Los derechos de la naturaleza

La versión en inglés de este libro, The Rights of Nature (Los derechos de la naturaleza), se publicó en el 2017. Tres años más tarde, es extraordinario ser testigo de la rapidez con la que este revolucionario concepto legal y cultural se ha extendido por todo el mundo. En el 2017 los epicentros de este movimiento fueron el Ecuador, Bolivia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos.

El progreso continúa en cada uno de esos lugares. Por ejemplo, en el Ecuador se han enmendado más de 75 leyes y reglamentos para incorporar los derechos de la naturaleza y al menos una docena de casos judiciales se han ocupado de esos derechos. En dos fallos separados, los tribunales ecuatorianos declararon que la minería violaba los derechos de la naturaleza. Nueva Zelanda se ha comprometido a elaborar una nueva ley para reconocer los derechos del monte Taranaki, un lugar de inmensa importancia para el pueblo maorí. En los Estados Unidos se aprobó una ley que reconoce los derechos del lago Erie, aunque esa ley está siendo impugnada en los tribunales.

Tal vez lo más importante es que los derechos de la naturaleza se reconocen en la legislación de una lista cada vez mayor de países, ya sea en el ámbito local, regional o nacional. Según el último informe de Armonía con la Naturaleza, iniciativa de las Naciones Unidas, las leyes, decisiones judiciales o políticas relativas a los derechos de la naturaleza existen actualmente en docenas de países. Uganda añadió los derechos de la naturaleza a su legislación ambiental nacional. Los tribunales colombianos han reconocido los derechos de la selva amazónica, dos parques nacionales y al menos diez ríos (Atrato, Cauca, Coello, Combeima, Cocora, La Plata, Magdalena, Otún, Pance y Quindío), que cubren más del 80 % del país.

El Tribunal Superior de Bangladés dictaminó que todos los ríos de ese país tienen derechos. En la Argentina, Brasil, los Países Bajos y España se han aprobado leyes y ordenanzas locales para proteger maravillas naturales como el mar de Wadden y el mar Menor (la laguna de agua salada más grande de Europa).

Los tribunales de más alto nivel de Guatemala, la India y México han emitido dictámenes poderosos en los que se reconocen los derechos de la naturaleza. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala reconoció el agua como una entidad viva. Las comunidades indígenas de Canadá y los Estados Unidos han publicado sus propias leyes, en las que reconocen los derechos de elementos de la naturaleza que van desde los ríos hasta el arroz silvestre. Es difícil seguir el ritmo de la marea de acción.

En el 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Brasil reconoció los derechos del loro amazónico de frente turquesa. En el 2020 un tribunal de la India reconoció los derechos del lago Sukhna a ser protegido y preservado. También en el 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Islamabad de Pakistán emitió un fallo que reconoció los derechos de una amplia gama de animales no humanos, afirmando que “al igual que los humanos, los animales también tienen derechos naturales que deben ser reconocidos. Es un derecho de cada animal, un ser vivo, a vivir en un entorno que satisfaga las necesidades conductuales, sociales y fisiológicas de este último”. En la Argentina, Australia, Chile, El Salvador, Francia, Nigeria, Filipinas, Suecia y Suiza se están llevando a cabo otras iniciativas encaminadas a lograr el reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza.

También es importante señalar que la versión en inglés de este libro se publicó antes de los informes históricos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC , por sus siglas en inglés) y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IP BES , por sus siglas en inglés). En el 2018 el IPCC informó que era necesario reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono, entre un 40 % y un 60 % con respecto a los niveles del 2010 para el 2030, a fin de evitar un cambio climático catastrófico. En el 2019 la IP BES publicó una evaluación sin precedentes sobre la disminución de la biodiversidad mundial, advirtiendo que un millón de especies están en peligro de extinción. Tanto el IPCC como la IP BES pidieron cambios rápidos, sistémicos y transformadores para hacer frente a estas crisis ambientales interconectadas.

La aparición del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en el 2019 puso de relieve el hecho de que los seres humanos no están separados del resto de la naturaleza ni son superiores a ella. La COVID -19 demostró con dolorosa claridad que la salud de todas las personas del mundo está conectada con la salud de los ecosistemas. Las advertencias científicas sobre los riesgos masivos de los coronavirus fueron ignoradas durante décadas, lo que condujo al desastre. No debemos repetir nuestro error ignorando las advertencias de los científicos sobre los profundos riesgos que plantean la emergencia climática y la crisis de la naturaleza.

A pesar de la pandemia mundial de la COVID -19, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, celebrada en el 2020, los dirigentes de todo el planeta reconocieron la necesidad de un cambio transformador para lograr un futuro en el que la humanidad viva en armonía con el resto de la naturaleza. Es una señal alentadora que el actual proyecto de marco mundial para la diversidad biológica posterior al 2020 incluya una referencia directa a los derechos de la naturaleza.

El reloj está corriendo. Estamos al borde de la sexta extinción masiva en la historia de la Tierra. El futuro de este hermoso planeta azul verde, el único cuerpo celeste en el universo conocido por sustentar la vida, depende de cambios transformadores en la relación de la humanidad con las comunidades de especies con las que compartimos este hogar. Si el reconocimiento de los derechos de la naturaleza puede contribuir a prevenir una calamidad tan oscura y distópica, entonces debemos perseguirlo con toda la energía que podamos reunir.