La vida de la ciudadanía se deteriora por los efectos de las altas concentraciones de contaminantes en la atmósfera. La contaminación causa muertes y enfermedades prematuras y, además, altera la economía de los países en desarrollo y sus dinámicas económicas y sociales: «[l]a mala calidad del aire constituye una amenaza para la salud, el bienestar social y el desarrollo económico a nivel mundial y en la región de América Latina y el Caribe» (Clean Air Institute, 2012, p. 31).
Colombia se encuentra cerca de decidir si permite o si prohíbe el fracking. El fracturamiento hidráulico (o fracking, el anglicismo más popular) es una técnica de extracción de hidrocarburos, gas y petróleo en los llamados yacimientos no convencionales (YNC). La extracción de hidrocarburos que se encuentran en YNC, en contraste con la misma operación en yacimientos convencionales, implica mayores costos, más riesgos ambientales y en la salud pública y más uso de energía y de materiales. Por eso, hay un debate mundial acerca de esa técnica, inscrita en las crecientes y múltiples presiones del cambio climático: estas presiones comprometen los ecosistemas y la supervivencia de distintas formas de vida sobre el planeta, incluida la humana y amenazan con fenómenos meteorológicos extremos
Este artículo se enfocará en las problemáticas ambientales y algunas de las apuestas feministas de esta nueva ola, y tratará de aportar un análisis desde el ecofeminismo, con su preocupación por combatir los efectos devastadores del patriarcado en la naturaleza, proponiendo una alianza entre el feminismo y la ecología. Para ello, este documento intentará abordar los siguientes temas: (i) el surgimiento de los ecofeminismos en el mundo; (ii) la alianza entre la ecología y el feminismo en Latinoamérica, ¿una unión necesaria?; (iii) el cuerpo femenino como territorio; (iv) la práctica ecofeminista en Colombia; y, (v) las críticas y los desencuentros con el ecofeminismo.
Una acción de tutela interpuesta por organizaciones de la sociedad civil, con apoyo y representación del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, demandó a 26 entidades del Estado, buscando garantías para los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en las riberas del Atrato, afectadas por la contaminación y degradación del río y su entorno. Tras la tutela, La Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.
Este informe busca brindar a la sociedad, el Estado y la comunidad internacional un balance del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz en relación con los principios de igualdad y no discriminación, así como de goce efectivo de los derechos de las mujeres. Igualmente, se propone aportar elementos cualificados al movimiento feminista, de mujeres y de derechos humanos, para su ejercicio de exigibilidad frente al Estado, en la perspectiva de agilizar los avances en materia de género que permitan asegurar mayores niveles de sostenibilidad en la construcción de la paz.
Repasar el devenir de los procesos organizativos permite reconocer las variables que los han fortalecido, disminuido o transformado. En el caso de la provincia de García Rovira en el departamento de Santander, los procesos territoriales y de resistencia campesina a las imposiciones de modelos de explotación y de vida se remontan a la época de la colonia, pero no hace falta irse tan lejos para identificar los elementos de arraigo y valor simbólico y material que los identifican.
Las páginas que siguen se proponen como parte de esas búsquedas dentro del diálogo de saberes y del hacer propio de quienes hemos venido apoyando las luchas de los hombres y mujeres campesinos, indígenas, afrocolombianos, y pobladores urbanos del país, en torno a sus resistencias territoriales, y a sus búsquedas de verdad, justicia y reparación, y de cambio del modelo de desarrollo dominante.
Con el fin de analizar las causas, los patrones y los responsables de la violencia contra los líderes y lideresas sociales en Colombia y reflexionar sobre las políticas necesarias para evitar la prolongación y el escalamiento de este fenómeno, el 16 de agosto de 2018 Indepaz, Democracia Hoy, Ciudadanos y Ciudadanas por la Paz y Rodeemos el Diálogo, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, llevaron a cabo un diálogo entre diferentes instituciones con responsabilidad en la protección y la difusión de los derechos humanos de todos los colombianos y organizaciones de la sociedad civil que realizan investigación al respecto.
En Colombia, se ha acatado y aplicado la acción política recomendada por los promotores internacionales de la economía verde en el país. Este número de la colección de alertas sobre economía verde, ahondará en la forma en que, en el país, se ha creado el lugar necesario para adoptar e instaurar la economía verde, en la institucionalidad y en la política pública.
Ésta es la primera de una serie de publicaciones sobre la llamada economía verde, a la que nos acercamos para debatir sobre ella, específicamente, alrededor de las consecuencias de su enfoque y de su implementación en materia de justicia ambiental y social. Nos centramos en sus orígenes, para comprender lo que esa propuesta persigue y las circunstancias históricas que permitieron que surgiera; la implementación en Colombia y, específicamente, en sus avances en la Amazonia colombiana.
