A pesar de que la minería a gran escala tiene el potencial de contaminar el agua de una cuenca por siglos, incluso, por milenios, la mayoría de países de América Latina carece del concepto de impactos a perpetuidad. La mitigación de este tipo de impactos cuesta miles de millones de dólares al año en países como Estados Unidos y, en ellos, los pasivos son frecuentemente asumidos por el Estado. En nuestra región, existen proyectos de estas características y no se cuenta con las herramientas para gestionar dichos impactos o evitarlos.
La vida de la ciudadanía se deteriora por los efectos de las altas concentraciones de contaminantes en la atmósfera. La contaminación causa muertes y enfermedades prematuras y, además, altera la economía de los países en desarrollo y sus dinámicas económicas y sociales: «[l]a mala calidad del aire constituye una amenaza para la salud, el bienestar social y el desarrollo económico a nivel mundial y en la región de América Latina y el Caribe» (Clean Air Institute, 2012, p. 31).
Colombia se encuentra cerca de decidir si permite o si prohíbe el fracking. El fracturamiento hidráulico (o fracking, el anglicismo más popular) es una técnica de extracción de hidrocarburos, gas y petróleo en los llamados yacimientos no convencionales (YNC). La extracción de hidrocarburos que se encuentran en YNC, en contraste con la misma operación en yacimientos convencionales, implica mayores costos, más riesgos ambientales y en la salud pública y más uso de energía y de materiales. Por eso, hay un debate mundial acerca de esa técnica, inscrita en las crecientes y múltiples presiones del cambio climático: estas presiones comprometen los ecosistemas y la supervivencia de distintas formas de vida sobre el planeta, incluida la humana y amenazan con fenómenos meteorológicos extremos
