En medio de la incertidumbre que genera la recesión económica y social, desde ya se alcanza a vislumbrar que si seguimos el camino de desarrollo que nos trajo hasta este año, la inesperada cuarentena obligatoria que estamos viviendo no será la primera del siglo XXI.
En este momento, en que convergen las crisis -en palabras de Christiana Figueres, ex Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-, hay que hacer coincidir las soluciones y optimizar los recursos, las políticas y los esfuerzos de forma simultánea.
Esta crisis de salud pública debe ser vista como una oportunidad para aprender a afrontar rápidamente el mayor desafío ambiental que tenemos como humanidad: el cambio climático.
La pandemia del Covid-19 y la lucha contra los efectos adversos del cambio climático antropogénico tienen varios aspectos comunes:
i) Se expresan a través de crisis que tienen impactos sobre todos los sectores, niveles y aspectos sociales y económicos;
ii) Son un enemigo común para todos los países pues representan un problema que se enfrenta en todo el mundo;
iii) Atacan a todas las personas sin distinguir su sexo, raza, edad y de manera más fuerte a las personas y grupos vulnerables;
iv) Entrañan un debate profundamente científico;
v) Las soluciones están en las manos de todos los actores sociales y,
vi) Tienen la orientación de una organización internacional como la OMS o la Secretaría de la CMNUCC en el marco de la ONU que apoyan para el diseño de sus decisiones nacionales.
No obstante, también tienen algunas diferencias pues el virus generó medidas radicales y urgentes para las economías, que los países se habían resistido a implementar por años y que paradójicamente los tratados internacionales sobre cambio climático habrían orientado desde 1992, como la reducción de emisiones causadas por la industrialización o una producción y un consumo más sostenibles.
Desde ya la pandemia del Covid-19 está mostrando efectos sobre la acción climática pues, a cuatro meses de haberse diagnosticado el primer contagiado, hizo que la conferencia de las partes (COP 26) no se realice en 2020, año en que el Acuerdo de París tiene previsto el inicio de la actualización por los países de las primeras Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) que son los esfuerzos de cada país para mitigar las emisiones nacionales y que contienen sus metas concretas de reducción de gases de efecto invernadero. También establecen las acciones para adaptarse a los efectos del cambio climático.
La grave recesión económica que enfrentarán América Latina y el resto del mundo post pandemia puede ser una excusa para que los países disminuyan su ambición frente a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero enfocando sus estrategias financieras de recuperación en la extracción de hidrocarburos y minerales. Esto puede generar la tentación de que las metas de las segundas NDC sean menos ambiciosas.
Así mismo, hay algunos impactos adversos adicionales del virus sobre la Agenda 2030 de desarrollo sostenible relacionados con cambio climático que se deben resaltar.
La pandemia del Covid-19 se convierte en un factor obstaculizador para el cumplimiento de la NDC pues muchos países podrían elegir enfocar sus esfuerzos y recursos frente al reto de salud pública desconociendo la naturaleza de avanzar simultáneamente en todos los frentes sin descuidar el ambiental.
En consecuencia, se vuelve un “cuello de botella” para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 sobre acción por el clima y, por ende, de otros ODS asociados directamente al mismo, como el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminantes; el ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles y el ODS 12 producción y consumo responsables.
Este momento está demostrando que es posible lograr acciones complejas en corto tiempo: movilización de recursos, coordinación de esfuerzos, arreglos institucionales y construcción de infraestrutura.
Lo que no puede ocurrir es que la recuperación económica conlleve a diseñar políticas climáticas menos ambiciosas o a flexibilizar la protección ambiental.
Autoría
Lina Muñoz Ávila, Directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, Colombia, miembro de Red Academica Sobre Cambio Climatico, Energia, Derechos Humanos Y Desarrollo Sostenible (RICEDH).
Este artículo fue publicado en elespectador.com