Ecología y sostenibilidad

Una serie de promesas incumplidas a nivel del régimen climático internacional han incitado a muchos activistas y abogados a recurrir a los tribunales nacionales para enfrentar los graves impactos climáticos que ya están causando estragos. Si bien los litigios climáticos ante los tribunales nacionales en contra de estados y empresas comenzaron a desarrollarse originalmente en el Norte Global en la década de los 90s, en el último decenio, dicho fenómeno se ha hecho presente gradualmente en el Sur Global.

En estos momentos inusitados para todas las personas residentes de Chile, llenos de ansiedad, de más preguntas que respuestas acerca del presente y del futuro, resurgen temas que en su tiempo no se les dio la importancia que merecían y requerían, y que ahora, valdría la pena retomarlos.

Las medidas adoptadas ante la pandemia, como la reducción en el número de vuelos, el cierre de industrias y el confinamiento de las personas, han ocasionado una disminución en la demanda de hidrocarburos a nivel internacional que, junto con otros factores como la sobreproducción y la especulación asociada a los contratos de petróleo, ha repercutido en la caída en los precios del crudo y generado pérdidas en las principales compañías petroleras. 

La Ley General de Electricidad emitida en 1999 pretendía, en principio, promover el cambio de la matriz energética, reduciendo la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles y contribuir, de esta manera, a reducir los efectos de la crisis climática. Sin embargo, detrás de esta buena intención, estaba el atractivo y lucrativo mercado de la energía, que atrajo el interés del capital nacional y de las grandes corporaciones internacionales. Esta ley permitió, además, la venta de la Empresa Eléctrica de Guatemala, de carácter público, al capital privado. La privatización desafortunadamente dio origen a redes de corrupción dentro de las instituciones del Estado, que han sido aprovechadas por las empresas para obtener licencias ambientales y concesiones para el uso de bienes de dominio público en circunstancias fraudulentas.

El modelo de desarrollo del Brasil está basado en la construcción de grandes obras de infraestructura en los territorios amazónicos, completamente ajenas y hostiles a las realidades y necesidades locales. Ya sea en referencia a la central hidroeléctrica Tucuruí, construida en la década de 1970, las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio, edificadas en el 2012, o la obra faraónica de Belo Monte, todos son proyectos que, a pesar de proclamar un discurso de desarrollo, acaban profundizando las desigualdades en la región.

Las decisiones en materia energética del nuevo gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han dado paso a una serie de controversias entre la opinión pública nacional e internacional. Durante sus dos últimas campañas presidenciales, en 2012 y 2018, el ahora mandatario habló incansablemente de la necesidad de combatir la corrupción en Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa petrolera estatal, y recuperar la soberanía energética de la nación; ambos objetivos loables y aplaudidos por la ciudadanía.

Conscientes de que es necesario e imperioso que el Estado en todas sus instancias desarrolle adecuadas políticas públicas, que deben estar soportadas en estudios de impacto ambiental para asegurarse que el equilibrio entre el fomento de las energías se desarrolle en consonancia con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, hemos decidido