Temas Globales

Presidentes y primeros ministros como Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Boris Johnson y Donald Trump coinciden en calificar la lucha contra la Covid-19 como una guerra. En esa misma línea, Brasil ha aprobado un presupuesto de guerra para combatir la pandemia, y el secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho que la enfermedad requiere una respuesta nunca vista: un plan de ‘tiempos de guerra’. 

El año 2019 se convirtió en uno de los más fructíferos en la relación Colombia–República Popular de China (China/PRC). De un lado, el presidente Iván Duque viajó a mitad de año con el fin de abrir espacios comerciales que permitieran mejorar la balanza comercial que el país tiene con la PRC. De otro lado, hubo un avance significativo en materia de inversión extranjera directa por parte de China: ganó dos licitaciones importantes en materia de infraestructura. Este panorama hace pensar que las relaciones entre los dos países han dado un salto cualitativo que los llevará a estar más cerca el uno del otro.

Una serie de promesas incumplidas a nivel del régimen climático internacional han incitado a muchos activistas y abogados a recurrir a los tribunales nacionales para enfrentar los graves impactos climáticos que ya están causando estragos. Si bien los litigios climáticos ante los tribunales nacionales en contra de estados y empresas comenzaron a desarrollarse originalmente en el Norte Global en la década de los 90s, en el último decenio, dicho fenómeno se ha hecho presente gradualmente en el Sur Global.

En estos momentos inusitados para todas las personas residentes de Chile, llenos de ansiedad, de más preguntas que respuestas acerca del presente y del futuro, resurgen temas que en su tiempo no se les dio la importancia que merecían y requerían, y que ahora, valdría la pena retomarlos.

La Ley General de Electricidad emitida en 1999 pretendía, en principio, promover el cambio de la matriz energética, reduciendo la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles y contribuir, de esta manera, a reducir los efectos de la crisis climática. Sin embargo, detrás de esta buena intención, estaba el atractivo y lucrativo mercado de la energía, que atrajo el interés del capital nacional y de las grandes corporaciones internacionales. Esta ley permitió, además, la venta de la Empresa Eléctrica de Guatemala, de carácter público, al capital privado. La privatización desafortunadamente dio origen a redes de corrupción dentro de las instituciones del Estado, que han sido aprovechadas por las empresas para obtener licencias ambientales y concesiones para el uso de bienes de dominio público en circunstancias fraudulentas.

El modelo de desarrollo del Brasil está basado en la construcción de grandes obras de infraestructura en los territorios amazónicos, completamente ajenas y hostiles a las realidades y necesidades locales. Ya sea en referencia a la central hidroeléctrica Tucuruí, construida en la década de 1970, las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio, edificadas en el 2012, o la obra faraónica de Belo Monte, todos son proyectos que, a pesar de proclamar un discurso de desarrollo, acaban profundizando las desigualdades en la región.

Las decisiones en materia energética del nuevo gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han dado paso a una serie de controversias entre la opinión pública nacional e internacional. Durante sus dos últimas campañas presidenciales, en 2012 y 2018, el ahora mandatario habló incansablemente de la necesidad de combatir la corrupción en Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa petrolera estatal, y recuperar la soberanía energética de la nación; ambos objetivos loables y aplaudidos por la ciudadanía.