Poder empresarial y criminalización de personas defensoras de los derechos humanos, la paz y el • ambiente en colombia.

La materialización de derechos humanos fundamentales como la vida, la salud y la alimentación depende directamente de un ambiente sano. Este vínculo fue reconocido a nivel global en 2021, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano y exhortó a los Estados a implementarlo, consolidando así la defensa del ambiente como una defensa de los derechos humanos. 

El reconocimiento de los derechos ambientales refleja la integralidad de la vida, pues no es posible concebir la existencia humana sin elementos esenciales como el aire, el agua y la tierra. 

En esta línea, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-622 de 2016, desarrolló el concepto de derechos bioculturales, destacando la relación intrínseca entre naturaleza y cultura, y reconociendo el derecho de las comunidades étnicas a administrar y proteger de manera autónoma sus territorios y recursos naturales, en coherencia con sus formas de vida, tradiciones y sistemas normativos propios. La defensa de los ecosistemas equivale, entonces, a la defensa de la vida humana tanto en comunidad como en la sociedad en general. 

Este artículo, basado en una investigación cualitativa con revisión documental de la última década, busca visibilizar el contexto en el que se desarrolla la labor de defensa ambiental en Colombia, los conflictos territoriales existentes, los procesos de criminalización y las afectaciones que enfrentan líderes y lideresas ambientales, así como los actores y estrategias involucrados y la responsabilidad del Estado frente a la crisis ambiental y su obligación de proteger a quienes defienden el territorio.