La aparición de los grupos paramilitares en el contexto del conflicto armado colombiano ha originado algunos de los episodios más violentos de la historia colombiana dejando graves violaciones a los derechos humanos como al menos 25001 masacres entre 1982 y 2007, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y tortura, violencia sexual, entre otros. Las iniciativas gubernamentales para conjurar este fenómeno han sido, no obstante, ineficaces ante su accionar e incluso, muchas de sus medidas han brindado un marco legal y hasta logístico para su surgimiento, mantenimiento y expansión.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluyen un conjunto de prioridades acordadas globalmente y de importancia vital para todos los países, que incluyen el desarrollo de infraestructuras de calidad, sostenibles, accesibles, asequibles y resilientes. Se estima que la necesidad de financiación en infraestructura gira en torno a los 90 billones de USD hasta el año 2030, lo que implica un déficit anual de financiación de hasta 1.5 billones de USD en los países en desarrollo. Para hacer frente a este déficit, los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) han propuesto priorizar y aprovechar al máximo la financiación privada, mientras que los países miembros del G20 están desarrollando una hoja de ruta para convertir la infraestructura en una clase específica de activos, con miras a que estandarizar la inversión en infraestructura y atraer a inversores institucionales.
