En diciembre de 2021 se realizó en Montevideo, Uruguay, el Primer Encuentro Latinoamericano y Caribeño por la Seguridad y Protección de Periodistas, Comunicadoras y Comunicadores. El objetivo de esta actividad, fue avanzar en la redacción de una Ley Modelo para la Seguridad y Protección de Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa. De manera posterior a estas jornadas, el equipo encabezado por Socolac y la Escuela Latinoamericana de Periodismo, con el apoyo de la Heinrich Böll Stiftung y la UNESCO, redactó una norma que recogió las distintas opiniones expresadas en este encuentro.
La pandemia de coronavirus ha acelerado la digitalización en todo el mundo, facilitando pero también afectando la cotidianidad de muchas personas. En este número se arroja una luz sobre cómo la digitalización afecta a diferentes países de América Latina, y cómo se puede garantizar la participación democrática en el mundo virtual.
En esta quinta entrega de nuestra serie de publicaciones infográficas: "Ataduras de Poder" hablamos de la democracia, la captura de ella y cómo recuperarla.
Presentamos el segundo capítulo de nuestra serie de publicaciones infográficas: "Ataduras de Poder". En este capítulo explicamos las formas en las que se integran y en que ejercen el poder los poderes fácticos.
Luis Jorge Garay Salamanca, analiza el futuro a pever después de la pandemia de la COVID-19. Un periodo de avances, retrocesos y estancamientos en variados sentidos transformadores, renovadores o reivindicativos del modo social/económico/ecológico imperante ante la agudización de las fracturas estructurales del sistema capitalista neoliberal vigente.
La pandemia mundial de COVID-19 ha afectado con fuerza al país. Al 13 de mayo, Colombia ocupa el puesto 12 a nivel mundial en casos positivos absolutos y el décimo en mortalidad.
Después de que se detectaran los primeros casos de COVID-19 en Armenia, Azerbaiyán y Georgia, los tres países se embarcaron en cursos de acción muy diferentes para combatir el virus.
La tasa de vacunación contra COVID-19 en Israel es una de las más altas del mundo. Sin embargo, las tasas de vacunación no se distribuyen de manera uniforme entre los diferentes grupos de población. Además, las campañas de desinformación en las redes sociales que han caracterizado la pandemia de COVID-19 en Israel, en general, y la vacuna, en particular, han sido una de las causas de la vacilación a las vacunas.
El estallido de la pandemia podría haber significado un desastre para Venezuela, que ya lleva dos décadas en una crisis política, social, económica y de salud. Hasta el momento, Venezuela ha administrado la menor cantidad de vacunas COVID-19 en relación con el tamaño de su población de todos los países de América del Sur.
La desigualdad en salud se multiplicó por seis en Sudáfrica bajo COVID-19, lo que sugiere que la crisis afectó la salud de los pobres mucho más que la de los relativamente acomodados. Sudáfrica ha presionado con fuerza contra la oposición a la propuesta de una exención de la propiedad intelectual para las tecnologías COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En este número de Perspectivas, autoras latinoamericanas analizan desde diversos
ángulos cómo funcionan la desinformación, la falta de transparencia, la retención deliberada de información y el negacionismo científico en América Latina y nos muestran alternativas.
Para la humanidad el año 2020 representa un hito histórico de bifurcación de caminos por seguir, debido a que la pandemia del Covid-19 llevó a todos los países del mundo a hacer una pausa forzosa en sus planes de desarrollo y vida cotidiana y a confrontar las crisis sociales, ambientales, climáticas y de salud pública, que se suman a la amplia crisis civilizatoria del siglo XXI. Por lo tanto, este momento de la historia obligó a las sociedades a revisar y decidir los caminos a transitar en la era post-pandemia: si aplicar más de lo mismo —que ha mostrado ser ineficaz para detener la destrucción ambiental, las problemáticas sociales y la crisis climática— o implementar nuevos modelos que aborden las raíces de los problemas socioambientales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluyen un conjunto de prioridades acordadas globalmente y de importancia vital para todos los países, que incluyen el desarrollo de infraestructuras de calidad, sostenibles, accesibles, asequibles y resilientes. Se estima que la necesidad de financiación en infraestructura gira en torno a los 90 billones de USD hasta el año 2030, lo que implica un déficit anual de financiación de hasta 1.5 billones de USD en los países en desarrollo. Para hacer frente a este déficit, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) han propuesto priorizar y aprovechar al máximo la financiación privada, mientras que los países miembros del G20 están desarrollando una hoja de ruta para convertir la infraestructura en una clase específica de activos, con miras a que estandarizar la inversión en infraestructura y atraer a inversores institucionales.
La Fundación Heinrich Böll, Oficina Bogotá–Colombia, junto con varias organizaciones, tiene el gusto de presentar el libro La emergencia sanitaria COVID-19 a la luz de la emergencia climática. Retos y oportunidades, cuarta obra colectiva sobre la temática del cambio climático, políticas energéticas y derechos humanos, la cual da continuidad a las anteriores publicaciones denominadas Cambio climático, energía y derechos humanos: Desafíos y perspectivas, Energía, cambio climático y desarrollo sostenible: Impacto sobre los derechos humanos, y Crisis climática, transición energética y derechos humanos, presentadas en 2017, 2018 y 2020, respectivamente.
Tenemos el gusto de presentar el informe “Cambio climático y los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales en las Américas”. Este informe fue elaborado colaborativamente por miembros de las organizaciones Fundación Pachamama, Dejusticia, AIDA, IDL, Fundeps, Engajamundo, Earthrights International, Alianza Hondureña ante el Cambio Climático, FIMA, CELS, DPLF, Conectas, FARN, CEMDA, La Ruta del Clima y CEDAT, y presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 173° período de sesiones en septiembre de 2019.
15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de las Américas, comparecieron ante la CIDH para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales.
El presente Tomo II de esta publicación Crisis Climática, Transición Energética y Derechos Humanos aborda temas centrales sobre la crisis climática y en particular de su vínculo con la protección del medio ambiente y la garantía efectiva de los derechos humanos. Se ofrecen 18 artículos de 24 académicos y expertos que reflexionan, en la Cuarta y Quinta Partes de esta obra colectiva, acerca de la indivisible relación entre el disfrute de un medio ambiente sano y los derechos humanos y la necesidad de una transición energética que permita alcanzar la descarbonización que actúe como palanca para asegurar la supervivencia de la vida en el planeta.
La crisis climática, la transición energética, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible son desafíos centrales de la agenda contemporánea de derechos humanos. En la pluralidad de voces de autores de América Latina y Europa, esta magnífica obra ofrece una valiosa y calificada contribución a la literatura nacional e internacional, señalando la aparición de nuevos paradigmas en un mundo que cambia aceleradamente y en el que los retos globales exigen respuestas globales y una creciente cooperación internacional, inspirada en valores emancipatorios como la dignidad, la igualdad, la libertad y la solidaridad y la justicia, como bases morales de un pacto intergeneracional y, sobre todo, de una esperanza resiliente hacia un mismo destino compartido.
Desde 2016, se vienen debatiendo en Colombia medidas que buscan reducir el consumo de bebidas azucaradas y de comidas con un alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas (conocidas coloquialmente como comida chatarra). Ese año, el Ministerio de Salud impulsó sin éxito un impuesto para desincentivar el consumo de productos como gaseosas, tes y bebidas de fruta, azucaradas. Uno de los principales opositores de la medida fue el entonces senador y hoy presidente del país Iván Duque. Entre 2017 y 2018, la organización Red PaPaz (Red de padres y madres), con el apoyo de varias organizaciones, entre ellas, el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia), Educar Consumidores y la FoodFirst Information and Action Network (FIAN) Colombia, impulsó el proyecto de ley 019 de 2017 que buscaba, entre otras medidas, prohibir la venta de estos alimentos en escuelas primarias, regular su publicidad en televisión abierta e indicar con un etiquetado frontal si un producto es alto en grasas, sodio, azúcar o grasas saturadas.
El propósito de esta publicación es aportar elementos teórico-prácticos para el análisis del actual debate sobre la insostenibilidad del modelo de desarrollo económico, social, cultural y ambiental predominante y la necesidad de avanzar más rápidamente en la construcción de una sociedad sostenible, respetuosa con el medio ambiente y comprometida con el bienestar, no solo de las presentes, sino también de las futuras generaciones.
