Lo absurdo de lo obvio

La Resolución AG 53/144 de la ONU del 8 de marzo de 1999 define como defensoras de los derechos humanos a “todas las personas que promuevan y procuren la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva” (Defensoría del Pueblo. Informe de Riesgo N° 010-17. Pág. 5).

Desde esa definición, en la historia larga y cruenta del conflicto armado en Colombia, la defensa de los derechos humanos parece una obviedad. Sin embargo, un repaso sobre la lista de personas que han sufrido agresiones por ejercer esa labor permite ver que sobre lo obvio se impone lo absurdo.

Señalamientos estigmatizantes, amenazas, torturas, desplazamientos y desapariciones forzadas, exilios y asesinatos podrían ser el listado de modalidades de agresión que se han ejecutado durante casi 60 años de la guerra colombiana, pero realmente se trata de los tipos de agresiones que en esa misma temporalidad han sufrido únicamente quienes han defendido los derechos humanos en el país. Lo más sorprendente tal vez sea saber que esas son las modalidades de agresión más visibles y que a ellas se suma el uso del sistema penal del Estado para criminalizar y perseguir a defensores y defensoras de DDHH.

Aunque, precisamente, la defensa de los derechos de quienes eran privados de la libertad por el Estado fue uno de los campos de disputa desde el que se originaron organizaciones para la defensa de los derechos humanos en la década de los años 70, probablemente por la cantidad de agresiones y lo escabroso de sus mecanismos, actualmente son pocas las referencias a las prácticas de criminalización estatal contra quienes se le oponen, critican o le exigen respeto de los derechos.

En el presente texto se planteará primero una perspectiva teórica frente al derecho penal, según la cual este no es el reflejo de unos valores constituidos, sino que se trata de una producción política, en la que las normas jurídicas tienen un carácter instrumental. Luego se hará un abordaje histórico de la producción normativa penal a partir del Frente Nacional y su cierre político, particularmente en contra de quienes, para defender los derechos humanos, ejercieron dichos derechos mediante su reclamación en la protesta social y la movilización ciudadana, siendo blanco de la acción de criminalización del Estado. Finalmente, se hará alusión al rol que asumieron jueces y fiscales desde la década de los años 20 del siglo XX, así como al lugar que les fue asignado desde un diseño institucional en los años 80 del mismo siglo.

Más que la condensación de datos, lo que se quiere es dar cuenta de la historicidad de la criminalización del reclamo y la defensa de los derechos humanos, como parte de la inoculación en el Estado de una ideología de seguridad contrainsurgente que se extiende hasta hoy, al tiempo que se aborda la criminalización de reclamantes y defensores de DDHH en el departamento de Antioquia, a propósito de sectores sociales y tipos de organizaciones estigmatizadas, pero también desde las prácticas contenidas en los expedientes judiciales.

Por ello, el Comité de Solidaridad con los Presos Político (CSPP) hace este aporte, con el que pretende avanzar hacia el reconocimiento y la comprensión de la criminalización como una modalidad de agresión en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos, así como afianzar la libertad como un derecho autónomo que merece ser defendido, sobre todo para quienes defienden las demás libertades y derechos.