¿Una paz posible? Retos tras el Acuerdo de Paz de 2016
Hace casi exactamente diez años, el 24 de noviembre de 2016, se firmó en el Teatro Colón de Bogotá el Acuerdo Final de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano. Este acontecimiento se convirtió en un hito nacional e internacional. Diez años después, el panorama global es complejo y los conflictos armados se han multiplicado de manera sustancial. En 2025 se registró en el mundo el mayor número de conflictos activos desde 1946, con un aumento del 23 % entre 2016 y 20253. En Colombia, pese a encontrarse en un periodo de posacuerdo, el conflicto se ha reconfigurado a través de la mutación y expansión de redes del crimen organizado y de nuevos actores y estructuras armadas ilegales que mantienen permanentes disputas territoriales, con graves violaciones de los derechos humanos y afectaciones a las comunidades y sus territorios.
En este escenario global y nacional, marcado por el aumento de los conflictos, junto a un preocupante auge de gobiernos de ultraderecha y escenario global de los retrocesos democráticos —según el V-Dem Institute, el 74 % de la población mundial vive actualmente bajo gobiernos autoritarios—6, el Acuerdo de Paz de Colombia sigue representando una gran esperanza y conserva especial importancia como instrumento para transformar las causas que dieron origen al conflicto armado en el país. Si bien su implementación ha estado atravesada por la continuidad de la violencia como principal obstáculo estructural y ha enfrentado desafíos de distinta naturaleza, principalmente durante dos periodos de gobierno con orientaciones prácticamente opuestas, también ha dejado numerosos avances y aprendizajes.
El inicio de los diálogos entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, las negociaciones de paz y la firma final del Acuerdo de Paz tuvieron lugar durante los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos (2010-2018). En esos años también comenzó la implementación, mediante la creación de instituciones clave para este propósito. Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), la falta de voluntad política para implementar el Acuerdo de manera integral y efectiva marcó un ritmo más lento en este proceso. En ese contexto, las iniciativas de construcción de paz impulsadas desde los territorios y las organizaciones sociales, con el acompañamiento decisivo de la cooperación internacional, sostuvieron la apropiación social del proceso y su territorialización. El gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) representó un cambio significativo en la orientación política frente al Acuerdo. Al menos en términos programáticos, vinculó la paz con la negociación, la transformación territorial, la reducción de la desigualdad social y la participación de los actores sociales, con el propósito de impulsar la implementación integral
y priorizar algunos de sus principales rezagos, como la reforma rural integral. Esta apuesta se complementó y articuló con una agenda de construcción de paz más amplia, enmarcada en la política de “Paz Total”. Sin embargo, los niveles de
ejecución fueron insuficientes para traducirse en transformaciones territoriales sostenibles, en un contexto marcado por la persistencia de las dinámicas de violencia en diferentes regiones.
Actualmente, el gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella ha manifestado, tanto en su programa7 8 como en su discurso de posesión del 7 de agosto de 2026, su distanciamiento de las salidas negociadas al conflicto. También ha expresado reparos frente a la misión y el funcionamiento de una parte de la arquitectura institucional que sustenta y permite materializar el Acuerdo de Paz. Esto ha significado una ruptura con el enfoque de los últimos cuatro años. Las negociaciones con los grupos armados ya no son el instrumento central de la política de paz del Estado. A finales de agosto de 2026, De la Espriella puso fin a tres procesos de diálogo heredados de la política de Paz Total9. De esta forma, inició el tránsito de la negociación política hacia una lógica de seguridad militarista que combina la presión militar, las acciones penales y el restablecimiento del control
estatal. Bajo el mandato de De la Espriella, la paz se entiende cada vez más como el resultado del restablecimiento del monopolio estatal de la fuerza. Quien deponga las armas y se someta a la justicia podrá encontrar un camino hacia la legalidad;
quien no lo haga deberá ser combatido con todo el poder del Estado. Por ello, resulta aún más urgente insistir en lo que el Acuerdo ha significado, significa y representa como vía hacia las transformaciones que Colombia sigue necesitando desde hace más de cincuenta años.
Por lo tanto, la verdadera disputa no se centrará únicamente en determinarqué instituciones seguirán existiendo formalmente, sino también en el peso real que tendrán bajo un gobierno que entiende la seguridad principalmente como una tarea militar y policial. En este contexto, el papel de la sociedad civil consiste en evitar que la política de paz se reduzca al combate armado y en promover que se sigan priorizando los derechos de las víctimas, la búsqueda de la verdad, la reparación, la superación de la desigualdad territorial y la participación de las comunidades afectadas.