Desmantelamiento del paramilitarismo. Propuesta de lineamientos de política pública
La aparición de los grupos paramilitares en el contexto del conflicto armado colombiano ha originado algunos de los episodios más violentos de la historia colombiana dejando graves violaciones a los derechos humanos como al menos 2500 masacres entre 1982 y 2007, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y tortura, violencia sexual, entre otros. De las aproximadamente 262.197 personas asesinadas y/o agredidas en el marco del conflicto armado (1958 – 2018) más de 100.000 personas lo fueron por grupos paramilitares . Las iniciativas gubernamentales para conjurar este fenómeno han sido, no obstante, ineficaces ante su accionar e incluso, muchas de sus medidas han brindado un marco legal y hasta logístico para su surgimiento, mantenimiento y expansión. Dichas propuestas se han basado especialmente en la persecución y en el combate armado de los cabecillas de estos grupos, reformas punitivas, sin que haya habido propuestas exitosas de sometimiento y desmovilización que permitieran, asimismo, la satisfacción de los derechos de las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
El Acuerdo Final de Paz estableció acciones de protección frente a la reconfiguración de la presencia armada en el país que supondría la dejación de armas de las ex FARC– EP, orientadas estas al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que puedan atentar contra quienes implementan el Acuerdo de paz, ejercen liderazgo social o defienden los derechos humanos, incluyendo a las consideradas sucesoras del paramilitarismo. Sin embargo, cuatro años después de su firma, han primado los incumplimientos a estos compromisos constitucionales.
El propósito de este documento de Lineamientos de política pública entregado a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el pasado 11 de septiembre de 2020 es brindarle a esta instancia derivada del Acuerdo Final insumos para el logro de sus objetivos. De acuerdo con el mandato del punto 3.4.3 del Acuerdo Final de Paz, reglamentado por medio del Decreto Ley 154 de 2017 y declarado exequible por la Corte Constitucional en su Sentencia C-224/17, la CNGS es la encargada de llevar a cabo el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta responsable de homicidios y masacres, así como de aquellas que atentan contra personas defensoras de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
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Table of contents
1 Introducción y justificación: una política civilista con enfoque de derechos humanos para el desmonte del paramilitarismo y las organizaciones y conductas criminales que atentan contra la construcción de la paz / 5
2 Antecedentes normativos: estado del arte de una política fallida para el desmantelamiento del paramilitarismo / 9
3 Presentación de estándares constitucionales: construcción de la política pública tras la firma del Acuerdo Final de Paz / 24
4 Políticas existentes: Desarrollos normativos, administrativos y de política pública recientes / 34
5 Diagnóstico de la situación actual para el rediseño de una política pública efectiva / 43
6 Balance crítico de la política existente de acuerdo con los estándares constitucionales e internacionales / 51
7 Marco conceptual / 67
8 Enfoques de la Política pública / 75
9 Propuestas de política pública para el desmantelamiento del paramilitarismo: estructura, ejes y líneas de trabajo / 79
10 Conclusiones / 101
11 Recomendaciones / 105
12 Referencias / 107