Ecología y sostenibilidad

Las medidas adoptadas ante la pandemia, como la reducción en el número de vuelos, el cierre de industrias y el confinamiento de las personas, han ocasionado una disminución en la demanda de hidrocarburos a nivel internacional que, junto con otros factores como la sobreproducción y la especulación asociada a los contratos de petróleo, ha repercutido en la caída en los precios del crudo y generado pérdidas en las principales compañías petroleras. 

La Ley General de Electricidad emitida en 1999 pretendía, en principio, promover el cambio de la matriz energética, reduciendo la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles y contribuir, de esta manera, a reducir los efectos de la crisis climática. Sin embargo, detrás de esta buena intención, estaba el atractivo y lucrativo mercado de la energía, que atrajo el interés del capital nacional y de las grandes corporaciones internacionales. Esta ley permitió, además, la venta de la Empresa Eléctrica de Guatemala, de carácter público, al capital privado. La privatización desafortunadamente dio origen a redes de corrupción dentro de las instituciones del Estado, que han sido aprovechadas por las empresas para obtener licencias ambientales y concesiones para el uso de bienes de dominio público en circunstancias fraudulentas.

El modelo de desarrollo del Brasil está basado en la construcción de grandes obras de infraestructura en los territorios amazónicos, completamente ajenas y hostiles a las realidades y necesidades locales. Ya sea en referencia a la central hidroeléctrica Tucuruí, construida en la década de 1970, las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio, edificadas en el 2012, o la obra faraónica de Belo Monte, todos son proyectos que, a pesar de proclamar un discurso de desarrollo, acaban profundizando las desigualdades en la región.

Las decisiones en materia energética del nuevo gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han dado paso a una serie de controversias entre la opinión pública nacional e internacional. Durante sus dos últimas campañas presidenciales, en 2012 y 2018, el ahora mandatario habló incansablemente de la necesidad de combatir la corrupción en Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa petrolera estatal, y recuperar la soberanía energética de la nación; ambos objetivos loables y aplaudidos por la ciudadanía.

Conscientes de que es necesario e imperioso que el Estado en todas sus instancias desarrolle adecuadas políticas públicas, que deben estar soportadas en estudios de impacto ambiental para asegurarse que el equilibrio entre el fomento de las energías se desarrolle en consonancia con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, hemos decidido

“Crisis Climática, Transición Energética y Derechos Humanos” se denomina el material que cuenta con la colaboración del director de Investigación e Innovación de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), el Dr. Fredy Génez. El libro es el resultado de la “Primera Conferencia Internacional Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, Desafíos en la ruta hacia el Desarrollo Sostenible” realizada en la ciudad de Veracruz, México, en septiembre del 2019 y que contó con el apoyo de la universidad.

La situación generada por la pandemia del COVID-19 es un ensayo global de lo que viviremos en 2030 por los dramáticos efectos del cambio climático que han advertido los científicos insistentemente desde hace décadas.

Electo con casi 58 millones (55 por ciento) de los votos en una campaña controvertida, Jair Bolsonaro no perdió tiempo en revelar que una de las prioridades energéticas de su gobierno es la energía nuclear, en particular, la explotación de uranio. La intención de concluir la construcción de la planta nuclear Angra 3 para el año 2026 es una muestra de ello. El costo de la obra, en construcción desde hace 35 años, ha pasado de los 10,000 millones de dólares a los 26,000 millones. Varias denuncias de corrupción, que llegan hasta el ex presidente Michel Temer, se han levantado con relación a esta obra.