La oficina de Bogotá - Colombia de la Fundación Heinrich Böll tiene el gusto de presentar al público nuestra serie “Ideas Verdes”. El primer número es el documento “Los quince mitos de la gran minería en Colombia” escrito por el economista Luis Álvaro Pardo.
Puede descargar el documento completo aquí y leer a continuación una versión resumida:
“De vez en cuando las palabras deben servir para ocultar los hechos”
Maquiavelo
Difícilmente la ciudadanía del común podrá tener los elementos necesarios para formarse una opinión objetiva y veraz sobre los beneficios de la gran minería en Colombia, si los responsables de informar emiten conceptos que en poco reflejan la realidad, mezclan las estadísticas, sesgan su interpretación o las difunden por fuera de contexto, con el único propósito de disimular el enorme fracaso del manejo del boom minero entre 2003 – 2014.
Para evitar cuestionamientos basados en hechos, la autoridad minera, las grandes empresas del sector y sus gremios, asesorados por expertos en imagen y reputación, decidieron más bien que la ola de rechazo a esta actividad en el país era consecuencia de la falta de información sobre las “virtudes sectoriales” y que los ciudadanos actuaban basados en su ignorancia, y en mitos y prejuicios que otros se encargaban de difundir.
Sobre esa base, se montó una campaña minero-mediática y es común encontrar que los argumentos y mensajes estratégicos del modelo minero siguen la misma lógica y se repiten hasta el cansancio con la única intención de bombardear a la opinión pública y crear un entorno favorable al despegue de una nueva locomotora minera.
Este resumen de un documento más amplio recoge algunos de esos “mensajes estratégicos”, para confrontarlos con las cifras oficiales del gobierno y de las mismas empresas mineras, y así poder examinar su coherencia y consistencia con la realidad, y al mismo tiempo ofrecer un balance de lo que dejó el boom del sector minero-energético en el periodo 2003-2014, a través del examen de los grandes agregados macro-económicos e indicadores sociales, única forma de aproximarnos al balance del modelo primario-exportador, cuya evaluación oficial sigue pendiente.
La economía colombiana atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos tiempos. El boom de precios, al contrario de las promesas de bienestar y prosperidad, dejó enormes déficits en las balanzas fiscales y de comercio exterior, una deuda pública externa sin antecedentes en la historia del país, sectores reales golpeados por efecto de la enfermedad holandesa que no encuentran salida, y altas tasas de inequidad social. Hoy, estamos peor que en el año 2003.
Detener la nueva locomotora minera para evitar la profundización de la crisis económica, la hipoteca del futuro y el envilecimiento y destrucción de nuestros recursos naturales, con argumentos soportados en la realidad, es la tarea. En este resumen, se hará mención a los mitos económicos, mineros y sociales, junto con la respuesta apoyada en estadísticas oficiales y de las mismas compañías mineras.
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MITOS ECONÓMICOS |
La autoridad minera, las grandes empresas del sector y sus gremios utilizan con frecuencia frases con las que buscan destacar la contribución del sector extractivo y su aporte al producto Interno Bruto (PIB), su empuje dinamizador de los demás sectores de la economía, su aporte a las finanzas públicas y la balanza comercial del país.
Contrastar estos mensajes con la realidad expresada en las cifras oficiales revela no solo que son frases ligeras, muchas de ellas sin fundamento, sino que al examinar las cifras nos encontramos que la situación económica es actualmente peor que en 2003, cuando empezó el boom de precios del sector minero-energético.
Contrariamente a lo que se dice, la explotación de minas y canteras (minas e hidrocarburos), no es el sector más importante de la economía. Los sectores más importantes son los de servicios (financiero, seguros, comercio, call centers, empresas de vigilancia privada), y en menor medida los sectores generadores de riqueza y empleo (industria y agricultura), que no solo aportan menos, sino que decrecen en el periodo del boom, entre otras cosas, como consecuencia del auge extractivista y la enfermedad holandesa.
Colombia contaba con una industria extractiva sólida al finalizar el siglo pasado, pero esa fortaleza cedió a la enfermedad holandesa. La industria colombiana no reacciona, se mueve en rangos de crecimiento no superiores al 1%, y al segundo trimestre de 2017 cayó 3,5%. La maldición de los recursos (boom minero), acabó con un sector que es base del crecimiento de las economías con mayores niveles de desarrollo que el nuestro.
El boom de precios del sector minero-energético dejó también déficit fiscal y en la balanza comercial del país sin antecedentes en la historia reciente del país.
El manejo laxo del gasto del gobierno nacional central en el periodo 2003-2016 dejó un déficit fiscal equivalente a $35 billones de pesos, consecuencia de una política irresponsable que deja comprometidos los recursos de la Nación. Los gastos crecieron más rápido que los ingresos en el periodo del boom.
El comportamiento de los ingresos se agrava por la existencia de 253 beneficios tributarios que permiten a las compañías reducir sus impuestos. La tasa efectiva de tributación (ingresos operativos – costos operativos / impuestos pagados), fue apenas del 2,8% en el 2016 para las compañías de minas e hidrocarburos, mientras millones de colombianos pagaron tributos al 35%.
La revaluación del peso en el periodo del boom minero (2003-2014), hizo más barato importar que producir localmente. Este fenómeno tiene dos consecuencias: i) el crecimiento de las importaciones por encima de las exportaciones y, por tanto, un déficit en la balanza comercial que asciende a US13.000 millones de dólares, y ii) las mayores importaciones de bienes y servicios importados castiga la industria y la agricultura, sectores que hasta ahora no encuentran salida.
Como si ello fuera poco, para mantener la ilusión del boom minero, el gobierno se endeudó como nunca con la banca internacional y organismos multilaterales de crédito. La deuda pública externa asciende a US72.000 millones de dólares, otra cifra sin precedentes en la historia del país. Cada uno de nosotros les adeuda a los bancos US1.500 dólares.
El boom minero tampoco rompió con el desempleo estructural y pese a que se dijo lo contrario, la gran minería apenas empleó 150.000 trabajadores a finales de 2016. En épocas de auge minero el sector llegó a ocupar 270.000 trabajadores, cifra pírrica comparada el volumen de empleo que generan otros sectores formales e informales de la economía: 22,7 millones de ciudadanos a finales de 2016.
Ante este panorama, la pregunta es ¿dónde quedó un boom que se nos vendió como un salvavidas para lograr mayores tasas de crecimiento económico y bienestar social?
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MITOS MINEROS |
Con excesiva frecuencia, la autoridad minera, las grandes empresas y sus gremios atiborran a la ciudadanía con frases que buscan resaltar las bondades del sector y minimizar los impactos evidentes a la vista de todos. Algunos ejemplos:
Las regalías que paga el sector contribuyen al desarrollo de las regiones y al bienestar de sus ciudadanos. Las regalías constituyen una fuente importante de ingreso para algunos municipios y departamentos, pero debe aclararse que más del 80% de ellas proviene del sector de petróleo y gas; que han venido cayendo aceleradamente en los últimos años y que su ejecución en proyectos locales sigue vinculada con obras inconclusas, ineficientes y hechos de corrupción.
La siguiente gráfica construida con cifras del DANE señala que la inequidad y las necesidades básicas de los habitantes de los departamentos mineros persistió por encima del 0,50 pese al boom minero y que incluso se agravó para las familias que habitan en zonas rurales.
Se dice también que la minería no es un gran consumidor de agua, pero poco o nada se dice sobre otros impactos graves e irreversibles sobre los recursos hídricos del país, entre ellos, los impactos de la minería, a cielo abierto y subterránea, cuando se desvían los ríos y quebradas, la alteración de los niveles freáticos y de perfiles hídricos aguas arriba y aguas abajo de las minas, desaparición de acuíferos y acuitardos, afectación de la dinámica de las aguas subterráneas, sedimentación, ocupación y destrucción de nacederos de agua, lagos y lagunas, variación en el régimen de recarga, drenajes inducidos, profundización de agua apta para el consumo humano, deforestación, contaminación por metales pesados, acidificación y variación de su Ph.
Cuando un ciudadano alerta sobre los riesgos de la actividad minera sobre el agua, los actores interesados en la gran minería exigen que pruebe sus afirmaciones con estudios. El mundo al revés, son las autoridades quienes deben soportar sus decisiones sobre minería e hidrocarburos con estudios que determinen los impactos de esas actividades; hasta ahora, esos estudios no existen o se hacen sobre la base de la información que las empresas interesadas suministran a las autoridades mineras y ambientales.
¡Que los verdaderos depredadores del medio ambiente es la minería ilegal! falso. Si bien es cierto la minería legal cuenta con título minero y licencia ambiental, y la ilegal no, también es cierto que para abrir una mina, legal o ilegal, debe sacrificarse una zona rica en biodiversidad, posiblemente con vocación agropecuaria, que hace parte de un ecosistema que se afecta integralmente cuando se llevan a cabo actividades a cielo abierto o subterráneas, deforestar, desviar fuentes hídricas, verter aguas acidas o contaminadas con químicos, de manera que se trata de una diferenciación estética, pues en el fondo se trata de la pérdida de recursos naturales propiedad de todos los ciudadanos de este país.
¡Que cuando una comunidad rechaza las actividades legales de minería, abre las puertas a los ilegales!, falso. Cuando una comunidad rechaza cualquier forma de minería, legal o ilegal, lo hace basada en la información que tiene sobre los impactos de cualquier forma de extracción sobre el medio ambiente, vida y tradiciones. La obligación de perseguir y acabar con la minería ilegal es del Estado, no de la ciudadanía, pues es un mandato constitucional la obligación de los gobiernos de mantener el orden público y cuidar los recursos de la Nación.
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El día que las palabras no disfracen los hechos, podrá iniciarse en el país una discusión sobre los verdaderos beneficios e impactos de la minería. Para ese momento vamos a requerir que el poder soberano (el pueblo), en una misma mesa con sus representantes (el gobierno), pueda definir lo que quiere respecto a sus recursos naturales no renovables en un marco de autonomía y sostenibilidad, de respeto por los derechos de la naturaleza y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En suma, más que mostrar la veleidad de los argumentos de la autoridad minera, las grandes empresas y sus voceros gremiales, el propósito de este documento es mostrar, con las mismas cifras del gobierno y de las empresas, que el modelo minero y la política económica asociada a esa estrategia extractivista, más que beneficiar al país, le generó un enorme daño, un retroceso, y que heredamos un futuro hipotecado.
La economía está hoy peor que en el 2003, cuando empezó el boom de precios de los minerales e hidrocarburos, y mal podemos consentir que, sin reformas estructurales o una cosmética reforma al Código de Minas, se conduzca al país a una nueva aventura minera, a jugar con la esperanza de 48 millones de colombianos para el beneficio de unos pocos.
