Transición justa después de Belém: entre la ventana histórica y el espejismo político

La transición justa no nació en la COP30. Tampoco nació en Dubái ni en Sharm el-Sheikh. Su genealogía es más larga, más compleja y profundamente política. Surge de las luchas del movimiento sindical internacional en los años noventa; se afirma como demanda de la clase trabajadora frente a los impactos sociales de la descarbonización; se traduce lentamente en lenguaje diplomático a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, tras al menos dos décadas de resistencia política del Norte Global, se abre paso dentro de la arquitectura climática. Pero su incorporación al régimen de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha sido tardía, fragmentada y con un alto costo político.

La primera ancla explícita dentro de la CMNUCC aparece en 2015, cuando el concepto queda mencionado en el Preámbulo del Acuerdo de París como condición necesaria para que la acción climática no destruya empleos, vidas ni territorios. Aun así, entre 2015 y 2020, la transición justa permaneció relegada: un concepto inspiracional sin traducción institucional, sin programas de trabajo, sin financiamiento y sin estructuras que la volvieran operativa. Su lugar era simbólico, no estructural. Es recién en 2021–2022 cuando el debate comienza a tomar cuerpo político. Un número creciente de países, principalmente del Sur Global, junto con la sociedad civil, sindicatos, movimientos de mujeres, juventudes y pueblos indígenas, empieza a exigir que la transición se entienda más allá de la energía, deje de estar dominada por visiones tecnocráticas y responda de frente a las desigualdades estructurales. El argumento central es tan sencillo como contundente: no hay transición posible si profundiza la pobreza, la precariedad o la violencia territorial.

En ese contexto, la COP27 (Sharm el-Sheikh, 2022) crea finalmente el Programa de Trabajo sobre Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés). Su adopción marca un reconocimiento tardío de que la transición no es solo un asunto energético, sino un proceso económico, social y civilizatorio. Sin embargo, el mandato de Sharm fue claramente insuficiente: el JTWP nació sin financiamiento, sin estructura, sin obligaciones y sin una visión integral que articulara transición energética, justicia social, trabajo decente y derechos humanos. Era, en el mejor de los casos, un esqueleto para abrir la conversación. La COP28 (Dubái, 2023) profundiza ese vacío al acordar que el JTWP operaría únicamente mediante diálogos, no mediante mecanismos ni instrumentos vinculantes. Dubái lo convirtió en un programa de trabajo que no trabaja: un espacio de intercambio de experiencias que no responde ni a la urgencia climática ni a las desigualdades que dice abordar. Los países desarrollados defendieron este diseño precisamente para evitar que la transición justa adquiriera responsabilidades financieras basadas en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas o contenido prescriptivo que pudiera traducirse en obligaciones adicionales o en límites a las industrias extractivas.

La COP29 (Bakú, 2024) empeora aún más este cuadro: las negociaciones del JTWP colapsan bajo la Regla 16, sin acuerdo alguno. El programa queda paralizado, vacío de ambición y sin horizonte, porque para demasiados países los derechos humanos son negociables, prescindibles o simplemente incómodos cuando se trata de proteger intereses fósiles. Bakú confirma que la transición justa es, en realidad, un campo de disputa geopolítica: el Norte teme que se convierta en una puerta de entrada hacia obligaciones distributivas, compromisos sobre combustibles fósiles, minerales críticos y reformas financieras profundas; el Sur exige que la agenda vaya más allá del discurso y tenga capacidad de procesar transformaciones estructurales.

No es hasta los 62.º Órganos Subsidiarios (SB62, Bonn, junio de 2025) cuando el panorama comienza a moverse, no porque se estuviera negociando la operacionalización del JTWP… eso aún era políticamente imposible. Sino porque se empieza a recomponer, muy lentamente, una atmósfera de confianza después del colapso de Bakú bajo la Regla 16. Los SB62 funcionaron como un espacio de deshielo: un momento en el que las Partes, desgastadas por el fracaso, se mostraron más dispuestas a escuchar, aunque no necesariamente a ceder. En paralelo, la sociedad civil^[1] llegó con propuestas más articuladas para dotar de cuerpo al JTWP, incluida la idea de un mecanismo que conectara procesos dentro y fuera de la Convención, aun sabiendo que, en ese momento, la conversación entre las Partes todavía no estaba lista para asumir un salto institucional de esa magnitud. La desconfianza seguía siendo muy profunda, y la transición justa permanecía atrapada en un limbo diplomático: demasiado importante para desaparecer, pero demasiado sensible para ser institucionalizada.

Es en el inicio de la COP30, ya en Belém, donde ocurre el giro político decisivo. Allí, en las primeras sesiones de negociación, G77+China rompe el bloqueo y exige que el JTWP pase finalmente de “solo diálogos” a un mandato de implementación. La presión no surge de un entusiasmo repentino, sino de una acumulación de frustraciones: las NDCs 3.0 habían llegado quebradas, el financiamiento seguía ausente, la agenda de mitigación estaba siendo sistemáticamente diluida y la transición justa era vista por muchos países como el único espacio donde podía lograrse un avance significativo. Pero, precisamente por eso, la resistencia del Norte se volvió más rígida. Para muchos países desarrollados, hablar de mecanismos, financiamiento o institucionalización era entrar en un terreno que tocaba cuestiones de responsabilidad histórica y de redistribución que querían evitar bajo la excusa de una creciente demanda de recursos para mantener la convención.

Así llegamos a Belém: con un JTWP debilitado, un Sur Global cada vez más movilizado, un Norte profundamente defensivo y un proceso político que arrastraba heridas abiertas desde Bakú. No es una COP cualquiera. Es la primera celebrada en la Amazonía, la primera que coincide con la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia^[2] sobre cambio climático, y la primera que ocurre mientras el ciclo de NDCs 3.0 llega roto, con metas insuficientes y enormes brechas de implementación. Belém carga, además, con un simbolismo profundo: un territorio que encarna tanto la belleza como la violencia del modelo extractivo, y el epicentro de tensiones históricas entre economía, desigualdad, biodiversidad y justicia socioambiental. Para América Latina, representa también una rareza: después de décadas sin COP en la región, se abría una ventana para que las demandas latinoamericanas —sobre deuda ecológica, justicia financiera, derechos de los pueblos y protección de la Amazonía— tuvieran mayor fuerza política.

La COP30 era, en ese sentido, la oportunidad histórica para reparar el déficit político que arrastraba el JTWP desde su creación: avanzar de la retórica a la implementación, no solo por mandato técnico, sino por urgencia social y ecológica. Pero Belém no solo reveló avances: también expuso con claridad quirúrgica la fuerza de los intereses fósiles, la dureza de las medidas unilaterales del Norte, la fragilidad del financiamiento climático y la profundización de las fracturas Sur–Sur, en un proceso que, demasiadas veces, se mostró arrodillado a los intereses de las grandes potencias y de las industrias de combustibles fósiles. La transición justa avanzó, sí… pero lo hizo en un ecosistema político donde casi todo lo demás retrocedió.

Capítulo I — Entre la ambición y el bloqueo: cómo se renegoció (y se vació) la transición

La tensión más evidente en Belém fue la incoherencia entre la ciencia y la política. Mientras la comunidad científica y la sociedad civil han insistido en que no es posible mantener el límite de 1.5°C sin una eliminación rápida, equitativa, justa y planificada de los combustibles fósiles, el proceso de negociación retrocedió incluso respecto al Global Stocktake acordado en Dubái. Se insistió en que en el JTWP, en el Programa de Trabajo de Mitigación (MWP, por sus siglas en inglés) o en la decisión del Global Mutirão^[3] se incluyera de manera explícita la salida de los fósiles. Pero estas menciones desaparecieron por completo de todos los textos finales, sustituidas por una referencia insípida al “consenso de Emiratos Árabes”: sin obligaciones, sin plan, sin dirección.

Este retroceso se produjo en un contexto donde el ciclo de NDCs 3.0 mostró una fragilidad preocupante. La mayoría de países no cumplió con la entrega de sus contribuciones, muchas están desalineadas entre sí, y no existe claridad sobre su implementación. Esto rompe la dinámica de confianza mutua que sustenta a la CMNUCC y deja al régimen sin brújula. Una COP en la Amazonía —y con el propio Lula forzando el debate global sobre fósiles— terminó sin una sola referencia a transición energética. No es un descuido: es la prueba viva de un régimen climático sometido a la arquitectura del poder fósil, donde los conflictos de interés no solo sobreviven, sino que dictan el límite de lo posible.

A ello se sumó la batalla por el comercio. Países del Sur Global intentaron incluir en el JTWP los impactos de medidas unilaterales impuestas por las grandes potencias (como el CBAM europeo^[4]), señalando que estas “medidas climáticas” distorsionan mercados, desplazan costos hacia economías vulnerables y socavan la justicia climática -profundizando las desigualdades históricas, sometiendo a los países a la competitividad desleal y profundizando la deuda ilegítima. La Unión Europea bloqueó cualquier formulación crítica, alineando la negociación con la defensa de su arquitectura comercial y su competitividad antes que con la coherencia climática. Esta tensión reveló un punto crucial: no puede haber transición justa global mientras la arquitectura financiera y comercial siga siendo inherentemente desigual y extractiva.

Capítulo II — Aérica Latina: liderazgo político en medio de fracturas geopolíticas y abusmos procedimentales

América Latina llegó a la COP30 con una idea política clara y ambiciosa: vincular la justicia climática con la justicia económica; integrar de manera explícita los derechos humanos, incluidos los derechos de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales; fortalecer la participación de sindicatos, niñeces, juventudes y mujeres; y exigir responsabilidad histórica al Norte en materia de financiamiento público, coherencia en políticas comerciales y reformas profundas al sistema financiero internacional. Delegaciones como Colombia, Chile, Panamá, Uruguay y varios países caribeños articularon posiciones coherentes con esta visión: transiciones que no reproduzcan desigualdades, financiamientos no generadores de deuda y un reconocimiento firme de las violencias socioambientales que viven los territorios. América Latina llegó con claridad conceptual, narrativa y moral.

Sin embargo, esa claridad chocó rápidamente con un entorno geopolítico adverso y con fracturas internas que fueron hábilmente explotadas por potencias fósiles y países desarrollados. La tensión más visible emergió con Brasil, país anfitrión y presidencia de la COP. En vez de ejercer un liderazgo regional que potenciara las prioridades latinoamericanas, Brasil adoptó una postura ambigua: operó como potencia G20, profundamente alineada con los BRICS y con los intereses de países productores de combustibles fósiles, incluso cuando ello implicaba sacrificar posiciones estructurales del propio continente. Esta ambivalencia se materializó en la priorización del Mutirão —centrado en Art. 9.1, medidas unilaterales de comercio, NDCs y transparencia— por encima del Paquete Belém, donde estaban las demandas más profundamente latinoamericanas: financiamiento público, justicia económica, protección de la Amazonía, derechos humanos y ambición en la eliminación progresiva de combustibles fósiles.

El resultado fue evidente: Brasil, lejos de fortalecer una voz latinoamericana colectiva, terminó debilitando la cohesión regional. En el plenario final, países como Colombia, Uruguay y Panamá objetaron formalmente aspectos sustantivos y procedimentales de las decisiones adoptadas. Para muchos, este quiebre regional fue doloroso, pero inevitable: dejó al descubierto que la presidencia no actuó como garante de la región, sino como actor que —en la práctica— priorizó alianzas externas antes que la defensa de las vulnerabilidades y aspiraciones latinoamericanas.

A estas tensiones se sumó la insistencia del Grupo Africano en el reconocimiento de “circunstancias especiales”, una demanda sin base jurídica dentro de la arquitectura de París y con potenciales efectos redistributivos sobre el acceso a financiamiento. Varios países de América Latina y el Caribe (ALC) advirtieron que aceptar este reconocimiento podría desplazar a la región hacia una posición todavía más marginal en el acceso a recursos financieros, profundizando una desigualdad ya evidente. La fractura Sur–Sur fue intensa: América Latina se vio obligada a defenderse no solo del Norte Global, sino también de aliados tradicionales. La región terminó arrinconada, mientras su propio vecino continental empujaba decisiones que le perjudicaban.

Pero el conflicto más grave no fue de contenido, sino de procedimiento. Varios negociadores latinoamericanos han señalado que las reglas básicas del multilateralismo fueron violentadas de manera flagrante en Belém. La presidencia brasileña repitió y profundizó un patrón preocupante que ya se había visto en Dubái (cuando se gaveló el Balance Global (GST) en ausencia de países insulares) y en Bakú (cuando se aprobó la Nueva Meta Cuantificable y Colectiva de Financiamiento Climático (NCQG) pese a las objeciones de India). En Belém, la presidencia adoptó decisiones de manera unilateral, gavelándolas sin mirar al plenario, ignorando múltiples solicitudes de la palabra, puntos de orden y objeciones explícitas de países latinoamericanos. Al menos dos decisiones —la de la Meta Global de Adaptación (GGA) y la del Programa de Trabajo de Mitigación— fueron gaveladas pese a la ausencia de consenso, dejando un precedente peligrosísimo: el consenso dejó de ser un requisito operativo y se convirtió en una formalidad prescindible cuando no convenía a los intereses del bloque que presidía la COP.

La presidencia sabía que habría objeciones y aun así decidió ignorarlas. En la práctica, se impuso una lógica de “tómalo o déjalo”, una narrativa del paquete indivisible que restringió la capacidad negociadora de los países y eliminó cualquier dinámica de diálogo real. No hubo sesiones de texto proyectado, no hubo brackets^[5], no hubo opciones alternativas, no hubo construcción deliberativa de lenguaje. Las decisiones del Paquete Belém se cocinaron en cuartos cerrados, con consultas asimétricas y con exclusiones evidentes. Brasil otorgó acceso privilegiado a ciertos países —particularmente aliados fósiles y miembros de BRICS— mientras relegó sistemáticamente a varios países latinoamericanos. Esto no pasó desapercibido: fue visible para observadores, para delegaciones del Caribe y para múltiples grupos del Sur Global.

El maltrato regional alcanzó un punto crítico cuando, durante el plenario final, Rusia lanzó lo que pretendió como un insulto explícito contra América Latina^[6], una agresión que la presidencia brasileña no reprimió ni corrigió, validando con su silencio una falta de respeto diplomática de extrema gravedad. Arabia Saudita también respaldó la metodología procedimental de Brasil con entusiasmo. Para muchos en la región, este episodio confirmó que la presidencia actuó más alineada con intereses fósiles que con la integridad del proceso o con las necesidades de la región que representaba.

En este contexto, la ausencia total de lenguaje sobre combustibles fósiles en los textos adoptados adquiere un significado más profundo y más alarmante. No es solo un retroceso conceptual: es evidencia directa de la fuerza del lobby fósil y de su capacidad para influir en procedimientos, en dinámicas de sala, en narrativas presidenciales y en el silenciamiento de países que intentaron defender la ciencia y el derecho internacional. Como lo ha señalado la comunidad jurídica internacional, incluyendo la reciente Opinión Consultiva de la CIJ, es imposible cumplir con las obligaciones climáticas sin la eliminación rápida, justa, equitativa y ordenada de la producción y el uso de combustibles fósiles. Y, sin embargo, la presidencia brasileña defendió un texto que no solo evitó mencionar fósiles, sino que se aprobó mediante un procedimiento que vulneró la legitimidad de la COP.

La COP30 no fue justa con América Latina. No solo porque sus prioridades sustantivas fueron debilitadas o ignoradas, sino porque varios de sus países fueron explícitamente silenciados en el momento decisivo. Algunos países de la región (los mencionados anteriormente), diversa y compleja, terminó unida en un punto clave: denunciar, desde distintos espectros, que la COP30 produjo resultados ilegítimos, adoptados sin consenso, con graves abusos procedimentales y con una evidente captura fósil del proceso. En ello reside una paradoja amarga pero poderosa. América Latina, aún dividida en muchos frentes, habló con una sola voz sobre la falta de integridad del proceso.

Las fracturas internas en ALC no son anecdóticas: debilitan la capacidad de incidencia colectiva y fortalecen a los actores que buscan mantener el statu quo fósil. Sin embargo, también revelan algo más profundo: la región tiene convicciones y límites éticos que no está dispuesta a sacrificar, incluso cuando la presidencia regional le da la espalda. El episodio de Belém deja una lección dura, pero estratégica: sin cohesión latinoamericana, sin un frente regional sólido y sin procedimientos legítimos, los avances estructurales (como el Mecanismo de Acción de Belém) corren el riesgo de nacer debilitados en un sistema que, cada vez más, opera para evitar decisiones que enfrenten a los combustibles fósiles y los intereses económicos que los sostienen.

Capítulo III — Del texto a la acción: hacia un mecanismo de transición justa en disputa

En medio de una COP marcada por fracturas, retrocesos y graves déficits procedimentales, el Programa de Trabajo sobre Transición Justa emergió como una excepción: el único espacio donde se logró —parcialmente— romper el bloqueo político estructural que había paralizado la agenda durante dos años. La decisión de desarrollar un mecanismo de transición justa en 2026, bautizado por la sociedad civil como Mecanismo de Acción de Belém, constituye un avance significativo no porque resuelva la agenda, sino porque abre formalmente el terreno donde ahora se librará la disputa central sobre qué significa —y para quién será— la transición justa en la arquitectura climática internacional.

Este mandato, contenido en el párrafo operativo 25 del texto final^[7], rompe la lógica de “solo diálogos” impuesta en Dubái, una lógica que había vaciado al JTWP de contenido, lo había reducido a un foro de intercambio simbólico y lo había impedido evolucionar hacia una herramienta con capacidad de transformación real. Que exista ahora un proceso para su diseño —con submissions en 2026 y un borrador para adopción en la COP31— significa, políticamente, que el Sur Global logró abrir un espacio institucional donde antes solo había una pared.

Pero abrir el espacio no equivale a ganar la disputa. De hecho, la decisión revela que la batalla real apenas comienza.

El texto final nace debilitado por la ausencia total de referencias a combustibles fósiles —una omisión que, en un mecanismo destinado a gestionar transiciones socioeconómicas profundas, equivale a borrar el corazón del problema. Sin embargo, el mismo texto es, al mismo tiempo, sorprendentemente robusto en su arquitectura de derechos. El párrafo 12 del JTWP incorpora principios que rara vez sobreviven intactos en decisiones de la COP: autodeterminación de pueblos indígenas, consentimiento previo, libre e informado, protección de pueblos en aislamiento voluntario, igualdad de género, enfoque interseccional, justicia laboral, educación y reconversión profesional, integridad de ecosistemas, inclusión de pueblos afrodescendientes y comunidades locales, derechos de niñas, niños y juventudes, y participación amplia y significativa.

En un régimen cada vez más tecnocratizado, donde el lenguaje de derechos suele ser sustituido por tecnicismos contables o métricas neutralizadas, esta es una victoria política profunda del Sur Global y de los movimientos sociales. La sociedad civil logró insertar casi todos los principios estructurales de su propuesta original, creando un marco ético que ahora deberá defenderse en la fase más peligrosa: su operacionalización.

Porque si algo mostró la COP30 es que la forma en que se adoptan las decisiones es tan importante como su contenido. El precedente de la Meta Global de Adaptación —gavelada sin consenso, con lenguaje diluido y retrocesos significativos en obligaciones financieras— expone un riesgo inminente: que el mismo patrón se implemente en el diseño del mecanismo de transición justa. El GGA dejó claro que un texto puede ser vaciado en la práctica mediante procesos opacos, exclusión de países y consulta asimétrica. Si ese método, que privilegia a potencias fósiles y actores influyentes, se replica en 2026, el Mecanismo de Acción de Belém podría nacer debilitado, capturado o convertido en un mero espacio administrativo sin capacidad de incidir en la redistribución de recursos, riesgos o beneficios de la transición energética global.

La opacidad de la COP30 agrava estas preocupaciones. Una agenda de transición justa que se negocia sin transparencia reproduce, por diseño, las mismas desigualdades que afirma combatir. Un mecanismo construido en la oscuridad no puede aspirar a guiar transiciones justas. Por ello, la conversación que viene debe desplazarse necesariamente del “qué se aprobó” al “cómo debe ser el mecanismo”. La decisión de Belém nos da un esqueleto, pero el cuerpo —su gobernanza, funciones, alcance y financiamiento— será definido por la disputa política de 2026 y 2027.

Un mecanismo de transición justa significativo debe ser, en esencia, cuatro cosas:

Primero, un espacio con mandato claro para acompañar la eliminación progresiva de combustibles fósiles, articulado con los compromisos del Global Stocktake y con las obligaciones emergentes del derecho internacional, incluyendo la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia. No puede limitarse a “mitigar impactos sociales”: debe orientar un cambio estructural que aborde la causa de esos impactos.

Segundo, una plataforma con acceso garantizado a financiamiento concesional, no generador de deuda, adicional y público, como sugiere el párrafo 22 de la decisión. Una transición justa sin recursos es solo una narrativa; con recursos, puede ser un instrumento de redistribución y reparación.

Tercero, un mecanismo con gobernanza participativa vinculante: no basta invitar a la sociedad civil —como se hace en el párrafo 13—, es necesario otorgarle un rol formal, permanente y con capacidad de incidir en prioridades, metodologías y salvaguardas. La transición justa nace de los territorios; su gobernanza también debe hacerlo.

Cuarto, un instrumento capaz de articular justicia económica con justicia climática, incluyendo impactos de comercio internacional, reconversión laboral, protección social, soberanía energética y adaptación transformadora. La transición justa no es marginal a la acción climática: es la forma en que mitigar, adaptar y financiar deben hacerse.

El Mecanismo de Acción de Belém puede convertirse en el instrumento más transformador desde el Acuerdo de París o en un cascarón vacío capturado por intereses fósiles, tecnocracias y potencias geopolíticas. En Belém se abrió la puerta; lo que ocurra al cruzarla definirá no solo el futuro del JTWP, sino la credibilidad misma del régimen climático y la posibilidad real de una transición que no repita los patrones históricos de desigualdad, extractivismo y sacrificio territorial que han marcado la región y el planeta.

La conversación debe ir allí. No basta con celebrar que se abrió el proceso: ahora hay que disputar su contenido. Sin mecanismos fuertes de gobernanza justa, financiamiento suficiente y orientación explícita hacia la eliminación de los combustibles fósiles, no habrá transición justa. Habrá, como mucho, una transición administrada por los mismos intereses que han producido la crisis.

Después de Belém: o hay multilateralismo de los pueblos, o no habrá transición justa

Belém dejó algo muy claro: la transición justa ya no es un debate técnico ni una nota al pie en los textos de la Convención. Es un campo de batalla donde se disputan modelos de desarrollo, poder geopolítico, responsabilidades históricas y el sentido mismo del futuro económico global. La COP30 logró un avance institucional —la apertura del camino hacia un mecanismo de transición justa—, pero lo hizo en medio de un retroceso alarmante en todo lo que debería sostener ese mecanismo: crisis de legitimidad en otras decisiones, ambición climática rota, NDCs 3.0 quebradas y un financiamiento que sigue siendo insuficiente, opaco y políticamente manipulado.

El desorden político que rodeó a Belém no es un accidente; es la forma en que opera hoy el multilateralismo climático. Las discusiones sobre el Nuevo Objetivo Cuantificado de Financiamiento (NCQG), la ruta Bakú–Belén para 1,3 billones de dólares, el Artículo 9.1, los diálogos sobre el Artículo 2.1(c) y el propio Programa de Trabajo de Mitigación mostraron hasta qué punto los países desarrollados están dispuestos a estirar la retórica climática sin tocar el núcleo del problema: su responsabilidad histórica, su deuda ecológica y su negativa a asumir obligaciones financieras claras, adicionales y no generadoras de deuda. Mientras se “toma nota” de rutas de financiamiento que no se adoptan, se diluye la triplicación de la adaptación hasta 2035 y se abre la puerta a un protagonismo creciente del financiamiento privado, la arquitectura financiera global —con evasión fiscal, paraísos fiscales y deudas impagables— sigue intacta. En paralelo, medidas unilaterales de comercio y financiamiento se consolidan como mecanismos de “disciplinamiento climático”.

En este contexto, el Mecanismo de Acción de Belém corre el riesgo de convertirse en un espejismo político: una etiqueta de justicia pegada sobre una arquitectura financiera y comercial que sigue siendo profundamente injusta y extractiva. Todo lo que no logremos inscribir ahora —financiamiento público suficiente, reglas claras para desmontar el poder fósil, salvaguardas frente al extractivismo verde, participación vinculante de los pueblos y territorios— será terreno ganado por quienes quieren una transición administrada desde arriba.

La COP30 demostró, además, que la captura fósil no se expresa solo en los textos, sino en los procedimientos. Lo que ocurrió en Belém con los gavels sin consenso y el silenciamiento de América Latina no es un desliz puntual, es un síntoma: un régimen que adopta decisiones ilegítimas para proteger intereses fósiles está renunciando, de facto, a su papel como espacio de gobernanza global y acercándose peligrosamente a ser un foro de administración del statu quo.

En este escenario, el Mecanismo de Acción de Belém es, a la vez, ventana histórica y posible espejismo. Ventana histórica porque abre, por primera vez, la posibilidad de institucionalizar una transición justa que conecte derechos humanos, justicia económica, finanzas, comercio, trabajo decente, pueblos indígenas, niñeces y territorios. Espejismo, porque puede quedar reducido a un cascarón vacío si su diseño es capturado por los mismos actores que, en Belém, borraron a los combustibles fósiles del texto y sacrificaron la legitimidad del proceso para proteger sus intereses.

La pregunta después de Belém no es si la transición justa es necesaria. Eso ya lo sabemos, y lo gritan todos los días las comunidades que viven en carne propia la crisis climática y la violencia del extractivismo. La pregunta es quién va a definir su contenido, bajo qué reglas y al servicio de quién. Un mecanismo decidido en cuartos cerrados, sin participación vinculante de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, niñeces y juventudes, sindicatos, comunidades locales, movimientos feministas, personas con discapacidad, de la comunidad LGBTIQ+, entre otras, no será un mecanismo de transición justa: será un dispositivo de gestión de la desigualdad.

Por eso, lo que está en juego en los próximos años no es solo la arquitectura del JTWP, sino el tipo de multilateralismo que va a sobrevivir. O avanzamos hacia un multilateralismo de los pueblos, que reconozca la centralidad de los territorios, rompa la captura fósil, repare la deuda histórica y redistribuya poder, recursos y capacidades; o seguiremos atrapados en un multilateralismo de vitrinas, donde se proclaman derechos mientras se pactan silencios. Después de Belém, la línea es clara: o hay transición justa construida desde los pueblos, o lo que habrá será una transición diseñada para que el orden fósil se prolongue con otro nombre.