Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia. Retos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente

En el congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), realizado el 9 y 10 de mayo de 2019 en Cartagena, participaron las empresas que controlan los títulos, la exploración y explotación minera en el país, entre ellas Mineros S.A. y Gran Colombia Gold, compañías que produjeron 8,7 toneladas de oro en 2017, una quinta parte de las 41 que se extrajeron. Los planteamientos de las empresas y las promesas del presidente Iván Duque en dicho evento dejan ver la tendencia a profundizar políticas mineras excluyentes para pequeños mineros y que amplía privilegios a las grandes corporaciones.

Los compromisos del presidente Iván Duque fueron: (i) la creación de una unidad especial para combatir la extracción ilegal de minerales; (ii) promover un proyecto de ley para endurecer las sanciones a quienes ejercen la minería de forma ilegal; y (iii) tener lista en el segundo semestre de 2019 ajustes a la normativa de las consultas previas, un instrumento de participación ciudadana que es visto por los empresarios como un obstáculo para avanzar en sus proyectos extractivos (Arias J., 2019). Estos compromisos reactivan la llamada locomotora minera, con la base de ofrecer seguridad jurídica a las empresas y dar con ello confianza a los inversionistas.

Por otro lado, cartas como la que envió a finales del 2018 la Gran Colombia Gold al Gobierno nacional, en la que exigió una intervención militar y el uso “cualquier otra fuerza” para expulsar a los mineros informales que realizan actividades sin título en sus proyectos de Segovia, Antioquia, y Marmato, Caldas, muestran la presión de las compañías para sacar de los territorios a sus competidos locales: mineros pequeños y ancestrales.

Como se mostrará en esta publicación, el conflicto no solo se expresa con los pequeños mineros en los territorios, sino también con los actores que defienden el medio ambiente. Por ello, Colombia puede aportar, como caso de estudio, al desarrollo de nuevos análisis e investigaciones que muestren la necesidad de crear reglas que obliguen a las empresas al respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y que, además, las comprometan con implementar planes de reparación en las comunidades y territorios donde se generan afectaciones.

En Colombia, sin embargo, la realidad plantea es una amplia protección a las inversiones de las empresas, por medio de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), que mantienen las condiciones favorables para inversionistas extranjeros; los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs); los capítulos de inversión contenidos en los Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales crean el marco jurídico internacional para

que empresas como Gran Colombia Gold puedan demandar al Estado ante tribunales internacionales (Pro Colombia, 2016), cuando, por ejemplo, se sienten afectadas ante medidas como la protección de derechos que ordenó la Corte Constitucional a un grupo de mineros del municipio de Marmato, Caldas (Redacción Judicial, 2019). Por lo tanto, para que los derechos humanos no sigan subordinados a los acuerdos de inversión es necesaria una ardua tarea en

todas las escalas territoriales e internacionales.