La Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles cerró en Santa Marta el 29 de abril sin un tratado, sin compromisos financieros cuantificados y sin nuevas adhesiones formales al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Visto así, el resultado parece modesto. Visto en su contexto geopolítico, es la primera vez que 57 países acuerdan explícitamente trabajar juntos en cómo salir de los fósiles, en lugar de debatir si hacerlo.
La diferencia no es menor. Es, en términos de lenguaje, un desplazamiento importante hacia la acción.
Santa Marta se realizó con el peor telón de fondo posible. Desde el 28 de febrero, el cierre del Estrecho de Ormuz tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán había producido lo que la Agencia Internacional de Energía calificó como la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado mundial del petróleo. Las exportaciones que transitan por el Estrecho cayeron a apenas el 10% de los niveles previos al conflicto. La organización 350, sobre la base de escenarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Goldman Sachs, proyecta costos de entre 600.000 millones y un billón de dólares para hogares y empresas solo en 2026.
En ese contexto, el argumento de la transición energética adquirió una dimensión que el movimiento climático lleva décadas intentando construir sin lograrlo del todo: dejó de ser exclusivamente un argumento moral o ambiental para convertirse en un argumento de seguridad. La ministra holandesa Stientje van Veldhoven lo formuló sin rodeos desde el plenario: la transición es necesaria "no solo porque es bueno para el clima, sino porque fortalece nuestra independencia y seguridad energética". La ministra para la Transición Ecológica española Sara Aagesen fue más gráfica aún: "Estamos viviendo una guerra fósil en la que los combustibles se utilizan como arma. El sol y el viento nunca serán bloqueados en el Estrecho de Ormuz".
Este reencuadre importa porque cambia quién tiene interés en la transición. Ya no son solo los pequeños Estados insulares que se hunden, ni los activistas que protestan afuera de las Conferencias de las Partes (COP) sobre cambio climático. Son también los ministros de finanzas que observan cómo los precios del combustible vacían sus presupuestos y cómo las energías renovables son una manera de estabilizar precios en el largo plazo, mientras que los ministerios de defensa hacen cuentas de los costos geopolíticos de la dependencia energética.
La coalición de los que actúan, con límites conocidos
En Santa Marta quedó armada una coalición de países por la transición energética fuera de los fósiles, de la que son parte importantes países productores como Colombia, Brasil, México, Ghana y Nigeria. Aún no sabemos los alcances de esta coalición, si operará de esa forma en espacios multilaterales o se quedará reducida al mismo espacio de conversación entre los mismos. Sí sabemos quiénes no están: EE.UU., China, India, Rusia y Arabia Saudí.
Lo que ofreció la cumbre en tierras del Caribe colombiano fue algo que las COP llevan años sin poder dar: un espacio donde el tono fuera deliberadamente distinto. Lejos del ambiente tóxico de las negociaciones de Bakú y Belém —donde el consenso se usó como veto y los lobbies fósiles circularon por los pasillos—, la conferencia apostó por una narrativa de soluciones compartidas: cómo apoyarse mutuamente para implementar la agenda de transición a nivel nacional, no cómo bloquear al adversario. El espíritu fue, según coincidieron participantes de distintos bloques, sorprendentemente constructivo.
También ofreció una plataforma con vocación científica de permanencia. El lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET), convocado por Johan Rockström y Carlos Nobre y copresidido por Vera Songwe, Ottmar Edenhofer y Gilberto Jannuzzi, con sede en la Universidad de São Paulo, es uno de los resultados destacados del proceso. A diferencia del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), opera en ciclos anuales, puede bajar al nivel nacional, y es explícitamente independiente de presiones gubernamentales. La segunda conferencia, programada para principios de 2027 en Tuvalu y co-anfitrionada por Irlanda, da al proceso una continuidad que no depende de Colombia ni de ningún gobierno particular.
Sin embargo –como bien sabemos en el Sur global– la ciencia no es siempre independiente. Tras la conferencia, se conoció una carta abierta sobre el proceso de uno de los paneles científicos, dominado por representantes del Norte global y con escasa participación de mujeres y pueblos indígenas.
“Para quienes nos sumamos este día al proceso académico de Santa Marta con toda nuestra voluntad de aportar constructivamente, fue difícil creer que seríamos convocados únicamente para poner ‘comentarios’, en un tiempo y formato más que escueto y sin la menor transparencia, a un documento prefabricado por un club cerrado, cuya avenencia parecía obedecer al mero azar, para no decir a los vínculos y simpatías personales de un minúsculo grupo de hombres blancos del Norte global”, dice la carta.
Harjeet Singh, asesor estratégico de la Fossil Fuel Treaty Initiative, planteó en Climate Home News una pregunta que el proceso completo no puede eludir: ¿quién escribe el guión de la transición? Afirma que cuando los países desarrollados no pueden bloquear un proceso, intentan colonizarlo. Los tres workstreams (flujos de trabajos) establecidos en los Co-Host Takeaways quedaron respaldados por instituciones del Norte global —el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) para la arquitectura financiera, la OCDE para los sistemas comerciales, el SPGET con representantes mayoritariamente del Norte—. Es decir, el Sur Global produjo el impulso político y el Norte capturó la producción técnica de conocimiento. La segunda conferencia en Tuvalu, escribe Singh, "debe ser el cuarto de máquinas de la implementación", no otro foro donde el Sur escucha las propuestas del Norte.
Lo que dijeron los sectores: convergencias inesperadas
Uno de los elementos más significativos —y menos cubiertos— de Santa Marta fue la convergencia de propuestas entre sectores que rara vez comparten diagnóstico. Más de 800 organizaciones no gubernamentales, representantes de pueblos indígenas, sindicatos petroleros internacionales y el panel académico llegaron con documentos de posición propios. Las diferencias de énfasis son reales, pero el núcleo analítico es sorprendentemente consistente.
Las ONG —con 809 aportes consolidados de organizaciones de África, Asia, Europa y América Latina— identificaron como barrera central no la falta de voluntad política sino la arquitectura financiera internacional: es imposible dejar los fósiles en el subsuelo si los países del Sur global deben priorizar el pago de deudas externas con los ingresos que esos fósiles generan. Su propuesta operativa es el canje de deuda por acción climática, fin al financiamiento fósil de instituciones públicas y privadas, e impuestos a las "ganancias contaminantes" (windfall taxes) que financien la reconversión productiva. La transición, sostuvieron, no puede limitarse a sustituir tecnología: requiere transformar la distribución del poder en los mercados de energía.
Los pueblos indígenas pusieron sobre la mesa una advertencia que el proceso no puede ignorar: la "transición verde" puede replicar el extractivismo con otro nombre. Proyectos eólicos, solares e hidroeléctricos en territorios indígenas han reproducido, en múltiples casos documentados, los mismos patrones de imposición y desplazamiento que la extracción fósil. Su propuesta estructural fue la de "Zonas de Vida" —territorios ecológicamente críticos declarados zonas de exclusión para cualquier expansión extractiva, incluyendo la de minerales para la transición— y el reconocimiento del consentimiento previo, libre e informado como requisito con poder de veto, no como trámite administrativo.
Los sindicatos, por su parte, rechazaron ser tratados como víctimas inevitables del proceso. Su condición fue que la transición sea cogobernada con participación sindical vinculante desde la planificación, no consultiva al final del diseño. Propusieron planes territoriales de reconversión laboral que puedan comenzar mientras las operaciones extractivas siguen activas, fondos tripartitos (sindicatos, empresas, Estado) para formación y reubicación, y la inclusión de cláusulas de transición justa en cualquier mecanismo de financiamiento climático internacional.
El panel académico, a través del Repertorio de Acción de Santa Marta (SMART), añadió el argumento que más directamente conecta con la coyuntura del Estrecho de Ormuz: la transición reduce la "fossilflation", los picos inflacionarios generados por la volatilidad geopolítica de los mercados de petróleo y gas. Los bancos centrales, señaló el SMART, tienen mandatos de estabilidad de precios que los habilitan a actuar —reduciendo el costo del financiamiento para energía limpia— sin esperar acuerdos climáticos formales.
Pese a los problemas operativos que marcaron la semana —agenda desorganizada, dificultades técnicas, un embudo de participación que redujo de más de mil personas registradas en la sociedad civil a apenas sesenta en el segmento ministerial—, el ambiente dentro de las salas fue, según coincidieron participantes de distintos bloques y geografías, notablemente constructivo. En un ciclo multilateral acostumbrado al bloqueo, eso no es un detalle menor.
Colombia y su legado diplomático
Para Colombia, Santa Marta fue un éxito diplomático que ocurre en un momento económico complejo. El país organizó y copresidió la conferencia mientras enfrenta un déficit fiscal estimado de 6,5% del PIB, con una producción de crudo en mínimos desde 2021 y un déficit de gas que ya importa el 20% de su consumo. La dependencia estructural es exactamente el problema que la conferencia diagnosticó: la misma trampa que Colombia le pide al mundo superar, la está viviendo en tiempo real.
Esta tensión es la condición exacta que justifica la existencia de una conferencia como ésta. Los países productores del Sur global no pueden salir solos de la dependencia fósil sin financiamiento externo, sin mecanismos de canje de deuda por acción climática, sin un sistema financiero internacional que deje de tratar la transición como un lujo. El argumento colombiano —que la ministra Vélez Torres articuló en la conferencia de prensa de cierre— es que existe un "punto ciego" en la arquitectura climática global: las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que son los compromisos climáticos de los países, miden emisiones dentro de las fronteras pero no contabilizan las emisiones exportadas a través de los combustibles fósiles que un país produce y vende. Llenar ese punto ciego requiere hojas de ruta que incluyan el lado de la oferta, no solo el de la demanda. Es un argumento políticamente incómodo para productores grandes como Brasil, Arabia Saudí o el propio Canadá, que asistió a la cumbre.
Esas hojas de ruta son el producto concreto más importante que Santa Marta pone en marcha. Los tres workstreams establecidos —diseño de hojas de ruta nacionales y regionales de phase-out, reforma de la arquitectura financiera para superar las trampas de deuda y subsidios, y descarbonización de las balanzas comerciales— son los marcos de trabajo que alimentarán la próxima cita decisiva: las reuniones intersesionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Bonn, en junio.
Allí Brasil, como presidencia entrante de la COP, recibirá dos insumos que se refuerzan mutuamente: el informe de co-anfitriones de Santa Marta y la hoja de ruta latinoamericana elaborada por Transforma, CAN-LA y la Global Gas and Oil Network. Esta hoja de ruta tiene una característica que la distingue de los ejercicios anteriores: integra simultáneamente la transición energética y los bosques en pie, porque la principal fuente de emisiones de la región no es el sector energético sino la agricultura, los bosques y el cambio de uso de suelo. Es, en la práctica, el primer intento de una región productora de combustibles fósiles de trazar su propia salida ordenada, con plazos diferenciados por combustible y por capacidad fiscal, condicionada a recibir financiamiento externo en forma de transferencias, no de nueva deuda. Que Brasil la reciba antes de COP31, y que pueda incorporar al borrador de la hoja de ruta global que presentará en Antalya, es el eslabón más concreto entre Santa Marta y el ciclo de negociaciones que viene.
El problema inmediato para Colombia es electoral. La política de "no más contratos de exploración" del gobierno Petro —que le dio coherencia doméstica a la posición internacional— es rechazada por la mayoría de los candidatos presidenciales con opciones reales en la primera vuelta del 31 de mayo. Incluso Iván Cepeda, el candidato más cercano al petrismo, habla de transición "gradual" con "soberanía energética". Los candidatos del centro y la derecha van desde una "reactivación con condiciones" hasta metas de 1,3 millones de barriles diarios con fracking masivo.
La ruta a Antalya
Si el peligro interno es la elección, el peligro externo es la presidencia turca de la COP31. El presidente designado Murat Kurum declaró el 30 de abril, al día siguiente del cierre de Santa Marta, que pedirle a las naciones que abandonen los combustibles fósiles "no es realista" y que "no se trata de poner unas palabras en un texto". La señal es inequívoca: Antalya no producirá escalamiento del lenguaje de phase-out. Lo que produjo Dubái en 2023 —el primer texto de cubierta que menciona la transición fuera de los fósiles— será probablemente el techo, no el piso, de las negociaciones de noviembre.
Esto no significa que Santa Marta sea irrelevante para la COP31. Su horizonte debería ser el Segundo Inventario Global (GST2), previsto para 2028: es ahí donde los resultados de Santa Marta —hojas de ruta, transparencia de subsidios, coordinación productores-consumidores— pueden incidir como base de referencia dentro de la CMNUCC, no fuera de ella.
Sobre el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, la conferencia reveló una brecha que conviene nombrar: no todos los países presentes están dispuestos a negociar un instrumento vinculante de moratoria. Las posiciones van desde el respaldo explícito de Tuvalu y los pequeños Estados insulares hasta la cautela de países productores que temen las implicaciones sobre soberanía y espacio fiscal. Lo que sí existió —y esto es nuevo— es una suerte de convergencia sobre el valor instrumental de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que confirmó las obligaciones de los Estados para enfrentar el cambio climático, por lo que producir, consumir, licenciar o subsidiar combustibles fósiles puede constituir un acto en contra de esa responsabilidad legal.
Lo que queda por resolver
Santa Marta fue el primer espacio donde la pregunta dejó de ser si transicionar y se convirtió en cómo y quién paga. Aunque sin dudas es un avance, aún hay preguntas por responder que serán claves para determinar si este proceso tiene futuro o si se convierte en otro ciclo de ambición retórica sin implementación:
¿Quién financia la transición del Sur global sin deuda? Los mecanismos propuestos —un Fondo Global de Transición Justa, un Club de Importadores-Exportadores, un Mecanismo de Resolución de Deuda— siguen siendo conceptos sin diseño técnico ni aportes comprometidos.
¿Cómo se mantiene la continuidad colombiana post-agosto? Si el nuevo gobierno colombiano abandona la silla en el comité directivo del proceso, el vacío lo llenarán Países Bajos y Tuvalu — países que no tienen el peso político ni la posición de productor que le daba a Colombia su legitimidad singular.
¿Logrará el proceso articular a los países productores del Sur global, que son los que más pierden en una transición desordenada y los que más tienen que ganar en una ordenada, como protagonistas de su propio camino?
Santa Marta fue el comienzo de algo. El proceso tiene ahora dos años para demostrar que una coalición de los que actúan puede mover el sistema desde afuera.
Este texto fue producido por Climate Tracker América Latina con el apoyo de Heinrich Böll Stiftung - Oficina Bogotá