El Estado, visto como un actor, es crucial para garantizar la democracia. Su cualidad de ser un agente de dominación le permite articular una idea mínima de bienestar general y poner límites a la arbitrariedad en el ejercicio del poder político. Pero esta definición no se aproxima a las realidades que en varios países de Latinoamérica se manifiestan, en especial cuando en la misma arena, el Estado comparte con otros actores, que tienen la capacidad de movilizar recursos de poder e incidir en la esfera política, el poder para obtener acciones u omisiones que los benefician, a lo que se le denomina, “poderes fácticos”, actores que influencian la toma de decisiones y transforma las dinámicas que los diferentes organismos del Estado realizan. En este sentido, las sociedades actuales cuentan con varios tipos de poderes que definen los futuros de los Estados y el bienestar general de sus ciudadanías: los poderes institucionales del Estado (como la rama judicial, legislativo y ejecutivo), así como otros poderes fácticos, entre estos actores económicos, sociales, medios de comunicación y grupos religiosos, para mencionar solo algunos, mientras que pueden existir otros tipos de poderes fácticos, sean estos legales o ilegales, aquí no especificados. Estos definen y/o influyen en las políticas públicas, la toma de decisiones y el manejo de los recursos de los Estados, lo cual puede, en ciertos casos y bajo ciertas condiciones, llevar a un beneficio particular para el respectivo actor. En otras palabras, estos grupos de intereses que disponen de recursos políticos en forma de contactos personales, poder e influencia institucional, medios financieros, o incluso de potencial de violencia, los pueden emplear de forma ilegítima, o incluso ilegal, para influenciar u obligar a las instituciones y a los representantes del sistema político formal a aplicar procedimientos políticos en favor de sus intereses particulares. Así puede quebrantarse la promesa de orientación al bien común y de adecuada representación de intereses a través de procesos políticos transparentes que tienen en cuenta las mayorías y minorías representadas gracias a elecciones, así como los programas legitimados por esas mismas elecciones. Esto tiene como consecuencia que no se cumplen y se ponen en peligro los principios básicos de democracia y los procedimientos democráticos –como representación, participación, justicia social–, aunque la “democracia” no haya sido abolida formalmente. En Latinoamérica existen tales debilidades políticas e institucionales que dificultan el desarrollo integral de democracias materiales, asociadas al fenómeno de los poderes fácticos, que conllevan a los problemas asociados a la construcción de democracias robustas tanto en sus aspectos formales y materiales.

Con estos papers presentados en este webdossier, se busca contribuir a una discusión sobre el concepto de la democracia ante contextos y procesos políticos, en los cuales los llamados poderes fácticos inciden en la toma de decisiones que afecten a la sociedad en su conjunto o diversos sectores de esta.