En abril de 2026, la Conferencia de Santa Marta reunió a más de cincuenta gobiernos junto a organizaciones de la sociedad civil —incluida la sociedad civil chilena— para discutir algo que hasta hace poco no tenía espacio en los grandes foros climáticos: cómo avanzar, de manera planificada y ordenada, en la salida de los combustibles fósiles. En ese contexto, los avances renovables de Chile —más del 68 % de la generación eléctrica proviene hoy de fuentes limpias— aparecieron como un referente regional, pero la delegación de sociedad civil no viajó para exhibir ese logro, sino para poner sobre la mesa los desafíos estructurales que el país aún no enfrenta: la dependencia persistente del petróleo, el gas y el carbón, y la necesidad de una transición justa.
Sin embargo, la Conferencia de Santa Marta obligó a plantear con honestidad una pregunta incómoda: ¿estamos realmente dejando atrás los combustibles fósiles?
Un nuevo informe de la ONG Uno Punto Cinco, elaborado con apoyo de la Oficina de la Fundación Heinrich Böll en Chile, Perú y Bolivia, entrega datos difíciles de ignorar. Entre 2000 y 2024, el consumo total de energía fósil en Chile aumentó un 29 %. El petróleo —que representa el 43% de la matriz primaria— creció un 50 % en el período, impulsado por un sector transporte que concentra casi el 60 % de su demanda y que mantiene exactamente el mismo patrón de consumo de hace 25 años.
Aunque la demanda por carbón cayó un 60 % desde su máximo, dicha reducción fue compensada por un aumento de consumo de gas natural, cuyo uso en generación eléctrica creció 33 % entre 2018 y 2023, ocupando el espacio que dejaba el carbón.
El estudio es claro: Chile ha diversificado su matriz, pero no ha reducido su dependencia estructural en los hidrocarburos; apenas ha redistribuido esa dependencia entre distintos energéticos fósiles.
La vulnerabilidad de fondo: una economía expuesta a precios que no controla
Chile importa prácticamente todo el petróleo, el carbón y la mayor parte del gas que consume. En 2025, el país gastó más de 12.000 millones de dólares en combustibles fósiles, un monto equivalente al presupuesto anual de salud. La producción nacional es marginal y declinante en todos los combustibles. Desde 2021, además, la importación de diésel refinado supera a la de petróleo crudo, consolidando a un número reducido de proveedores externos como actores determinantes en el funcionamiento de la economía.
Esto no es solo un problema ambiental. Es una vulnerabilidad económica y geopolítica que coloca a Chile en una posición de exposición permanente frente a decisiones y precios que no controla.
Subsidios fósiles, desigualdad y legitimidad social: la dimensión olvidada de la transición
El debate internacional es claro: los subsidios a los combustibles fósiles siguen siendo una de las principales barreras para una transición energética justa y eficaz. Para países que no producen petróleo ni gas en cantidades significativas —como Chile—, estos subsidios no solo distorsionan la estructura de incentivos, sino que profundizan una dependencia de combustibles importados que resulta cada vez más costosa.
Pero el problema es más profundo. Una transición energética que no incorpore criterios de justicia económica y social corre el riesgo de generar rechazo, especialmente si los hogares perciben que el proceso encarece la vida cotidiana o distribuye sus costos de manera regresiva.
La transición energética no es únicamente un desafío técnico; es un proyecto político y social. Requiere asegurar que los hogares más vulnerables no paguen el costo de abandonar los fósiles, que los territorios no sean meros receptores pasivos de nuevas infraestructuras, y que los beneficios —desde la reducción de la contaminación hasta nuevas oportunidades productivas— se distribuyan de manera equitativa.
Una transición que no distribuya adecuadamente sus costos y beneficios no se sostiene. Cuando los hogares ven que la vida cotidiana se encarece, que ciertos sectores quedan protegidos mientras otros asumen los ajustes, o que las decisiones se toman sin participación, el conflicto social deja de ser una hipótesis para convertirse en una respuesta lógica. La experiencia internacional es consistente: cuando los cambios energéticos se perciben como injustos, el resultado son retrocesos, congelamientos regulatorios y crisis de legitimidad. En esos escenarios, no es la técnica la que falla; es la política. Y sin legitimidad social, ninguna transición avanza lo suficiente, ni lo rápido, ni lo profundo que se requiere.
Sin una política de salida, la transición chilena seguirá incompleta
A diferencia del carbón —cuyo retiro avanza mediante acuerdos entre el gobierno y las generadoras, con varias unidades ya cerradas y un horizonte de eliminación que se discute caso a caso, sin una fecha legal única—, el gas natural no tiene ningún proceso explícito de salida en Chile. Según el instrumento de política que se consulte, aparece descrito como “combustible de transición”, como solución de bajas emisiones o como respaldo permanente para la seguridad del sistema. Esa ambigüedad no es menor: en la práctica, consolida su rol estructural y desplaza la conversación sobre cuándo —y cómo— dejar de depender de él.
La política climática chilena suma múltiples instrumentos —metas de carbono neutralidad, estrategias sectoriales, electrificación del transporte, impuesto al carbono—, pero ninguno responde la pregunta central: ¿están reduciendo en conjunto la dependencia del país respecto de los combustibles fósiles?
El diagnóstico de Uno.Cinco es categórico: las políticas vigentes modifican la composición interna de la matriz, no su naturaleza fósil. Se avanza en descarbonización del sistema eléctrico, pero no en la salida efectiva de los combustibles fósiles como condición estructural del desarrollo.
Santa Marta abrió una puerta que Chile podría aprovechar
La Conferencia de Santa Marta marcó un punto de inflexión en la diplomacia climática: por primera vez, una reunión internacional centrada exclusivamente en el retiro de los combustibles fósiles acordó pasar de la retórica a la implementación concreta. Los 57 países participantes acordaron tres líneas de trabajo: diseñar hojas de ruta nacionales de transición, reformar las estructuras fiscales y de subsidios que atan a los países a los fósiles, y reorientar los sistemas de comercio hacia alternativas limpias.
Para Chile, esa agenda tiene un eco particular. El país no estuvo entre quienes lideraron esos compromisos, y esa ausencia no es menor. No basta con celebrar la expansión renovable. La pregunta clave es otra: ¿está Chile dispuesto a construir una política explícita de reducción del uso de combustibles fósiles, que sea técnica y políticamente viable, socialmente justa y territorialmente equilibrada?
El país tiene recursos renovables excepcionales, una flota de buses eléctricos referente en la región y experiencia en el retiro del carbón. Lo que falta es voluntad política para articular esos avances bajo un objetivo común: emitir menos y depender menos. Las tres líneas de trabajo acordadas en Santa Marta son exactamente el tipo de política integrada que hoy no existe en Chile. La próxima conferencia será en Tuvalu en 2027 — ese es el momento para participar, no como observador, sino como parte activa de la coalición que está construyendo las reglas del juego de la transición global.
Santa Marta dejó claro lo que falta y hacia dónde avanzar. Toca pasar del diagnóstico a la implementación.
Referencias:
– Uno.Cinco. (2026). Estado de los Combustibles Fósiles en Chile. ttps://cl.boell.org/es/2026/04/28/estado-de-los-combustibles-fosiles-en-chile