La COP29, realizada en Bakú, Azerbaiyán, finalizó con un acuerdo financiero cuyas reacciones de gobiernos de países en vías de desarrollo y sociedad civil se caracterizan por la decepción. Los acuerdos sobre Bonos de carbono también levantaron serias críticas, y el tema de pérdidas y daños no pasó por su mejor COP. ¿Cómo se vislumbra el camino hacia Belém?
“Cualquier acuerdo financiero que no tenga la palabra trillions es insuficiente para América Latina y el Caribe”, decía Alejandra López, directora de finanzas climáticas en la ONG Transforma, unas semanas antes de la COP29 ante un grupo de periodistas que se preparaban para viajar a cubrir la Conferencia. Y esa lectura es completamente coherente con las reacciones que ha generado la Nueva Meta del Objetivo Cuantificado Colectivo (conocido como NCQG, por sus siglas en inglés). Este era el gran logro que se esperaba obtener de esta COP.
La clave para leer estas metas entre quienes hablamos el español es que trillions en inglés, es billones en castellano y billions, es miles de millones. Pues bien, lo que definió la COP sobre esta meta es que sería de 300 mil millones de dólares a 2035. Esto representa un billón de dólares menos de lo que pedían los países en vías de desarrollo y solo un aumento de 200 mil millones de la meta anterior. Un informe del portal especializado Carbon Brief muestra cómo, incluso, esta nueva meta ni siquiera tiene en cuenta la inflación y representa el menor esfuerzo por parte de los países para financiar acciones contra el cambio climático.
Además, se acordó que habrá un informe bianual que revisará el cumplimiento de esta meta. La plata provendrá de diversas fuentes públicas y privadas, y de bancos multilaterales, pero se hizo un llamado a que los países desarrollados, voluntariamente, aporten más recursos en forma de subvenciones. El texto también invita –solo invita– a los países ricos a que eleven el financiamiento hasta los 1,3 billones de dólares a 2035.
"En la COP29, los países desarrollados una vez más coaccionaron a los países en desarrollo para que aceptaran un acuerdo financiero lamentable y claramente insuficiente para abordar la gravedad de la crisis climática global”, comentó Harjeet Singh, Director de Compromiso Global de la Iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
Sobre esto, Sergio Chaparro Hernández, coordinador internacional de la ONG colombiana Dejusticia, manifestó que “el acuerdo de los 300 mil millones en la COP29 está muy lejos de la ambición que el mundo requiere para enfrentar la crisis climática. Se trata de un resultado decepcionante. Necesitábamos que los mayores responsables de la crisis climática fueran más allá de los discursos y se comprometieran con los recursos al nivel de los billones”.
También Linda González, coordinadora del Área de Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva, apuntó que el monto es insuficiente, pero fue más allá: “Las negociaciones fueron espacios muy tensos donde no fue posible reconocer que hay una responsabilidad y unas deudas de países del norte con países del sur, pero también de actores concretos, de empresas e industrias. Esto no se puede entender como una donación de países benéficos, sino de una responsabilidad que tienen”.
Pero quizá una de las personas que mejor conoce la manera en que se confeccionó la propuesta de exigir 1,3 billones de dólares anuales para responder a los impactos de la crisis climática, es Sandra Guzmán Luna, directora del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. Su lectura dista un poco de la decepción generalizada que hay entre ONG’s y analistas, pues, para ella, el solo hecho de tener una meta cuantificable, es positivo.
“Esto lo veo como un logro porque esto nos va a permitir a nosotros como organismos de la sociedad civil vigilar cada dos años cómo vamos con esta meta”, dijo Guzmán.
Para ella hay una victoria más, y es que aunque la gran batalla de esta COP fue por alcanzar un monto, también hubo logros de los países del sur global en cuanto a la calidad de ese financiamiento. “Una de las grandes batallas de los países en vía de desarrollo tiene que ver con exigir que haya mejor acceso, que haya cada vez más financiamiento altamente concesional, que no sea generador de deuda y que logre incluir a poblaciones vulnerables. Todos estos elementos están integrados en el texto como una de las grandes metas y se asume que todos estos elementos se tienen que incorporar a las dos grandes metas: a la de 300 mil millones y a la 1,3 billones”.
Destacó también que otro de los logros en el texto final del NCQG es que se reconoce que tienen que ser los países desarrollados los que tomen el liderazgo en la provisión de recursos para luchar contra el cambio climático. Además, se integra a China, como parte de las contribuciones voluntarias y se obtuvo una mención que apunta que se van a triplicar los aportes a los fondos climáticos con base a los flujos que se acordaron en 2023.
Pero, aún así, hay quienes dicen que era mejor salir sin un acuerdo que con este acuerdo insuficiente. Guzmán no opina lo mismo. “Se había hablado en algún momento que era mejor esperar para tener otro contexto político, para tener una meta más ambiciosa y puedo decir que ese no era un escenario beneficioso para nadie. La posible salida de Estados Unidos del Acuerdo de París iba a generar un contexto totalmente diferente al que tuvimos en esta COP, en donde ese país no bloqueó las conversaciones sino que asumió que el mandato que tenían era de la administración de Biden y eso ayudó a avanzar en las conversaciones. Si hubiéramos estado en un contexto de Trump, eso hubiera sido muy distinto”, concluyó Guzmán Luna.
Además, para ella, ninguna de las delegaciones de América Latina estaba muy interesada en que esa discusión se alargue porque tampoco nadie garantiza que un año se hubiese tenido una meta más ambiciosa. Y finaliza señalando que el tema central en Belém será la adaptación y es preferible que ese tema tenga todo el brillo en la COP30 para lograr avances en este ítem de agenda.
Los mercados de carbono se regulan pero, ¿se consolidan?
Como se está volviendo casi una tradición en las COP de la Convención Marco de Nacionales Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en los primeros días se hacen grandes anuncios que le den respaldo a las negociaciones. Esta vez, la primera gran noticia vino por cuenta de la aprobación de las guías que regularán el funcionamiento de los mercados bilaterales de carbono (Artículo 6.2) y mercados globales regulados (Artículo 6.4).
Esta regulación le da un rol más activo a la Convención, que ahora pedirá a los países que informen cómo calculan el carbono que se vende y cuáles son los criterios que van a usar para hacer respetar los derechos humanos, culturales y laborales de las comunidades que se ven involucrados en los proyectos. El acuerdo también involucra al Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), cuyos criterios científicos orientarán la evaluación de los proyectos.
Pero hay un punto que es clave y que no tiene mucha explicación que hasta ahora se hubiera obviado: la adicionalidad. Este principio apunta a garantizar que los proyectos de bonos de carbono sí representen un impacto que no se hubiera podido lograr si el proyecto no se ejecuta. Es decir, que sí esté dando algo adicional a la lucha contra el cambio climático. Este asunto es clave porque evita que se contabilicen resultados de proyectos o medidas que los Estados igual estarían obligados a implementar.
Sin embargo, desde la sociedad civil, los bonos de carbono, en general, tienen tan mala imagen, que se ha recibido con mucho escepticismo este acuerdo. Linda Schneider, Responsable de Programas Internacionales de Política Climática y Energética, de la Fundación Heinrich Böll dijo:
"Es muy preocupante que en virtud del acuerdo alcanzado sobre el mecanismo del mercado de carbono del artículo 6.4, los mercados de carbono se hayan ampliado para incluir las eliminaciones de carbono, como las peligrosas propuestas de geoingeniería para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Estas tecnologías aún no probadas entrañan riesgos a gran escala para las personas y los ecosistemas, y son otra vía de escape para la industria de los combustibles fósiles”.
Por su parte, Isa Mulder, experta en políticas de Carbon Market Watch aseguró: "El resultado de Bakú deja el marco del artículo 6.2 peligrosamente laxo y opaco, hecho a medida para quienes quieren convertirlo en una batalla campal. En lugar de medidas contundentes para garantizar la rendición de cuentas, nos quedamos con unas directrices mínimas que ponen toda la carne en el asador en lugar de una supervisión significativa. Mientras tanto, la adopción de las normas del artículo 6.4 sobre las retiradas corre el riesgo de repetir las medidas inadecuadas del mercado voluntario de carbono que garantizan la permanencia sólo de nombre. Y así, surge la pregunta de si los mercados de carbono del artículo 6 ayudarán a alcanzar nuestros objetivos climáticos en absoluto".
También existen críticas que apuntan a que estas regulaciones aprobadas en la COP, con o sin intención, lo que hicieron fue consolidar una medida de mitigación que tiene serios cuestionamientos a nivel mundial.
“Es como si no se escucharan las denuncias de la sociedad civil que vinculan los derechos colectivos y culturales, que han sido denunciados en el mercado voluntario. Pero lo más preocupante es el criterio científico de cómo efectivamente las emisiones se están reduciendo, de la ineficacia de este mecanismo”, dijo González, coordinadora del área de Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva.
Finalmente, Erika Lennon, abogada principal del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), apuntó que las normas aprobadas son poco ortodoxas para la rendición de cuentas y que eso permite que los gobiernos tengan la posibilidad de crear un mercado de carbono que sería regulado por la CMNUCC y que sería aún peor que el voluntario. “Pagar por contaminar nunca será una solución climática, y los mercados de carbono nunca serán financiación climática, sino un desastre climático", sentenció.
Un mal año para las pérdidas y daños
Aunque Sandra Guzmán, del Grupo de Financiamiento Climático mencionó que el resultado final de la COP29 incluyó una mención a la necesidad de triplicar los aportes a los fondos ya creados, como el de pérdidas y daños, que se puso a operar en la COP28 de Dubai; para Adrián Martínez Blanco, director de La Ruta del Clima y una de las personas que más sabe sobre las negociaciones de pérdidas y daños en América Latina, este año fue muy malo para ese ítem de discusión.
“En la discusión sobre el NCQG, daños y pérdidas no se abordó directamente sino tangencialmente en el párrafo 14, que empieza aludiendo a adaptación y al reconocimiento de que nuestros países tienen problemas fiscales. Sin embargo, solo se reconoce, no se incluye dentro de las negociaciones asociadas a las metas de financiamiento”, dijo.
Una de las explicaciones para que esto se haya abordado así en la decisión final del NCQG, según Martinez, es que para muchas de las personas que son negociadoras sobre este tema en países de la Unión Europea, no hay una diferencia entre adaptación y pérdidas y daños. “Entonces aquí hay una discusión estructural muy importante: el definir si realmente para los países con los que estamos interlocutando, daños y pérdidas es un tema por aparte. Eso es un tema que no está saldado dentro de la Convención ” añadió.
Inicia la cuenta regresiva para la COP30 en Belém do Pará, Brasil
Las Conferencias de las Partes de la CMNUCC vuelven a América Latina luego de 10 años, y lo hacen en medio de un contexto muy complejo para hablar de lo que se quiere hablar: de recursos financieros.
En un mundo en el que están emergiendo con fuerza liderazgos que se caracterizan por oponerse a los mecanismos democráticos que buscan soluciones a las múltiples crisis planetarias, en el que hay activos varios conflictos que siguen tensando las relaciones multilaterales, y en que, además, amenazan varias crisis económicas; no pareciera fácil hablar de dinero para financiar la adaptación climática, sería la gran obsesión de Belém 2025.
“Con la guerra de fondo y con los presupuestos militares en ascenso, la posibilidad de lograr un resultado favorable son pocas”, manifestó Alejandro Alemán coordinador regional para América Latina de la Climate Action Network. Y a esa lectura sobre el contexto geopolítico, Alemán suma una preocupación más: para él, los espacios democráticos de participación ciudadano en el marco de las Conferencias de las Partes, se han venido achicando.
“Yo recuerdo cómo en la COP de Copenhague, en 2009, los gobiernos europeos recibieron una alta dosis de presión por parte de la movilización ciudadana, tanto que a Barack Obama le tocó patear el tablero para desmontar un acuerdo que era perjudicial para los intereses de los Estados Unidos. Todos estos espacios se han ido desmontando de manera progresiva, por consiguiente, la presión de la ciudadanía es mínima sobre las clases políticas que toman las decisiones”, recordó el coordinador de CAN-LA.
Desde su punto de vista, esto explica en gran medida los resultados tan poco ambiciosos que se han tenido en las Conferencias de Egipto, Dubái y Azerbaiyán. Por eso, para él y otras personas que representan a organizaciones de la sociedad civil, debe haber un trabajo de incidencia ante el gobierno de Brasil para que en la próxima COP haya más garantías de participación.
Respecto a las expectativas para esa próxima conferencia, Evelyn Hartig, directora de la Fundación Heinrich Böll, Oficina Bogotá, señaló que la misma elección de Belém, ha sido un reconocimiento al papel que juega la selva amazónica en la lucha contra la crisis climática.
“El Gobierno de Lula, que ha sustituido al negacionista del clima Bolsonaro, está asociado a grandes expectativas internacionales. Durante sus anteriores mandatos, pudo demostrar una impresionante reducción de la deforestación, lo que está contribuyendo decisivamente a alcanzar los objetivos climáticos. Por otro lado, Brasil carece de una estrategia para eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Queda por ver si, con estas contradicciones, el Gobierno y la diplomacia brasileños pueden imponerse como pioneros en la política climática internacional. Sin embargo, las esperanzas puestas en Belem son grandes”, señaló Hartig.
“Pero en el ámbito externo, lo más importante son las articulaciones que son posibles en estos eventos pueden ayudar a construir una agenda ambiental popular donde se ponga en cuestión qué es lo que nos ha llevado a la crisis, partiendo por la influencia de empresas e industrias en la toma de decisiones en el ámbito de las políticas climáticas”, apuntó Linda González, de Censat.
Otro punto en la mira de estas organizaciones será la propuesta que levantó la ministra de ambiente de Colombia, Susana Muhamad, que en la COP29 propuso una ruta que permita llegar de los 300 mil millones a los 1,3 billones. Esta se llama la Ruta de Bakú a Belém y debería ser presentada en la COP30. Los ojos de estas organizaciones estarán muy fijos allí, pues se juega una cantidad importante de recursos para enfrentar la crisis.