 24 personas que, hasta la fecha, no han sido encontradas. En 2015, en Mariana (también en Minas Gerais), se rompió otra represa de Vale (en asociación con BHP). La ruptura de la represa liberó 40 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, que contaminaron ríos a lo largo de 700 kilómetros hasta llegar con su carga tóxica al Océano Atlántico. La catástrofe de Mariana constituye, de hecho, uno de los mayores delitos socio-ambientales y laborales en la historia de Brasil.
Por su parte, la ciudad de Poços de Caldas, en el sur de Minas Gerais, tiene que convivir todos los días con los residuos nucleares de una antigua mina de uranio, que se extienden a lo largo de 1,500 hectáreas, equivalente a cien estadios “Maracaná”. La mina, que funcionó de 1982 a 1995, producía uranio que se usaba como combustible en la planta Angra 1. Aunque la mina fue clausurada, sus suelos no se sometieron a un proceso de descontaminación. Una resolución definitiva del problema podría llegar a costar hasta 500 millones de dólares americanos y tardar 40 años. Ante esta situación, el Ministerio Público Federal interpuso una acción civil pública urgente en contra de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN). A raíz de esta acción, la comisión está obligada a revisar la política federal de regulación e inspección de las presas de residuos nucleares.
“En Bahía, otra de las víctimas de los efectos de la explotación de uranio, son frecuentes en los trabajadores mineros los casos de cáncer de pulmón y otras enfermedades, además de que las aguas freáticas están contaminadas.”
En Bahía, otra de las víctimas de los efectos de la explotación de uranio, son frecuentes en los trabajadores mineros los casos de cáncer de pulmón y otras enfermedades, además de que las aguas freáticas están contaminadas. Los resultados de los análisis muestran niveles de radiación mucho más altos que los tolerados por la Organización Mundial de la Salud.
Acuerdos de cooperación con Alemania
En 1975, en plena dictadura militar, Brasil celebró un acuerdo nuclear con Alemania. El Acuerdo de Cooperación Nuclear con fines pacíficos entre Brasil y Alemania4 se renueva automáticamente cada cinco años si ninguno de los dos países expresa con un año de antelación su interés en revocar la asociación. En la actualidad, Brasil tenía hasta el 17 de noviembre de 2019 para prorrogar o cancelar el acuerdo a partir de 2020. En caso de desear una cancelación, ésta tendría que ser propuesta por el Ejecutivo y ser aprobada en el Parlamento por mayoría simple.
El texto original de 1975 preveía el desarrollo de un programa de tecnología nuclear en Brasil en alianza con empresas alemanas, dirigidas por la Kraftwerk Union. El plan consistía en construir ocho reactores nucleares, así como crear toda una industria para la fabricación de partes para reactores y combustible. 44 años después, sólo funcionan las plantas nucleares Angra 1 y Angra 2, mientras que la construcción de Angra 3 se finalizará hasta el 2026. El controvertido acuerdo siempre ha sido cuestionado, entre otras cosas, por no precisar cómo se tratarán los residuos nucleares provenientes de los reactores.
Hasta la fecha, el gobierno de Bolsonaro no ha señalizado sus pretensiones con respecto a este acuerdo. En entrevista para este artículo, la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Minas y Energía prefirieron no hacer comentarios respecto a su postura. Sin embargo, el análisis de las políticas implementadas apunta a que el acuerdo siga vigente. Vale la pena mencionar también que el nuevo Ministro de Minas y Energía es un militar: el Almirante Bento Albuquerque, antiguo director general de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Armada.
En la opinión de Leonam dos Santos Guimarães, director de Planificación, Gestión y Medio Ambiente de Eletrobrás Eletronuclear, la terminación del Acuerdo Nuclear Brasil-Alemania de 1975 por alguna de sus partes tendría pocas consecuencias prácticas para las empresas públicas (Eletronuclear, INB y NUCLEP) así como para las instituciones de investigación científica y tecnológica (los institutos de la Comisión Nacional de Energía Nuclear-CNEN) involucradas. En la actualidad, estas relaciones se rigen por acuerdos específicos que no se anularían automáticamente por una terminación del acuerdo de 1975. Del mismo modo, las relaciones entre las empresas públicas y sus proveedores alemanes, que también se rigen por contratos comerciales específicos, tampoco se verían inmediatamente afectados.
En 2008, Brasil y Alemania firmaron un nuevo acuerdo de cooperación, en el sector energético, esta vez centrado en las energías renovables y la eficiencia energética. Su objetivo explícito es desarrollar una infraestructura energética sostenible a partir de fuentes hidráulicas, eólicas, solares, geotérmicas, mareomotrices, de biomasa, de residuos sólidos y de biocombustibles. La financiación de estos proyectos podría alcanzar los 52 millones de euros a tipos de interés reducidos.
En la práctica, este acuerdo ha funcionado, sobre todo, en el rubro de la cooperación técnica. Entre los apoyos más significativos se encuentran los fondos otorgados por el Banco de Desarrollo Alemán (KfW) al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social brasileño, así como préstamos firmados en 2014 y 2017 por 477 millones de dólares, destinados al financiamiento de energías renovables. Ninguna de estas operaciones ha afectado el acuerdo nuclear de los años setenta, cuyos términos originales son plenamente respetados por ambos países.
¿Dónde está la población civil?
En la actualidad, el programa de energía nuclear de Bolsonaro no figura —con contadas excepciones— en la agenda de la sociedad civil organizada. El tema aún no está en discusión en Brasil y en la agenda pública ni siquiera ocupa un lugar secundario. Las discusiones giran más bien en torno a la reforma de la seguridad social, la creciente deforestación de la Amazonia, los retrocesos en la protección de los bosques asociados a las decisiones del Ministro de Medio Ambiente de Brasil y el paquete “anticrimen” de Sérgio Moro,5 así como el desempleo y la continua crisis económica.
Importantes líderes sociales, como Chico Whitaker, cofundador del Foro Social Mundial, se han pronunciado por un “levantamiento ético” contra el gobierno de Jair Bolsonaro. En la opinión de Whitaker, “tenemos derecho a negarnos a hacer algo que se nos imponga —incluso cuando sea por ley, por órdenes superiores, pero con lo que no estemos de acuerdo por razones de convicción ética— si va contra nuestros principios”.6
“Hasta la fecha, el gobierno de Bolsonaro no ha señalizado sus pretensiones con respecto a este acuerdo. En entrevista para este artículo, la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Minas y Energía prefirieron no dar comentarios respecto a su postura.”
En el campo de la lucha jurídica en relación al colapso de la presa de Brumadinho, se han formado Comisiones de Investigación Parlamentaria (CPI) en la Cámara de Diputados, en el Senado Federal y en la Asamblea Legislativa de Minas Gerais. Asimismo, la empresa Vale también está bajo investigación de la Policía Federal y está tratando de llegar a acuerdos con el Ministerio Público Federal y el de Minas Gerais.
Otro tema muy importante para la sociedad civil es el riesgo que corre el Fondo Amazonas, financiado hasta ahora por los gobiernos de Noruega con 1,212 millones de dólares americanos, y por Alemania, con 68 millones de dólares. Después de varios pronunciamientos, acusaciones de supuestas irregularidades7 y cambios en la administración del fondo realizados por los ministros de Medio Ambiente Ricardo Salles y Jair Bolsonaro, las relaciones intergubernamentales se han tensado considerablemente.
Estas contrariedades ponen en jaque a decenas de proyectos fundamentales para la protección del medio ambiente en Brasil. Dado el escenario actual, sólo la movilización permanente de la sociedad civil y la alianza con actores internacionales podrán enfrentar el desmantelamiento ambiental y social promovido por el gobierno de Jair Bolsonaro.
Traducido del portugués por Carina Ceschi
1 Ministério de Minas e Energía - MME: Relatório [Informe] do Plano Nacional de Energia 2050. Disponible en: http://www.mme.gov.br/web/guest/ publicacoes-e-indicadores/relatorio-do-pne-2050 (Consultado: 17 de mayo de 2019).
2 De Moura Souza, Marcos: “Exploração de urânio será aberta a investimentos privados, diz ministro”, en Valor Econômico, 6 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.valor.com.br/empresas/6146787/exploracao-de-uranio-sera-abe… -diz-ministro (Consultado: 17 de mayo de 2019)
3 La producción de uranio en Brasil se paralizó en 2015, cuando la mina Cachoeira dejó de ser económicamente viable. El INB decidió invertir en otra mina en la región, que deberá comenzar a funcionar a mediados de 2019.
4 Ministerio de Relaciones Exteriores: Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Legislativa de Minas Gerais. Asimismo, la empresa Vale también está bajo investigación de la Policía Federal da Alemanha. Disponible en: https://concordia.itamaraty.gov.br/ detalhamento-acordo/2273?page=6&s=nuclear& tipoPesquisa=1 (Consultado: 17 de mayo de 2019)
5 Sérgio Moro, ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro y juez que instruyó el caso Lava Jato y enjuició al ex presidente Lula da Silva.[Nota de la Redacción]
6 Redacción RBA: “Chico Whitaker propõe ‘objeção de consciência’ contra governo Bolsonaro”, Rede Brasil Actual, 8 de mayo de 2019. Disponible en: https:// www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2019/05/ chico-whitaker-propoe-objecao-de-consciencia -contra-governo-bolsonaro/
7 Irregularidades que, según el gobierno de Jair Bolsonaro, ocurrieron en el uso de los recursos del fondo por parte de las ONGs [Nota de la Redacción]