El pasado 5 de mayo, adelantamos con Voces por el Clima un diálogo sobre la actualización de los compromisos climáticos de Colombia – NDC 3.0, en el que se reunieron más de 30 procesos territoriales y organizaciones para presentar sus recomendaciones en política climática y energética a propósito de la actualización de este instrumento de política en el marco del Acuerdo de París y camino a la Conferencia mundial del clima – COP30. En este documento presentamos propuestas enfocadas en la justicia climática, derechos humanos, género, daños y pérdidas, financiamiento climático, y transición energética justa en las metas climáticas nacionales con enfoque territorial.
En este espacio el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, la Cancillería, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) recibieron estas recomendaciones directamente y fueron discutidas para explorar posibilidades de inclusión.
Durante el proceso participativo impulsado por Voces por el Clima, se identificaron cuatro ejes temáticos fundamentales para la actualización de la NDC 3.0 desde la mirada de la sociedad civil: justicia climática, transición energética justa, biodiversidad y financiamiento, y derechos humanos con diligencia debida reforzada.
En materia de justicia climática, las organizaciones participantes propusieron establecer un marco integral para abordar las pérdidas y daños climáticos, que considere no solo los impactos económicos, sino también los efectos sociales y en derechos humanos, con especial atención a la salud, la movilidad humana y el acceso a servicios esenciales. Se destacó la necesidad de diseñar una política de reparaciones climáticas participativa, con enfoque diferencial y de justicia, que contemple la rendición de cuentas, el monitoreo público de impactos y la transparencia en el uso de recursos y en las negociaciones internacionales. Asimismo, se subrayó la importancia de articular los sistemas de gestión del riesgo y del cambio climático, y de incorporar medidas de adaptación que valoren el conocimiento local, las capacidades comunitarias y la seguridad alimentaria en contextos de vulnerabilidad.
En cuanto a la transición energética justa, se planteó la urgencia de adoptar una política de mitigación climática coherente con la salida progresiva de los combustibles fósiles. Esto implica la prohibición del fracking, la no autorización de nuevos proyectos de minería de carbón a cielo abierto o termoeléctricas, y la eliminación de contratos de exploración de hidrocarburos. Se hizo énfasis en la electrificación de los usos finales de la energía, el impulso democrático de las energías renovables y la implementación de impuestos e incentivos fiscales que desincentiven el consumo fósil. Además, se propuso desarrollar capacidades institucionales y comunitarias, marcos regulatorios claros, y políticas educativas que preparen a la fuerza laboral para nuevos sectores con enfoque de género y territorial. Las organizaciones también recomendaron establecer mecanismos de participación vinculante en los proyectos energéticos, fortalecer las veedurías ciudadanas y crear una política integral y vinculante de cierre minero que garantice la reparación social y ambiental de los territorios afectados.
Respecto a la biodiversidad y el financiamiento, se propuso fortalecer la gestión comunitaria de los bienes comunes mediante el reconocimiento de saberes territoriales y acciones de remediación ambiental que vayan más allá de la compensación. Se subrayó la necesidad de articular las políticas de biodiversidad con las de acción climática bajo mecanismos de rendición de cuentas efectivos, y de reestructurar los nodos regionales para asegurar una participación amplia y control territorial en las decisiones. Asimismo, se planteó desarrollar instrumentos financieros robustos y descentralizados que permitan financiar economías de restauración con enfoque comunitario, intercultural, de género y juventud. Las propuestas también incluyen la reducción progresiva de la no causación del impuesto al carbono, la articulación con la reforma rural integral y el diseño de una política nacional de educación ambiental basada en la memoria ecológica, los saberes locales y la transformación cultural hacia la sostenibilidad.
Finalmente, en el eje de derechos humanos y diligencia debida reforzada, se propuso garantizar altos estándares en los procesos de consulta previa y consentimiento libre, previo e informado (CLPI), asegurando la participación real de comunidades indígenas, afrodescendientes y locales. Esto implica proporcionar información accesible y culturalmente adecuada, respetar los procesos de decisión interna y establecer acuerdos vinculantes con seguimiento continuo. También se propuso incorporar en la NDC criterios de diligencia debida reforzada para empresas, incluyendo análisis de riesgos ambientales, sociales y de derechos humanos, evaluaciones de impacto, medidas preventivas o correctivas, y transparencia en las cadenas de suministro y en la identificación de beneficiarios finales.
Pronto compartiremos públicamente estas recomendaciones para asumirlas como apuestas políticas de cara a la COP30, un espacio crucial para garantizar efectivos compromisos climáticos globales en contexto de profundos cambios geopolíticas.
Voces por el clima esta conformado por: Asociación Ambiente y Sociedad, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente-AIDA, Censat Agua Viva, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos- CIEDH, Climalab, Fundación Heinrich Böll Oficina Bogotá, Colombia, Pacto x el Clima, Polen Transiciones Justas, Tropenbos Colombia.