La Resolución AG 53/144 de la ONU define como defensoras de los derechos humanos a “todas las personas que promuevan y procuren la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva”, sin embargo, las personas que han sufrido agresiones por ejercer esa labor permite ver que sobre lo obvio se impone lo absurdo.
La aparición de los grupos paramilitares en el contexto del conflicto armado colombiano ha originado algunos de los episodios más violentos de la historia colombiana dejando graves violaciones a los derechos humanos como al menos 25001 masacres entre 1982 y 2007, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y tortura, violencia sexual, entre otros. Las iniciativas gubernamentales para conjurar este fenómeno han sido, no obstante, ineficaces ante su accionar e incluso, muchas de sus medidas han brindado un marco legal y hasta logístico para su surgimiento, mantenimiento y expansión.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluyen un conjunto de prioridades acordadas globalmente y de importancia vital para todos los países, que incluyen el desarrollo de infraestructuras de calidad, sostenibles, accesibles, asequibles y resilientes. Se estima que la necesidad de financiación en infraestructura gira en torno a los 90 billones de USD hasta el año 2030, lo que implica un déficit anual de financiación de hasta 1.5 billones de USD en los países en desarrollo. Para hacer frente a este déficit, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) han propuesto priorizar y aprovechar al máximo la financiación privada, mientras que los países miembros del G20 están desarrollando una hoja de ruta para convertir la infraestructura en una clase específica de activos, con miras a que estandarizar la inversión en infraestructura y atraer a inversores institucionales.
Tenemos el gusto de presentar el informe “Cambio climático y los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales en las Américas”. Este informe fue elaborado colaborativamente por miembros de las organizaciones Fundación Pachamama, Dejusticia, AIDA, IDL, Fundeps, Engajamundo, Earthrights International, Alianza Hondureña ante el Cambio Climático, FIMA, CELS, DPLF, Conectas, FARN, CEMDA, La Ruta del Clima y CEDAT, y presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 173° período de sesiones en septiembre de 2019.
15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de las Américas, comparecieron ante la CIDH para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales.
The annual congress of the Colombian Mining Association was held on the 9th and 10th of May 2019. This organisation represents the large mining companies that control the mining titles, and therefore mineral exploration and exploitation in the country. Among them are the biggest producers such as Mineros S.A. and Gran Colombia Gold. These companies produce 8.7 tons per year, one fifth of the 41 tons that were produced in 2017. The proposals of the companies and the promises of President Iván Duque reveal a risk of deepening the exclusionary policies towards small-scale miners while extending the privileged treatment reserved for the large enterprises.
En el congreso anual de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), realizado el 9 y 10 de mayo de 2019 en Cartagena, participaron las empresas que controlan los títulos, la exploración y explotación minera en el país, entre ellas Mineros S.A. y Gran Colombia Gold, compañías que produjeron 8,7 toneladas de oro en 2017, una quinta parte de las 41 que se extrajeron. Los planteamientos de las empresas y las promesas del presidente Iván Duque en dicho evento dejan ver la tendencia a profundizar políticas mineras excluyentes para pequeños mineros y que amplía privilegios a las grandes corporaciones.
