Este documento identifica de manera crítica los ocho mitos más comunes que rodean la transición energética justa en Colombia, evidenciando cómo la desinformación perpetúa modelos insostenibles y socava las posibilidades de construir un futuro más justo y sustentable. Por medio de un análisis en el que se recopilaron documentos, declaraciones, iniciativas de incidencia y pronunciamientos de organizaciones con las que la Fundación Heinrich Böll, Oficina Bogotá - Colombia coopera y tiene alianzas, junto con fuentes secundarias, se busca no solo desmitificar las nociones erróneas, sino también destacar las prioridades de una transición energética basada en principios de justicia climática y social, como una herramienta clave para enfrentar la crisis climática global y las desigualdades que afectan al país.
Esta publicación surge con el propósito de contribuir a develar estructuras, mecanismos, formas y expresiones de la captura del Estado por el sector extractivista minero-energético, y avanzar en propuestas para contrarrestar dicha captura que den lugar a la garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y posibles rutas hacia la justicia socioambiental.
Los crecientes conflictos ambientales en Colombia han generado retos a las organizaciones sociales y ambientales para su fortalecimiento organizativo y los procesos de formación y sensibilización comunitaria. Uno de los principales aspectos para garantizar la verdadera incidencia y el cambio social es lograr el apoyo de la ciudadanía a las causas de defensa de los ecosistemas estratégicos, fortalecimiento de las economías campesinas, la construcción de paz, la defensa de la vida digna en todas sus manifestaciones, entre otros.
Poderosos grupos fácticos de la economía han capturado/cooptado al Estado colombiano y en consecuencia, el fin esencial de este último se ha orientado a la defensa de un modelo eminentemente empresarial y de intereses particulares. Con ello, se han ido socavando principios y mandatos de la Constitución Política de Colombia, entre ellos, la prevalencia del interés general, el deber del Estado de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y los principios básicos de la tributación.
