Con este informe, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) busca esbozar patrones sobre el uso indebido del derecho identificados a partir del análisis de varios casos emblemáticos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos ocurridos entre julio de 2019 y el 30 de noviembre de 2021, partiendo del análisis del contexto actual en que ocurren las judicializaciones en contra de esta población de especial protección. Con ello, se pretende señalar una serie de recomendaciones para la atención de factores que inciden en la criminalización de la defensa de los derechos humanos.
La Resolución AG 53/144 de la ONU define como defensoras de los derechos humanos a “todas las personas que promuevan y procuren la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva”, sin embargo, las personas que han sufrido agresiones por ejercer esa labor permite ver que sobre lo obvio se impone lo absurdo.
El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades. Cada día, las comunidades, los movimientos sociales, los/las periodistas y otras personas cumplen una labor fundamental al proteger sus tierras y recursos de la destrucción, Sin embargo, en la actualidad cada vez más, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de amenazas y ataques.
Este informe hace una radiografía de una de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos más invisible en Colombia: la judicialización. Esta práctica sutil de persecución y criminalización es poca conocida, pero tiene efectos concretos en términos de paralizar o disuadir la labor de defensa de los derechos humanos.
Con el fin de analizar las causas, los patrones y los responsables de la violencia contra los líderes y lideresas sociales en Colombia y reflexionar sobre las políticas necesarias para evitar la prolongación y el escalamiento de este fenómeno, el 16 de agosto de 2018 Indepaz, Democracia Hoy, Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz y Rodeemos el Diálogo, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, llevaron a cabo un diálogo entre diferentes instituciones con responsabilidad en la protección y la difusión de los derechos humanos de todos los colombianos y organizaciones de la sociedad civil que realizan investigación al respecto.
Las siguientes páginas contienen un informe sobre la violencia sociopolítica en contra de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos y de excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y de familiares suyos. Y lo hacemos en tiempos de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
El proceso de paz genera un reordenamiento de poderes y de territorios y se presentan mandos que quieren copar dichos territorios (legales e ilegales). Hay violencias alrededor de las economías de guerra de los cultivos de coca, de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y elementos de poder político.
