En el congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), realizado el 9 y 10 de mayo de 2019 en Cartagena, participaron las empresas que controlan los títulos, la exploración y explotación minera en el país, entre ellas Mineros S.A. y Gran Colombia Gold, compañías que produjeron 8,7 toneladas de oro en 2017, una quinta parte de las 41 que se extrajeron. Los planteamientos de las empresas y las promesas del presidente Iván Duque en dicho evento dejan ver la tendencia a profundizar políticas mineras excluyentes para pequeños mineros y que amplía privilegios a las grandes corporaciones.
Jouktai quiere decir viento en wayuunaiki, lengua del pueblo Wayúu. Ahora, Jouktai es también el nombre de un parque eólico, igual que el ya construido Jepírachi, y junto a otras decenas de proyectos similares vaticina un escenario de miles de torres que con sus aerogeneradores van a cubrir el paisaje de la Alta Guajira y de buena parte de la península.
En el corazón del Urabá antioqueño, existe un territorio negro, el Consejo Comunitario de Puerto Girón, que desde 2001 ha adelantado la demanda de materialización de su derecho a la tierra y al territorio. Esta investigación busca contribuir a hacer visible al Consejo Comunitario presentando su caso como un reflejo de lo que son las afectaciones y el desconocimiento de los derechos étnicos de las comunidades negras en Colombia, especialmente con la puesta en marcha de megaproyectos de infraestructura.
En este libro, siete autores exponen argumentos sobre la inviabilidad del fracking en torno a los retos del siglo XXI: la crisis climática, la extinción masiva de especies biológicas y el exterminio de culturas ancestrales en todo el planeta, la degradación del agua, los suelos y el aire y el crecimiento, tanto de los conflictos socioambientales con expresiones armadas en muchos lugares del mundo, como de las desigualdades socioeconómicas, entre muchos otros.
A pesar de que la minería a gran escala tiene el potencial de contaminar el agua de una cuenca por siglos, incluso, por milenios, la mayoría de países de América Latina carece del concepto de impactos a perpetuidad. La mitigación de este tipo de impactos cuesta miles de millones de dólares al año en países como Estados Unidos y, en ellos, los pasivos son frecuentemente asumidos por el Estado. En nuestra región, existen proyectos de estas características y no se cuenta con las herramientas para gestionar dichos impactos o evitarlos.
La vida de la ciudadanía se deteriora por los efectos de las altas concentraciones de contaminantes en la atmósfera. La contaminación causa muertes y enfermedades prematuras y, además, altera la economía de los países en desarrollo y sus dinámicas económicas y sociales: «[l]a mala calidad del aire constituye una amenaza para la salud, el bienestar social y el desarrollo económico a nivel mundial y en la región de América Latina y el Caribe» (Clean Air Institute, 2012, p. 31).
Colombia se encuentra cerca de decidir si permite o si prohíbe el fracking. El fracturamiento hidráulico (o fracking, el anglicismo más popular) es una técnica de extracción de hidrocarburos, gas y petróleo en los llamados yacimientos no convencionales (YNC). La extracción de hidrocarburos que se encuentran en YNC, en contraste con la misma operación en yacimientos convencionales, implica mayores costos, más riesgos ambientales y en la salud pública y más uso de energía y de materiales. Por eso, hay un debate mundial acerca de esa técnica, inscrita en las crecientes y múltiples presiones del cambio climático: estas presiones comprometen los ecosistemas y la supervivencia de distintas formas de vida sobre el planeta, incluida la humana y amenazan con fenómenos meteorológicos extremos
Una acción de tutela interpuesta por organizaciones de la sociedad civil, con apoyo y representación del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, demandó a 26 entidades del Estado, buscando garantías para los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en las riberas del Atrato, afectadas por la contaminación y degradación del río y su entorno. Tras la tutela, La Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.
Repasar el devenir de los procesos organizativos permite reconocer las variables que los han fortalecido, disminuido o transformado. En el caso de la provincia de García Rovira en el departamento de Santander, los procesos territoriales y de resistencia campesina a las imposiciones de modelos de explotación y de vida se remontan a la época de la colonia, pero no hace falta irse tan lejos para identificar los elementos de arraigo y valor simbólico y material que los identifican.
Las páginas que siguen se proponen como parte de esas búsquedas dentro del diálogo de saberes y del hacer propio de quienes hemos venido apoyando las luchas de los hombres y mujeres campesinos, indígenas, afrocolombianos, y pobladores urbanos del país, en torno a sus resistencias territoriales, y a sus búsquedas de verdad, justicia y reparación, y de cambio del modelo de desarrollo dominante.
