Este libro se propone profundizar en el análisis de dos categorías jurídicas contemporáneas: los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Bioculturales, tendencias socio-legales que han sido planteadas como herramientas para afrontar un escenario de crisis ambiental global, así como para canalizar reivindicaciones sociales y políticas de diversos grupos sociales. El objetivo de la obra es abrir el debate sobre estas categorías jurídicas a partir de situar diferentes perspectivas desde las cuales pueden ser analizadas.
Los derechos de la naturaleza se reconocen en la legislación de una lista cada vez mayor de países, este revolucionario concepto legal y cultural se ha extendido por todo el mundo. El reloj está corriendo. Estamos al borde de la sexta extinción masiva en la historia de la Tierra. Si el reconocimiento de los derechos de la naturaleza puede contribuir a prevenir una calamidad tan oscura y distópica, entonces debemos perseguirlo con toda la energía que podamos reunir.
Tenemos el gusto de presentar el informe “Cambio climático y los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales en las Américas”. Este informe fue elaborado colaborativamente por miembros de las organizaciones Fundación Pachamama, Dejusticia, AIDA, IDL, Fundeps, Engajamundo, Earthrights International, Alianza Hondureña ante el Cambio Climático, FIMA, CELS, DPLF, Conectas, FARN, CEMDA, La Ruta del Clima y CEDAT, y presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 173° período de sesiones en septiembre de 2019.
15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de las Américas, comparecieron ante la CIDH para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales.
En el corazón del Urabá antioqueño, existe un territorio negro, el Consejo Comunitario de Puerto Girón, que desde 2001 ha adelantado la demanda de materialización de su derecho a la tierra y al territorio. Esta investigación busca contribuir a hacer visible al Consejo Comunitario presentando su caso como un reflejo de lo que son las afectaciones y el desconocimiento de los derechos étnicos de las comunidades negras en Colombia, especialmente con la puesta en marcha de megaproyectos de infraestructura.
Colombia se encuentra cerca de decidir si permite o si prohíbe el fracking. El fracturamiento hidráulico (o fracking, el anglicismo más popular) es una técnica de extracción de hidrocarburos, gas y petróleo en los llamados yacimientos no convencionales (YNC). La extracción de hidrocarburos que se encuentran en YNC, en contraste con la misma operación en yacimientos convencionales, implica mayores costos, más riesgos ambientales y en la salud pública y más uso de energía y de materiales. Por eso, hay un debate mundial acerca de esa técnica, inscrita en las crecientes y múltiples presiones del cambio climático: estas presiones comprometen los ecosistemas y la supervivencia de distintas formas de vida sobre el planeta, incluida la humana y amenazan con fenómenos meteorológicos extremos
Una acción de tutela interpuesta por organizaciones de la sociedad civil, con apoyo y representación del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, demandó a 26 entidades del Estado, buscando garantías para los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en las riberas del Atrato, afectadas por la contaminación y degradación del río y su entorno. Tras la tutela, La Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.
Repasar el devenir de los procesos organizativos permite reconocer las variables que los han fortalecido, disminuido o transformado. En el caso de la provincia de García Rovira en el departamento de Santander, los procesos territoriales y de resistencia campesina a las imposiciones de modelos de explotación y de vida se remontan a la época de la colonia, pero no hace falta irse tan lejos para identificar los elementos de arraigo y valor simbólico y material que los identifican.
El departamento del Tolima es uno de los departamentos con mayor biodiversidad de Colombia, cuenta con tres complejos de páramos, bosques de niebla, humedales ramsar, reservas forestales protectoras y múltiples ecosistemas estratégicos que hacen de éste departamento una región sin igual en términos ecosistémicos y culturales. Con la llegada de grandes proyectos minero-energéticos a los territorios las comunidades han visto amenazada su soberanía energética y alimentaria, la autonomía territorial y el derecho colectivo a la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre si se desarrollan o no este tipo de proyectos, como también el derecho a gozar de un ambiente sano, la autonomía territorial, la participación ciudadana y la construcción de un desarrollo alternativo distinto al extractivismo, junto a la posibilidad de garantizar su derecho colectivo al ambiente sano.
