1. Contexto: entre ambición normativa y limitaciones estructurales
La gobernanza climática atraviesa un momento de inflexión, marcado por una creciente sofisticación normativa que no siempre se traduce en transformaciones efectivas. En las últimas décadas, el desarrollo del derecho internacional del cambio climático ha permitido consolidar compromisos cada vez más ambiciosos, marcos institucionales más complejos y una integración progresiva de enfoques de derechos humanos, justicia climática y sostenibilidad. Sin embargo, estos avances conviven con una incapacidad persistente para traducir dichos compromisos en cambios estructurales en los territorios.
Este desafío se refleja con claridad en el caso colombiano. En 2025, el país presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), un instrumento que incorpora principios, enfoques de derechos humanos y metas de mitigación y adaptación. Entre sus avances más relevantes se encuentra la definición de un tope absoluto de emisiones, así como la incorporación de enfoques de transición justa, participación y equidad territorial.
No obstante, más allá de su ambición declarativa, la NDC 3.0 mantiene un carácter predominantemente programático. Aunque define prioridades, líneas de acción y marcos institucionales, persisten vacíos significativos en la desagregación sectorial de las metas, en la asignación concreta de responsabilidades y en la definición de mecanismos verificables de seguimiento y evaluación. En otras palabras, el instrumento avanza en el plano normativo, pero deja abiertos interrogantes fundamentales sobre su operatividad real.
Esta tensión entre ambición normativa y operatividad no es una anomalía aislada, sino una expresión de las limitaciones estructurales de la gobernanza climática global. El caso colombiano, lejos de ser excepcional, refleja una dinámica más amplia en la que los compromisos internacionales avanzan en sofisticación y alcance, mientras persisten dificultades para su materialización efectiva.
Previo a la COP30 el escenario ya permitía anticipar limitaciones importantes en términos de ambición y consenso. El retraso en la presentación de varias NDC 3.0, y las tensiones derivadas de cambios en la política climática de actores clave y el debilitamiento del multilateralismo, configuraban un panorama en el que los avances sustantivos en temas críticos, como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, resultaban inciertos. Lejos de ser un resultado inesperado, los límites observados en la COP30 confirman esta tendencia.
2. Primer diálogo: estándares, derechos y gobernanza climática
Ante esta brecha entre compromisos y resultados, se hizo evidente la necesidad de explorar enfoques complementarios a la gobernanza global, más allá de las negociaciones internacionales. En esa dirección, y aprovechando las experiencias acumuladas por la Fundación Heinrich Böll Bogotá y la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos (RICEDH), así como el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Externado de Colombia, surgió la iniciativa de promover diálogos multiactor orientados a fortalecer la gobernanza climática desde una perspectiva jurídica, política y territorial.
El primer encuentro, realizado el 4 de diciembre de 2025, se abrió con intervenciones institucionales que situaron el propósito de los conversatorios. Las palabras de Evelyn Hartig, directora de la Fundación Heinrich Böll, y del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana Dr. Juan Carlos Botero, subrayaron la importancia de consolidar espacios de diálogo multiactor para enfrentar la crisis climática y la necesidad de dar continuidad a estos procesos..
El conversatorio: “Emergencia climática y justicia social: el impacto de la Opinión Consultiva 32 en la implementación de los compromisos climáticos en el contexto de la COP30” se configuró como un espacio de reflexión estratégica sobre el papel del derecho internacional en la transformación de las políticas climáticas. Reunió a académicos y académicas, operadores jurídicos, representantes de la sociedad civil y jóvenes estudiantes, generando un diálogo de alta calidad y relevancia.
La OC-32 fue presentada como un hito en la consolidación de estándares interamericanos que vinculan de manera estructural el cambio climático con los derechos humanos y orientan políticas climáticas más inclusivas, intergeneracionales y centradas en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
El panel, integrado por Dayana Becerra, Henry Jiménez, Catalina Rivera y Dilia Paola Gómez, moderado por Julián Buitrago, ofreció aproximaciones complementarias desde la academia y la práctica jurídica. Se sumaron las reflexiones de figuras clave del ámbito jurídico colombiano e interamericano, como Jorge Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, Antonio Lizarazo, magistrado en retiro, y Catalina Botero, ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, que permitieron situar la discusión en la intersección entre el derecho internacional, el constitucionalismo y política pública.
Uno de los consensos emergentes fue que la OC-32 redefine el papel del derecho internacional en la acción climática, al introducir estándares que pueden incidir en la toma de decisiones públicas y fortalecer la exigibilidad de los compromisos.. El principal desafío ya no radica en la ausencia de normas, sino en la persistente brecha entre compromisos y resultados.
Las intervenciones coincidieron en que el cambio climático exacerba desigualdades preexistentes, por lo que la política climática debe incorporar un enfoque diferenciado que reconozca estas asimetrías. . La participación de la sociedad civil aportó experiencias territoriales que evidenciaron limitaciones de los marcos normativos actuales yla presencia activa de jóvenes introdujo una perspectiva generacional clave..
El encuentro dejó planteada una pregunta central: ¿cómo traducir estos estándares en decisiones públicas efectivas? Esta interrogante marcó el paso hacia el segundo día de los conversatorios.
3. Segundo diálogo: implementación, territorio y acción climática
El segundo encuentro, realizado en la Universidad Externado de Colombia, profundizó esta discusión desde la perspectiva de la gestión. La jornada se abrió con una intervención de la profesora Magdalena Correa, de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, y la Prof. Dilia Paola Gómez Patiño de la Universidad Militar Nueva Granada y miembro de la RICEDH, quienes destacaron la necesidad de fortalecer el vínculo entre el desarrollo normativo y su materialización en políticas públicas.
A diferencia del primer diálogo, centrado en la construcción de estándares, esta segunda jornada abordó las limitaciones estructurales de la acción climática en contextos reales. La profesora Lina Muñoz planteó un diagnóstico contundente: el mundo enfrenta un momento crítico en la gobernanza climática, en el que los avances normativos no se corresponden con resultados efectivos en términos de mitigación y adaptación.
En el caso colombiano, esta brecha se expresa en la coexistencia de una arquitectura normativa avanzada con dificultades persistentes de ejecución. Como señaló el exmagistrado Jorge Iván Palacio, el país ha sido pionero en el reconocimiento jurídico de la naturaleza como sujeto de derechos, pero estos avances no siempre se traducen en transformaciones institucionales o territoriales.
Esto introduce una tensión: el liderazgo judicial y la limitada capacidad de acción de otros poderes del Estado. La judicialización ha impulsado avances importantes, pero sustituye la función del legislador ni del ejecutivo. En este sentido, la propuesta de crear una comisión especializada en cambio climático en el Congreso busca corregir esta asimetría y fortalecer la gobernanza desde el ámbito legislativo.
Desde la perspectiva de la política pública, Felipe Clavijo subrayó que las transformaciones necesarias enfrentan obstáculos estructurales relacionados con el modelo económico, el uso del suelo y la persistencia de sectores intensivos en carbono, lo que evidencia que la transición ecológica, no es únicamente un desafío técnico, sino político.
Esta dimensión se vuelve aún más compleja al incorporar el enfoque territorial. Como señaló Juliana Sepúlveda, existe una brecha entre los debates académicos y las realidades locales. En regiones como el Pacífico colombiano o el Catatumbo, el cambio climático interactúa con economías ilegales, minería informal y violencia armada, lo que exige respuestas integrales.
El análisis conjunto de los diálogos permite identificar una conclusión central: la NDC 3.0 representa un avance importante, pero no resuelve el problema de fondo. Su carácter programático, la falta de desagregación sectorial y la debilidad de los mecanismos de seguimiento reflejan una limitación estructural que trasciende el caso colombiano.
La efectividad de la política climática depende de la construcción de una gobernanza multinivel y multiactor, que articula Estado, academia, sociedad civil y comunidades. La acción climática no se define en los compromisos, sino en la capacidad de traducirlos en transformaciones reales en los territorios.
El caso colombiano expresa los desafíos estructurales de la gobernanza climática contemporánea. La brecha entre ambición normativa y resultados sigue siendo el principal obstáculo, y su superación dependerá de la capacidad de construir nuevas formas de articulación, decisión y acción colectiva.