El mandato de la vida sobre el capital fósil:
Mientras el mundo enfrenta una creciente inestabilidad geopolítica, la crisis climática continúa avanzando. Aunque hoy ocupa menos espacio en los titulares, sus impactos se intensifican y aceleran en todos los continentes, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables y agravando la degradación de los ecosistemas.
La reciente crisis en el estrecho de Ormuz ha vuelto a poner de manifiesto una realidad incómoda: la profunda vulnerabilidad de una economía global dependiente de los combustibles fósiles. Los riesgos para el suministro energético, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica muestran que la dependencia del petróleo, el gas y el carbón no garantiza la seguridad ni la estabilidad. Por el contrario, constituye una fuente creciente de incertidumbre, tensiones geopolíticas y conflictos.
En este contexto, la principal división global ya no parece ser entre Norte y Sur, sino entre dos visiones de futuro: una basada en la escasez, la volatilidad energética y la presión geopolítica; otra sustentada en energías renovables, soberanía energética y resiliencia climática. Frente a quienes buscan prolongar la era de los combustibles fósiles, numerosos países están apostando por una transición energética acelerada. La evidencia es cada vez más clara: abandonar los combustibles fósiles no solo es indispensable para limitar el calentamiento global, sino también para fortalecer la competitividad económica y la estabilidad política. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), alrededor del 91 % de los proyectos renovables puestos en marcha en 2025 resultaron más económicos que las nuevas instalaciones basadas en combustibles fósiles.
En este escenario, la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta y copresidida por Colombia y los Países Bajos, marcó un importante hito político. Delegaciones de 57 países, junto con representantes de la ciencia, la sociedad civil, pueblos indígenas, sindicatos, empresas y organismos multilaterales, se reunieron para debatir no si abandonar los combustibles fósiles, sino cómo hacerlo. Uno de los principales resultados fue la consolidación de una coalición internacional de países comprometidos con una salida progresiva del carbón, el petróleo y el gas. Santa Marta no pretende reemplazar al Acuerdo de París ni al proceso formal de negociaciones climáticas de Naciones Unidas. Su valor radica en convertirse en una plataforma de acción y cooperación entre gobiernos dispuestos a avanzar más rápido.
La conferencia también impulsó la creación de un grupo internacional de expertas y expertos para apoyar hojas de ruta nacionales basadas en evidencia científica y justicia climática. Asimismo, la Asamblea de los Pueblos presentó una declaración orientada a garantizar que la transición sea socialmente justa y beneficie a las comunidades, evitando repetir patrones históricos de explotación de territorios y recursos.
Aunque no produjo acuerdos vinculantes, Santa Marta generó un nuevo impulso político. Fortaleció iniciativas como el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y estableció un proceso internacional permanente cuya próxima cita tendrá lugar en Tuvalu. Otro aporte relevante fue ampliar el concepto de seguridad más allá de lo militar, incorporando la estabilidad climática, la resiliencia económica, la cohesión social y la protección de los ecosistemas. En este sentido, abandonar los combustibles fósiles no es solo una medida de acción climática, sino también una política activa de paz, prevención de conflictos y construcción de seguridad a largo plazo.
En un mundo cada vez más fragmentado, muchos países buscan preservar su autonomía frente a las disputas entre grandes potencias. Para ello, la cooperación internacional debe contribuir a crear las condiciones para una transición energética justa, apoyando a la diversificación de las economías, fortaleciendo la gobernanza democrática de los recursos naturales y garantizando que los costos y beneficios de la transición se distribuyan de manera equitativa. Asimismo, debe contribuir a que los países industrializados y principales emisores de CO₂, cuya contribución histórica a la crisis climática ha sido considerablemente mayor, asuman su responsabilidad y pongan a disposición los fondos necesarios para la financiación climática.
Santa Marta demostró que nuevas alianzas para la transición energética son posibles y están ganando relevancia. El desafío ahora consiste en conectar sus resultados con la agenda climática global de Naciones Unidas y proyectar este impulso hacia la COP31 y otros espacios internacionales. Más que una conferencia aislada, Santa Marta fue el punto de partida de una coalición de actores decididos a construir una economía post-fósil y una arquitectura global más cooperativa, resiliente, y justa.