Entre la retórica y la transformación: la transición justa en el diálogo birregional CELAC–UE

La Cumbre CELAC–UE y el contexto político del diálogo birregional

En 2023, el relanzamiento del diálogo birregional entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) en la Cumbre de Bruselas marcó un punto de inflexión tras ocho años sin encuentros de alto nivel. La Declaración conjunta  fue celebrada como una renovación de la “asociación estratégica”, con compromisos en torno a la transición verde y digital, la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la igualdad de género y la promoción del multilateralismo inclusivo. Desde una perspectiva latinoamericana, varios elementos fueron considerados avances importantes: el reconocimiento del impacto histórico de la esclavitud y la trata transatlántica, con referencias al Plan de Diez Puntos para la Justicia Reparadora de CARICOM; la reafirmación del derecho al desarrollo como parte integral de los derechos humanos; el llamado explícito a poner fin al bloqueo económico contra Cuba y a eliminar medidas con efectos extraterritoriales; y el compromiso de trabajar por una gobernanza global más justa, incluyendo la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y el fortalecimiento del sistema multilateral (UE-CELAC, 2023).

En materia ambiental y climática, la Declaración de 2023 incluyó compromisos de alto nivel: reiteró la importancia del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas (CBDR-RC); expresó preocupación por los impactos del cambio climático en regiones vulnerables; reafirmó el compromiso de movilizar 100.000 millones USD anuales de financiamiento climático y de duplicar el financiamiento para adaptación hacia 2025; celebró la creación del Fondo de Pérdidas y Daños; llamó a acelerar las energías renovables y la eficiencia energética en línea con el objetivo de 1,5°C; y vinculó cambio climático, biodiversidad y desertificación a una agenda común bajo las tres Convenciones de Río. Estas referencias fueron interpretadas como un intento de anclar el diálogo birregional al marco climático global y a las decisiones recientes a nivel multilateral.

No obstante, a pesar de estos avances discursivos, la Declaración de 2023 también presentó ambigüedades significativas. Aunque mencionó la necesidad de “reducir el endeudamiento externo” y facilitar el “acceso a financiación en condiciones favorables”, evitó compromisos vinculantes para abordar la crisis de deuda latinoamericana y omitió mecanismos concretos para monitorear y canalizar financiamiento público europeo hacia adaptación, resiliencia o reparación. Igualmente, aunque reconoció la vulnerabilidad climática como criterio emergente de elegibilidad financiera, la Declaración no avanzó hacia un indicador birregional de vulnerabilidad ni dejó mensajes que puedan operacionalizar la reformulación del sistema financiero internacional. En materia comercial, se reafirmó un enfoque clásico basado en “comercio abierto y justo” y en la aplicación y ratificación de acuerdos existentes (UE–Chile, UE–México, UE–Mercosur), sin integrar cláusulas climáticas y de derechos humanos vinculantes y sin reconocer los riesgos distributivos asociados a medidas unilaterales como el CBAM^[1].

El otro eje estructural que generó preocupación fue el carácter profundamente eurocéntrico del Global Gateway, presentado en 2023 como la gran herramienta de inversión birregional. Aunque anunciada como un programa de cooperación “basado en valores”, la estrategia prioriza la movilización de capital privado europeo para sectores estratégicos como materias primas, minerales de transición y tierras raras, hidrógeno, energías renovables y agricultura (Unión Europea, 2023). La iniciativa responde principalmente a la crisis energética europea de 2022, al intento de disminuir la dependencia del gas ruso tras la invasión de Ucrania,  a la necesidad de asegurar socios confiables en un sistema internacional crecientemente multipolar y reducir la dependencia de América Latina con China (Romana & Lajtman, 2023). En este sentido, la narrativa de “ganancias mutuas” ocultaba tensiones sobre quién se beneficiaría realmente de la extracción de materiales para la transición, la expansión del hidrógeno verde y las cadenas de valor “verdes”.

En este contexto, la Cumbre CELAC–UE de Santa Marta en 2025 debía consolidar avances y corregir los vacíos de 2023. Sin embargo, el documento final volvió a mostrar la persistencia de asimetrías históricas, tensiones geopolíticas y divergencias profundas en torno a la transición justa. Mientras la UE, incluso en el foro de sociedad civil, mantuvo un enfoque centrado en inversiones, seguridad energética y competitividad industrial —ampliando el alcance del Global Gateway sin clarificar salvaguardas sociales o ambientales— múltiples actores latinoamericanos migraron hacia un discurso mucho más estructural, que denuncia la reproducción de lógicas neocoloniales, el avance del militarismo, el cierre del espacio cívico y la subordinación de la agenda climática a intereses de seguridad y mercado.

A diferencia de 2023, en 2025 la exclusión de actores sociales del proceso de alto nivel fue notoria aun cuando se había pensado en un proceso más abierto, pues Colombia tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Las organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, sindicatos, juventudes, movimientos climáticos, colectivos de mujeres, entre otros, reportaron que sus propuestas fueron filtradas, suavizadas o directamente eliminadas en el diálogo oficial. La ausencia de mecanismos vinculantes de monitoreo y participación, combinada con un auge global del autoritarismo y la seguridad como eje en las políticas climáticas —dejando por fuera otras visiones—, profundizó la percepción de que el proceso birregional se tornaba más opaco y menos democrático.

La comparación entre 2023 y 2025 permite identificar un dilema central: aunque el diálogo CELAC–UE se reviste de lenguaje progresista, su arquitectura continúa diseñada para reproducir patrones históricos de dependencia, extractivismo y desigualdad. La transición justa sigue limitada a tensiones geopolíticas, a un marco tecnológico y energético —enfocándose en el recambio tecnológico—, sin abordar justicia fiscal, soberanía territorial, suficiencia y seguridad energética local, derechos laborales, reparación histórica ni participación vinculante. En este panorama, se vuelve urgente un análisis crítico, multidimensional y ético que reconozca que la transición no puede restringirse a reemplazar tecnologías o estar a merced de la geopolítica, sino que debe transformar las estructuras políticas y económicas que sostienen la crisis climática e incluir directamente a las personas y comunidades afectadas por el sistema actual y por la transición que no pone como pilar los derechos humanos.

Capítulo I. La transición justa: marco conceptual y evolución internacional

La noción de transición justa surgió en el ámbito sindical internacional como una respuesta a los impactos sociales, económicos y laborales derivados del cierre progresivo de industrias contaminantes y de la reconversión industrial. A finales de los años noventa, organizaciones como la International Trade Union Confederation (ITUC) comenzaron a desarrollar este marco para asegurar que la descarbonización no comprometiera el empleo ni profundizara desigualdades socioeconómicas, proponiendo medidas como protección social, empleos dignos, reconversión laboral planificada y participación democrática (ITUC, 2015). Esta primera formulación se inscribía en una preocupación concreta: evitar que las y los trabajadores —especialmente en sectores como carbón, acero o manufactura intensiva en energía— pagaran el costo de políticas climáticas sin recibir alternativas reales.

Con el tiempo, el concepto fue ampliándose para incorporar dimensiones más profundas y estructurales influenciadas por movimientos de justicia ambiental y climática. Organizaciones como la Just Transition Alliance^[2] promueven la idea de que la transición justa no solo debía gestionar impactos laborales, sino también abordar los patrones históricos de racismo ambiental, violencia de género, despojo territorial, extractivismo, precarización y desigualdad estructural (Climate Justice Alliance, n.d.). Desde esta perspectiva, la crisis climática no podía entenderse únicamente como un problema atmosférico, sino como el síntoma de sistemas económicos basados en la explotación de personas, territorios y ecosistemas. Así, la transición justa se transformó en un concepto con aspiraciones sistémicas, orientado a reconstruir las relaciones entre sociedades humanas y entornos naturales.

En su evolución conceptual, la transición justa pasó a definirse como un conjunto de principios, procesos y prácticas guiados por la visión de reemplazar un modelo extractivista por economías regenerativas y territoriales, con fuertes raíces comunitarias (J. Mijin Cha et al., 2021). Este enfoque subraya que la transición no es únicamente un destino (como alcanzar cero emisiones o transformar matrices energéticas), sino un camino político en el que se distribuyen costos y beneficios. De ahí la afirmación: “si el proceso no es justo, el resultado tampoco lo será”.

Para comprender la profundidad del concepto, es fundamental explorar sus dimensiones clave. La justicia distributiva se refiere a la necesidad de garantizar que los beneficios y cargas de la transición se repartan equitativamente, evitando que territorios históricamente sacrificados continúen asumiendo externalidades negativas. La justicia restaurativa implica reconocer y reparar daños acumulados por contaminación, deforestación, violencia ambiental, racismo estructural y explotación laboral. La justicia procedimental exige participación vinculante —no consultiva ni simbólica— de todos los actores que deben estar involucrados en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios. Finalmente, la justicia intergeneracional incorpora el deber de garantizar que las decisiones actuales no comprometan la integridad ecológica ni las condiciones de vida de las generaciones presentes ni futuras.

Más recientemente, la transición justa se ha conceptualizado como una intención transformadora que busca reconfigurar estructuras de poder, instituciones y modelos de producción y consumo. En este sentido, no basta con generar empleos verdes o sustituir tecnologías: es necesario desmontar los sistemas que producen desigualdad, precariedad, racismo ambiental y destrucción ecológica. Transiciones que profundicen el extractivismo bajo el argumento de la demanda global de minerales críticos —como ocurre con el litio, el cobre o el níquel— difícilmente pueden considerarse justas, incluso si contribuyen a mitigar emisiones globales (Svampa, M., 2019).

A escala internacional, esta ampliación conceptual ha permeado debates políticos, académicos y multilaterales. Aunque el abordaje institucional bajo la CMNUCC se analiza en el capítulo III, es relevante mencionar que la expansión del concepto ha impulsado debates sobre nuevas arquitecturas globales que permitan coordinar, evaluar y operacionalizar la transición justa con criterios claros de justicia socioterritorial.

En síntesis, la transición justa evolucionó desde una propuesta sindical enfocada en la reconversión industrial hacia un marco integral de transformación socioecológica, que articula justicia climática, democracia profunda, reparación histórica, derechos humanos, soberanía territorial y reconfiguración del poder económico. Este contexto ofrece la base conceptual necesaria para examinar cómo este concepto es interpretado, disputado y moldeado en el diálogo birregional CELAC–UE y en el proceso global hacia la COP30.

Capítulo II. Prioridades y tensiones en la agenda CELAC–UE: energía, minerales y comercio

Las relaciones birregionales continúan atravesadas por tensiones estructurales que se expresan con claridad en cuatro ejes centrales: energía, minerales críticos, comercio y financiamiento. Aunque la Declaración Conjunta de 2025 reafirma principios compartidos —como la democracia, la igualdad soberana, la cooperación internacional y la acción climática ambiciosa—, los vacíos, omisiones y prioridades implícitas revelan que, bajo la retórica de la “asociación estratégica”, persisten dinámicas de asimetría, dependencia y agendas divergentes.

Energía y soberanía: la tensión entre seguridad europea y autonomía latinoamericana

En el plano energético, la Unión Europea (UE) continúa privilegiando una lógica centrada en su seguridad energética reforzada desde la crisis ocasionada por la guerra en Ucrania. La Declaración de 2025 destaca la importancia de fortalecer la “interconexión energética regional” en América Latina y el Caribe (ALC) y promover “fuentes de energía seguras, sostenibles y con bajas emisiones” con apoyo del Global Gateway. Sin embargo, esta formulación reproduce la arquitectura de 2023: un énfasis en redes regionales y megaproyectos renovables que apuntan tanto a la electrificación interna como a la exportación de energía y portadores renovables hacia Europa.

Este enfoque no incorpora elementos clave para la región como la soberanía y seguridad energética local y comunitaria en ALC, la participación comunitaria en la toma de decisiones, el acceso universal a energía limpia, segura y asequible, que ALC siga a merced de lógicas extractivas para la producción energética de la UE, ni la necesidad de evitar que ALC se convierta en un “hub verde” subordinado a los intereses industriales europeos.

Aunque la Declaración menciona la “transición justa” (párrafo 30), lo hace de forma genérica y sin compromisos específicos, dejando intacta la tensión entre los objetivos europeos de abasto energético y las necesidades latinoamericanas de democratización y autonomía energética.

Minerales críticos: ¿transición energética o extractivismo verde renovado?

La UE identifica al litio, cobre, níquel y otros minerales como insumos estratégicos para sus cadenas industriales bajo su Critical Raw Materials Act (CRMA) (Comisión Europea, 2023). Esta política busca asegurar el suministro mediante diversificación geográfica y acuerdos con países del Sur Global. En teoría, este enfoque aparece reflejado en la Declaración 2025 cuando se celebra el componente de inversiones del Global Gateway como instrumento para ampliar asociaciones mutuamente beneficiosas (párrafo 29).

Sin embargo, la Declaración evita referencias al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), las obligaciones de debida diligencia corporativa, los impactos socioambientales de la minería (que además pretende ser ampliamente financiada a través del Global Gateway) y los conflictos territoriales vinculados al auge de minerales críticos.

La omisión es significativa. En un momento en que la demanda europea de minerales ha crecido exponencialmente, la ausencia de salvaguardas vinculantes sugiere que la agenda birregional continúa más alineada con un esquema de seguridad de abastecimiento para Europa que con una transición socioecológica justa para América Latina. La región corre el riesgo de enfrentar una nueva ola de extractivismo verde, donde tecnologías limpias conviven con prácticas de desposesión territorial, contaminación de acuíferos y criminalización de defensores ambientales, reproduciendo las mismas relaciones coloniales que prometía superar.

Comercio y justicia: entre acuerdos desactualizados y mecanismos unilaterales

El ámbito comercial refleja otra tensión estructural. La Declaración 2025 reafirma el compromiso con un sistema multilateral de comercio basado en normas y celebra acuerdos como UE–Chile, UE–Centroamérica y UE–Colombia/Ecuador/Perú (párrafos 26–27). Sin embargo, estos tratados no incluyen cláusulas ambientales y de derechos humanos vinculantes, podrían mantener mecanismos de solución de controversias que privilegian a inversionistas (algunos acuerdos con Sistema de Tribunales de Inversiones/Investment Court System (ICS)), y priorizan la liberalización comercial sin evaluar impactos socioecológicos.

A esto se suma el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés), implementado unilateralmente por la UE para imponer un precio al carbono a las importaciones de ciertos sectores —aun con poca información disponible para evaluar su impacto en ALC—. Aunque la Declaración habla de “reducir tensiones comerciales” (párrafo 28), no aborda el potencial impacto del CBAM y otras medidas unilaterales sobre exportaciones latinoamericanas de acero, cemento, aluminio o fertilizantes, ni contempla medidas diferenciadas, transitorias o compensatorias para países con menor capacidad tecnológica, lo que pone a la región en una desventaja significativa.

Esta combinación de acuerdos comerciales asimétricos y los instrumentos climáticos unilaterales configura un escenario restrictivo para ALC, en el que la carga de la descarbonización global se traslada hacia las economías más vulnerables, mientras la UE asegura su competitividad.

Financiamiento y cooperación: el eslabón ausente de la transformación

El financiamiento es quizás el punto más crítico y donde la Declaración 2025 resulta más débil. Aunque se reafirma el compromiso con la reforma de la arquitectura financiera internacional y con la asistencia oficial para el desarrollo (párrafos 19–25), no se anuncian compromisos concretos sobre (i) financiamiento climático y para la transición de los países de América Latina y el Caribe basándose en el Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y el artículo 9.1 del Acuerdo de París, (ii) el aumento del financiamiento público y con mecanismos no generadores de deuda, (iii) la provisión de fondos para adaptación y el cierre de la brecha de financiamiento (presente en la declaratoria del 2023), (iv) ni compromisos claros y específicos con el Fondo de Pérdidas y Daños (celebrado en la declaración del 2023).

América Latina y el Caribe —una de las regiones más endeudadas y afectadas por eventos extremos, pérdida de biodiversidad, erosión fiscal y deuda creciente— queda nuevamente sin claridad sobre el acceso a recursos previsibles, concesionales y no condicionados. En cambio, el documento privilegia la narrativa del Global Gateway como vehículo para atraer inversión privada, reproduciendo un enfoque de apalancamiento que históricamente ha beneficiado a actores corporativos y no a comunidades y ecosistemas.

La falta de compromisos específicos en financiamiento, sumada a la ausencia de referencias a justicia fiscal y condonación de deuda, debilita la credibilidad de la cooperación birregional y deja en evidencia que las promesas de Bruselas 2023 continúan sin materializarse de manera sustantiva.

El análisis de la Declaración Conjunta CELAC–UE 2025 muestra que, pese a avances discursivos en multilateralismo, derechos humanos y acción climática, persisten asimetrías profundas en los cuatro ejes clave de la transición: energía, minerales, comercio y financiamiento. La narrativa de asociación estratégica no se traduce en compromisos que garanticen soberanía energética, protección territorial, regulación corporativa, comercio justo o financiamiento público suficiente.

En otras palabras: la transición energética puede estar ocurriendo, pero la transición justa todavía no está asegurada.

Capítulo III. La transición justa rumbo a la COP30: expectativas y desafíos para el Programa de Trabajo sobre Transición Justa

A nivel multilateral, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Programa de Trabajo sobre Transición Justa (JTWP) —adoptado en la COP27 y ampliado en la COP28— consolidó la transición justa como un eje transversal del Acuerdo de París y como un principio rector para la implementación climática en todos los sectores. Aunque las Partes aún no han adoptado una decisión definitiva sobre la estructura institucional del programa, los diálogos desarrollados entre 2023 y 2025 muestran una creciente disposición a acordar principios comunes que orienten transiciones justas, inclusivas y basadas en derechos, integrando dimensiones laborales, socioeconómicas, territoriales, de género y de equidad intergeneracional (UNFCCC, 2024). 

De cara a la COP30 —que sucede inmediatamente después de la Cumbre CELAC–UE en Santa Marta— la sociedad civil coincide en que el JTWP necesita cristalizarse en un arreglo institucional capaz de armonizar esfuerzos globales hoy dispersos. En este contexto, el Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés) surge desde organizaciones de la sociedad civil como una propuesta sólida para llenar este vacío de gobernanza. El BAM, según lo planteado en el Discussion Paper elaborado por varias constituyentes oficiales de observadores de la convención (Climate Action Network Internacional & Women and Gender Constituency, 2025), responde a un problema ampliamente diagnosticado: la proliferación descoordinada de iniciativas de transición justa —desde marcos sindicales y Asociaciones para una Transición Energética Justa (Just Energy Transition Partnerships - JETPs, por sus siglas en inglés) hasta lineamientos de bancos multilaterales— que operan con vocabularios, escalas y criterios distintos, generando confusión, duplicación de esfuerzos y poca capacidad para evaluar si realmente contribuyen a la equidad o si refuerzan desigualdades existentes.

El BAM ofrece una arquitectura modular que podría empezar a tomar forma desde la COP30, articulando tres componentes esenciales: (1) una entidad de coordinación encargada de mapear iniciativas, identificar brechas, generar orientación y monitorear avances; (2) un pilar de conocimiento y aprendizaje, que funcionaría como una evolución reforzada del JTWP —incluyendo los diálogos que ya existen y un Hub Global de practicantes y puntos focales nacionales, para intercambiar experiencias, sistematizar buenas prácticas y generar insumos técnicos independientes de la dinámica puramente negociadora—; y (3) un componente de acción y apoyo, con funciones de ventanilla única, asistencia técnica, vinculación entre proyectos y financiamiento, y movilización de recursos públicos no-deuda para países del Sur Global (sin ser un fondo). Este diseño fortalece principios clave del Acuerdo de París como la equidad y el CBDR-RC^[3], anclando la transición justa en una visión integral que aborda tanto la reducción de emisiones como la transformación social y económica asociada a la descarbonización. 

De materializarse, el BAM permitiría distinguir prácticas que realmente encarnan los principios de justicia —como la participación efectiva de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, juventudes, personas con discapacidad, comunidades locales y otros actores relevantes, la protección social universal, la descentralización energética, la transición desde una perspectiva holística o la soberanía tecnológica— de aquellas que solo aplican un barniz retórico de “justicia” para legitimar agendas extractivistas o tecnocráticas.

Para una región como América Latina y el Caribe, que llega a la COP30 con profundas expectativas sobre el rol de la transición justa en un contexto amazónico y global, el BAM representa mucho más que un instrumento operativo: constituye una oportunidad política para evitar que las transiciones reproduzcan las lógicas coloniales, extractivas o centralizadas que han marcado la historia de la cooperación internacional. Justamente por celebrarse en la antesala de la primera COP amazónica, la Cumbre CELAC–UE 2025 debía enviar señales políticas claras en apoyo a un Programa de Trabajo sobre Transición Justa ambicioso y orientado por principios de equidad. Sin embargo, la conversación hacia la COP30 estuvo prácticamente ausente, y la declaración final dejó un vacío notable en materia de orientación política para el proceso climático global (y no solo la declaración de jefes y jefas de Gobierno y de Estado, sino también la declaratoria del foro de sociedad civil).

Contar con un mecanismo como el BAM permitiría fortalecer la coherencia entre agendas regionales y multilaterales, especialmente frente a un contexto en el que CELAC–UE no logró generar consensos sobre financiamiento público, regulación corporativa, comercio justo o protección territorial. La ausencia de esos mensajes políticos en el encuentro birregional refuerza la urgencia de dotar al JTWP de una agenda robusta que garantice que la transición justa no quede reducida a un concepto simbólico, sino que se convierta en una práctica verificable, exigible y respaldada internacionalmente. Por ello, la expectativa de la sociedad civil era clara: que los países y la COP30 no solo reconozcan el valor del JTWP, sino que envíen mensajes políticos que siente las bases del BAM como mecanismo para operacionalizar la justicia en las transiciones, superar enfoques fragmentados y avanzar hacia transformaciones reales y sostenidas.

Sin embargo, el diálogo CELAC–UE tiende a reducir la transición justa a una estrategia de descarbonización energética vinculada a la inversión y la tecnología, sin integrar los debates sobre suficiencia, redistribución y reparación histórica que plantea la justicia climática. Desde una mirada latinoamericana, esto implica cuestionar no solo cómo se produce la energía, sino quién decide, quién se beneficia y quién asume los costos.

El énfasis europeo en infraestructura, digitalización, hidrógeno verde y competitividad industrial deja en segundo plano cuestiones estructurales como la suficiencia energética, la justicia fiscal, la soberanía territorial, la protección del CLPI^[4] y la rendición de cuentas de las empresas transnacionales. Para América Latina, donde la transición energética implica conflictos profundos sobre tierra, agua, trabajo y autonomía política, esta reducción representa un retroceso conceptual.

Capítulo IV. Recomendaciones para un nuevo pacto birregional basado en justicia social, climática y económica

La trayectoria entre Bruselas 2023 y Santa Marta 2025 revela que la relación birregional entre América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) continúa anclada en patrones históricos de dependencia, extractivismo y desequilibrio político. Mientras la UE orienta su estrategia hacia la seguridad energética, el aseguramiento de minerales críticos, la competitividad industrial y la expansión del Global Gateway; los países latinoamericanos navegan una encrucijada marcada por la crisis de deuda, el colapso ecológico, el aumento del autoritarismo y la presión creciente sobre sus recursos que impactan sus territorios y pueblos. En este escenario, la transición justa —entendida desde una perspectiva latinoamericana como transformación estructural y no solo como descarbonización— se convierte en el punto de mayor tensión pero también en la principal oportunidad para redefinir las bases de la cooperación birregional.

Para que el diálogo CELAC–UE deje de ser un ejercicio declarativo y se convierta en un instrumento de transformación real, es necesario construir un nuevo pacto birregional basado en justicia social, climática y económica. Este pacto debe reconocer que el cambio climático no es un tema sectorial ni una agenda técnica, sino una condición estructural que reconfigura el comercio, el financiamiento, la seguridad, los derechos, el cuidado, el trabajo, la tecnología y la gobernanza global. Ello implica desplazar la narrativa centrada en inversión, infraestructura y competitividad hacia una visión que coloque la vida —humana y no humana— en el centro de la cooperación.

Un primer eje fundamental consiste en repolitizar la cooperación birregional. La experiencia del 2025 mostró los límites de un proceso cerrado, filtrado y distante de las sociedades que representa. Frente a ello, es imprescindible crear un mecanismo permanente, vinculante y multiactor de participación y rendición de cuentas, con representación de pueblos y comunidades indígenas, movimientos laborales, niñez, juventudes, mujeres, afrodescendientes, campesinado, personas con discapacidad, comunidades locales, academia y sociedad civil. Este mecanismo debe tener mandato para monitorear los compromisos, evaluar la coherencia entre inversiones y derechos humanos, y garantizar acceso público a la información.

En segundo lugar, un pacto birregional requiere transversalizar la justicia climática en todos los ámbitos de cooperación. Esto significa que el comercio, las inversiones, las reglas fiscales, las normas sobre minerales críticos, la digitalización y la política exterior deben ser evaluados a la luz de sus impactos distributivos, socioambientales y de derechos humanos. No puede haber transición justa si continúan aplicándose instrumentos unilaterales sin mecanismos compensatorios; si los acuerdos comerciales mantienen asimetrías estructurales; o si la demanda europea de minerales acelera conflictos territoriales sin salvaguardas sociales ni obligaciones para las empresas.

En tercer lugar, el pacto debe reformar la arquitectura financiera birregional. ALC enfrenta una acumulación simultánea de deuda externa, deuda ecológica y deuda climática que limita su capacidad para invertir en adaptación, resiliencia, transición descentralizada y protección social. Un nuevo pacto debe impulsar una conversación sobre los orígenes de la deuda y la condonación de deudas ilegítimas e insostenibles, integrar criterios de vulnerabilidad climática en el acceso a financiamiento, crear mecanismos de justicia fiscal contra la evasión transnacional y garantizar financiamiento público, predecible, directo y no generador de deuda para adaptación, pérdidas y daños, y servicios esenciales.

Cuarto, el pacto requiere desmilitarizar la cooperación. El aumento de enfoques punitivos y bajo lógicas de criminalización —desde políticas migratorias hasta la criminalización de defensores ambientales— está desplazando recursos hacia doctrinas de disuasión y vigilancia que contradicen los principios de paz, democracia y derechos humanos. Una cooperación basada en justicia exige rechazar la instrumentalización militar de territorios, recursos y personas, y reorientar la inversión hacia la construcción de paz, el fortalecimiento institucional y la protección de defensores y comunidades.

Quinto, el pacto debe reconocer la pluralidad de transiciones. No existe una única transición justa. Los territorios de ALC —amazónicos, andinos, caribeños, urbanos, afrodescendientes, campesinos, etc.— exigen respuestas diferenciadas que reconozcan las realidades locales y que integren enfoques interseccionales, intergeneracionales y decoloniales. Ello implica comprender la transición como redistribución del poder y reparación histórica; no como un cambio tecnológico.

Finalmente, un nuevo pacto birregional debe fortalecer el Pacto Birregional por los Cuidados proponiendo su integración explícita con la agenda climática. La economía del cuidado es fundamental para la resiliencia comunitaria frente a desastres, la reconstrucción post-eventos extremos, la protección de la vida cotidiana y la cohesión social. Reconocer el cuidado como pilar de la transición justa implica invertir en infraestructura social, garantizar derechos laborales en el sector, abordar la feminización del trabajo no remunerado y comprender que la “transición” no puede sostenerse sin una “transición del cuidado”.

Conclusiones y llamado a la acción

El espacio político birregional no ha logrado integrar plenamente las visiones y prácticas de transición justa que emergen desde los territorios. Mientras la UE impulsa, en la práctica, una transición tecnológica centrada en el mercado, en la competitividad industrial y en la seguridad energética propia, América Latina y el Caribe -en su mayoría- reclaman una transición socioecológica centrada en la vida, la justicia y los derechos. La sociedad civil reunida alrededor de la Cumbre CELAC–UE en Santa Marta advirtió con claridad que sin justicia social, sin democracia y sin ética, no hay transición posible. En otras palabras, no se trata solamente de cambiar las fuentes de energía, sino de cambiar las reglas de juego.

América Latina se posiciona como un territorio clave para el futuro de la transición justa global. Experiencias locales en países de la región demuestran que las transiciones pueden —y deben— surgir desde los territorios, articulando acción climática con reducción de desigualdades, defensa de derechos humanos, protección de la biodiversidad y construcción de paz. Estas experiencias, sin embargo, aún no se reflejan de manera sustantiva en el andamiaje birregional que sigue privilegiando una lógica de grandes proyectos, seguridad de abastecimiento y atracción de inversiones por encima del fortalecimiento de capacidades locales y de la autodeterminación de los pueblos.

El diálogo CELAC–UE 2025 evidenció, así, una contradicción de fondo: mientras los gobiernos hablan de “alianza estratégica”, las bases sociales exigen una alianza ética y justa. La transición justa no puede limitarse a reemplazar tecnologías ni a gestionar riesgos para los mercados; debe transformar las estructuras que sostienen la desigualdad, el extractivismo y la violencia sobre los cuerpos y los territorios. Actuar desde la ética —como recuerda la Carta de la Tierra— implica reconocer nuestra interdependencia con toda forma de vida y asumir una responsabilidad compartida pero diferenciada

El llamado a actuar desde los principios de la Carta de la Tierra Internacional sintetiza esta exigencia: respeto y cuidado de la comunidad de vida, integridad ecológica, justicia social y económica, democracia, no violencia y paz como fundamentos éticos para toda cooperación. No se trata de añadir un párrafo inspirador al final de las declaraciones, sino de reorientar el sentido mismo del proyecto birregional: de una alianza para sostener un orden verde-desigual, a una alianza para desmantelar las estructuras de injusticia que alimentan la crisis climática.

Desde América Latina y el Caribe, el desafío es construir una cooperación birregional que no repita los patrones de dominación, sino que inaugure una diplomacia de la justicia y de la vida. Una diplomacia capaz de decir no a la militarización, al extractivismo verde y a los mecanismos unilaterales disfrazados de neutralidad climática; y capaz de decir sí a las economías del cuidado, a las transiciones territoriales, a la protección de quienes defienden la tierra, al alivio y a la reparación de las deudas —financieras, climáticas y ecológicas— acumuladas.

Entre Bruselas y Santa Marta se dibuja, en última instancia, una encrucijada que tendrá que ser abordada pronto: o la transición se convierte en un nuevo capítulo de la desigualdad global con un barniz verde, o se asume en algún momento la cooperación birregional como una oportunidad histórica para redistribuir poder, riqueza y tiempo, y para replantear la relación entre Norte y Sur desde la dignidad y la co-responsabilidad. La elección no es solamente técnica ni diplomática: es profundamente ética y política. Como recuerdan los movimientos latinoamericanos, no hay tiempo ni planeta para más rondas de promesas vacías.

Referencias

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