El modelo de desarrollo del Brasil está basado en la construcción de grandes obras de infraestructura en los territorios amazónicos, completamente ajenas y hostiles a las realidades y necesidades locales. Ya sea en referencia a la central hidroeléctrica Tucuruí, construida en la década de 1970, las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio, edificadas en el 2012, o la obra faraónica de Belo Monte, todos son proyectos que, a pesar de proclamar un discurso de desarrollo, acaban profundizando las desigualdades en la región.
Este modelo de desarrollo puede describirse como un modelo “desigual y articulado”, ya que reproduce a nivel doméstico las contradicciones globales, y perpetúa así el subdesarrollo. De este modo, la generación de energía en el norte de Brasil permite el abastecimiento del sureste, donde se encuentran los principales centros urbanos e industriales del país, y se fomenta así la configuración de un territorio integrado pero fragmentado. Bajo este modelo, las zonas que ya carecían de políticas públicas y que proveen de recursos naturales y humanos a estas grandes obras de infraestructura resultan ser las más afectadas por la desigualdad socio-económica y por los impactos socio-ambientales.
Este modelo ignora, además, el papel central de las mujeres en la estructuración del tejido social. La ausencia de políticas públicas de salud y de seguridad para las mujeres y de vivienda y educación que respondan adecuadamente al aumento demográfico generado por las grandes obras de infraestructura, genera nuevos “focos” de pobreza y violencia, agrava la mercantilización del cuerpo de las mujeres y la invisibilidad de su trabajo. Los territorios y los cuerpos de las mujeres materializan así, en un sentido físico, el legado de invasión, apropiación y destrucción que acarrean los megaproyectos.
La construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte
El río Xingú nace en el estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil y atraviesa varios estados en su paso hacia el norte del país. En su tramo medio, donde pasa por el municipio de Altamira, se construyó la represa de Belo Monte, hoy en día considerada la tercera hidroeléctrica más grande del mundo en términos de potencia.1 La obra fue otorgada al consorcio Norte Energía, que adquirió el derecho operativo por un período de 35 años, y está integrado por empresas estatales, fondos de pensiones y varias empresas privadas.
La construcción de Belo Monte comenzó en 2011. En ese entonces, la ciudad de Altamira contaba con menos de 100 mil habitantes. Para la construcción de Belo Monte se llegó a emplear en sus canteras hasta 30 mil personas,2 la gran mayoría de ellos hombres, muchos provenientes de otras partes del país, en particular aquellos que ocupaban los puestos más especializados.
Prostitución, pobreza y violencia: las grandes obras de Altamira
Los estudios publicados por el Instituto de Investigación Económica (IPEA) señalan que entre el 2008 y el 2015, Altamira pasó de la 179ª a la 136ª posición nacional en feminicidios, con un aumento del 6.1 al 9.6 por ciento de la tasa media.3 En 2014, en pleno auge de la construcción de la represa, se registraron 584 notificaciones de delitos contra las mujeres. En 2018, tres años después de que se emitiera la Licencia de Operación de Belo Monte, se reportaron 358 casos de este tipo de delitos sólo entre abril y noviembre.4
Los datos anteriores son indicativos de la relación entre el aumento de la violencia contra la mujer y el progreso del proyecto de Belo Monte. Al aumento de la violencia se suma el de la prostitución, uno de los subproductos de la construcción de estas grandes obras, que a su vez camina codo a codo con otras formas de violencia.
En el Brasil, la prostitución es una realidad, y aunque no sea un delito, sí lo es su inducción a la práctica. En la vida cotidiana brasileña, la prostitución y la explotación sexual son fruto de la pobreza, la desigualdad social y el consentimiento patriarcal que permite a los varones acceder a los cuerpos de las mujeres. También afectan a los niños, a los jóvenes y a la población LGBTI, cuyas vidas se ven interrumpidas y violadas, y a quienes se les niega el derecho a un desarrollo saludable en lo físico, lo afectivo y –al no asistir a la escuela– en lo intelectual.
En el contexto de las grandes construcciones, la prostitución es un fenómeno frecuente que sigue la lógica de una ruta migratoria organizada, que viaja de obra en obra por todo el país, acompañando la construcción de represas hidroeléctricas, estadios (en el contexto de la Copa del Mundo) y zonas mineras.
Las mujeres que ejercen la prostitución provienen de varios estados del país y están bajo el control de redes establecidas de proxenetas. Generalmente son atraídas con promesas de altos ingresos, pero cuando llegan, se enteran de que han “contraído deudas” que se perpetúan y las mantienen permanentemente atrapadas.
En Altamira, el número de casas de prostitución aumentó proporcionalmente a la llegada de trabajadores a la ciudad. En 2013, la denuncia de una adolescente que logró huir de un club nocturno desató el caso Boate Xingu, que reveló una red de explotación sexual que involucraba la trata de personas en condiciones análogas a la esclavitud.5
En el mundo del comercio sexual intervienen muchos actores: los hombres –como clientes o proxenetas– las prostitutas, las mismas empresas que permiten y toleran burdeles a pocos metros de sus puertas –o incluso, dentro de sus instalaciones– y el gobierno local, que generalmente ignora y permite la situación.
Servicios de salud y omisiones del Estado
Una de las condiciones impuestas en la licitación para la construcción de la represa en la cuenca del río Xingú fue justamente el tratamiento del agua potable y de las aguas residuales.6 Sin embargo, estos fueron precisamente los trabajos que más se atrasaron o que, incluso, nunca se llegaron a realizar. Esto tuvo consecuencias directas en la vida y la salud de la población, que de por sí ya sufría por una falta de atención médica adecuada que respondiera al aumento poblacional de Altamira.
Antes se conjeturaba que, una vez finalizada la obra, la población de Altamira también disminuiría y, con ello, también se reduciría la demanda de atención médica. Sin embargo, no ha sido el caso. La población, de hecho, ha disminuido muy poco mientras que la demanda de servicios ha crecido de manera inversamente proporcional a la inversión en la zona.
La planificación de políticas públicas en Altamira se hizo en función de los impactos de las obras, basándose en una política de compensación, pero ésta no se ha respetado plenamente. Al presupuesto para la construcción del hospital municipal de Altamira, por ejemplo, las autoridades públicas no le añadieron una partida para la contratación de personal médico profesional y para el mantenimiento.
Aunado a esto, desde el juicio político de Dilma Rousseff en 2016,7 la salud pública ha empeorado y las condiciones de vida de la población se han vuelto más precarias. En diciembre de 2016, se aprobó la Enmienda Constitucional 95, que congeló las inversiones estatales en las áreas de salud, educación y asistencia social por un período de 20 años.
Si los recortes presupuestarios, los ajustes fiscales y la Enmienda Constitucional 95 son ya de por sí obstáculos para el acceso a la atención sanitaria, ¿cuántas otras dificultades sufrirán a causa de la discriminación las mujeres que se prostituyen? Las mujeres que se prostituyen sufren de condiciones de salud muy específicas. Utilizan, a gran escala, alcohol y drogas psicotrópicas para aguantar sus largas jornadas, trabajan bajo mucha presión y riesgo, están expuestas a enfermedades de transmisión sexual y sufren numerosos actos de violencia física y humillaciones. Son mujeres que se encargan de mantener a sus familias, en la ciudad o en otras partes del país y deberían tener derecho a la salud.
El legado del “progreso”
Belo Monte dejó un triste recuerdo en la vida de la gente a orillas del Xingú: familias desgarradas por la violencia física, material y emocional; niños abandonados, asesinados o involucrados en un tráfico de drogas creciente; relaciones vecinales rotas; comercios cerrados; 30 La hidroeléctrica de Belo Monte y problemas con el río, el principal medio de subsistencia. Para la construcción de un canal, por ejemplo, se extrajo el agua del río, privando a los habitantes de su fuente de agua principal.
A pesar de la gran inversión en la obra y de las promesas del Estado y las empresas, los siete nuevos asentamientos urbanos de Altamira no cuentan con un número adecuado de escuelas y guarderías, ni con transporte público interconectado. Durante el auge de la construcción de la represa, las pocas viviendas disponibles se volvieron muy caras, lo que obligó a varios residentes nativos a emigrar a palafitos dentro de las lagunas. La sobrepoblación en estas áreas ha transformado las lagunas en grandes vertederos de desechos al aire libre. Por su parte, las poblaciones ribereñas, cuyos territorios originales fueron inundados por el lago de la represa fueron desplazadas a las islas, donde no pueden generar la misma producción pesquera que en las antiguas riberas, con lo que se han ocasionado conflictos. En la mayoría de los casos, han solicitado su traslado a nuevas zonas pero sus peticiones no han sido escuchadas.
Además de los incontables problemas de salud, educación, transporte y trabajo derivados de la desorganización territorial, existe en la actualidad una disputa alrededor del establecimiento de la mayor mina a cielo abierto del país. Este proyecto, manejado por la empresa minera canadiense Belo Sun, aprovecharía sinérgicamente la existencia del embalse de la zona de Volta Grande en el río Xingú. De construirse, el proyecto minero recibiría una buena parte de la energía generada por Belo Monte y consumiría grandes cantidades de agua, lo cual tendría repercusiones directas en varias comunidades indígenas de la zona circundante.
El protagonismo de las mujeres
Toda la lucha de resistencia a las obras en la región del Xingú —con la participación del Consejo Misionero Indígena o CIMI, la organización Xingu Vivo, la Comisión Pastoral de la Tierra o CPT, las luchas territoriales de indígenas , pueblos y comunidades tradicionales y quilombolas8 — se caracteriza por la presencia de las mujeres, quienes han liderado propuestas alternativas para sus territorios. Entre estas propuestas están las redes de economía solidaria feminista, el desarrollo de prácticas de socialización de la atención infantil, la denuncia de las violaciones sufridas y el retorno a tratamientos de salud alternativos.
La organización de las mujeres afectadas por Belo Monte ha contribuido a profundizar el debate sobre la generación de energía y los modelos energéticos. Organizadas en el Movimiento de los Afectados y Afectadas por Embalses (MAB), analizan las raíces del problema de la producción energética, y proponen una crítica integral con relación a la apropiación de la producción, sintetizada en las preguntas: ¿para qué? y ¿para quién? Pero más allá de formular estas preguntas, estas mujeres proponen la realización de un modelo energético que tome en cuenta una justa distribución de la riqueza y cree mecanismos de control popular; un modelo en el que la energía, los territorios y las mujeres dejen de ser considerados meras mercancías con fines de lucro.
Traducido del portugués por Carina Ceschi
1 La central hidroeléctrica más grande del mundo es Tres Gargantas, en China, y la segunda es Itaipú y está en Brasil.
2 Norte Energia. Disponible en: https://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/uhe-belo-monte/uhe-em-numeros. (Consultado: mayo 2019).
3 Instituto de Pesquisa Aplicada (Instituto de Investigación Avanzada - IPEA): Atlas da violência 2017. Disponible en: http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/ arquivos/downloads/8891-1250-170602atlasdaviolencia2017.pdf. (Consultado: junio 2019).
4 Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragem (Movimiento de los afectados y afectadas por embalses - MAB): “A violência contra a mulher no contexto da UHE Belo Monte (PA)”. Diciembre de 2018, Altamira.
5 Para más información sobre el caso Boate Xingú, véase: http://www.sof.org.br/trabalho-corpo-e-vida-das-mulheres-uma-leitura-fe… (Consultado: mayo 2019).
6 En el proceso de autorización ambiental, la agencia de licencias (IBAMA, en el caso de este proyecto) establece varias condiciones para otorgar la autorización que, de no cumplirse, llevan a la cancelación de la licencia. Cuando Norte Energia recibió la licencia se comprometió con el Estado a realizar las obras de saneamiento básico. No obstante, dichas obras no fueron debidamente planificadas en la alcaldía de la ciudad y quedaron bloqueadas. Este hecho fue juzgado por el Ministerio Público Federal, y en una decisión de emergencia se determinó la ejecución de las obras de saneamiento. Sin embargo la empresa no cumplió con la resolución. No existe aún una sentencia definitiva.
7 Se trata de los controvertidos procedimientos de impugnación contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, en el curso de los cuales fue suspendida inicialmente durante seis meses el 12 de mayo de 2016 y luego destituida el 31 de agosto de 2016.
8 Quilombolas es el término que denomina a las personas afrodescendientes que habitan los quilombos, asentamientos fundados por descendientes de esclavos fugitivos. Estos quilombos se ubican generalmente en regiones muy remotas y cuentan con estructuras sociales muy diversas. Algunos de ellos han logrado el reconocimiento legal mediante títulos de propiedad de la tierra. [Nota de la Redacción]