Para la humanidad el año 2020 representa un hito histórico de bifurcación de caminos por seguir, debido a que la pandemia del Covid-19 llevó a todos los países del mundo a hacer una pausa forzosa en sus planes de desarrollo y vida cotidiana y a confrontar las crisis sociales, ambientales, climáticas y de salud pública, que se suman a la amplia crisis civilizatoria del siglo XXI. Por lo tanto, este momento de la historia obligó a las sociedades a revisar y decidir los caminos a transitar en la era post-pandemia: si aplicar más de lo mismo —que ha mostrado ser ineficaz para detener la destrucción ambiental, las problemáticas sociales y la crisis climática— o implementar nuevos modelos que aborden las raíces de los problemas socioambientales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluyen un conjunto de prioridades acordadas globalmente y de importancia vital para todos los países, que incluyen el desarrollo de infraestructuras de calidad, sostenibles, accesibles, asequibles y resilientes. Se estima que la necesidad de financiación en infraestructura gira en torno a los 90 billones de USD hasta el año 2030, lo que implica un déficit anual de financiación de hasta 1.5 billones de USD en los países en desarrollo. Para hacer frente a este déficit, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) han propuesto priorizar y aprovechar al máximo la financiación privada, mientras que los países miembros del G20 están desarrollando una hoja de ruta para convertir la infraestructura en una clase específica de activos, con miras a que estandarizar la inversión en infraestructura y atraer a inversores institucionales.
