I. La encrucijada del tiempo y el territorio
¿Alguna vez te has detenido a imaginar cómo sería despertar en nuestras ciudades en el año 2040 y que lo primero que sientas sea el aire limpio de la sabana, la frescura de la montaña o la brisa del mar, en lugar del humo denso de los tubos de escape? A menudo, cuando hablamos de cambio climático, nos bombardean con imágenes de desastres, sequías y miedo. No se trata de negar la crisis, sino de reconocer que la incapacidad de imaginar un futuro distinto es, en sí misma, una barrera para construirlo. La desfosilización, entonces, no es solo un plan técnico; es el acto de soñar y ejecutar centros urbanos donde la vida recupere su lugar central.
Hoy, Colombia se encuentra ante una decisión histórica que determinará la viabilidad de sus territorios en las próximas décadas. No enfrentamos simplemente un fenómeno meteorológico adverso, sino las consecuencias de un modelo de desarrollo que ha colisionado con los límites biofísicos de nuestra geografía. Basta observar los casos críticos de Bogotá, el Valle de Aburrá, Cali o las principales ciudades costeras: territorios que, al concentrar la mayor carga contaminante del país, encarnan nuestro desafío urbano y ambiental más complejo.
Aunque estas ciudades han avanzado normativamente mediante Planes de Gestión de la Calidad del Aire, el debate ha dejado de ser meramente técnico para centrarse en la voluntad política y la gobernanza. ¿Qué nivel de prioridad tienen realmente estos instrumentos frente a las agendas y presupuestos de los gobiernos locales? La urgencia es clara: sin una transformación estructural de nuestros modelos productivos, respaldada por decisiones políticas contundentes, la seguridad hídrica y la habitabilidad de nuestros municipios se verán comprometidas de manera irreversible.
Este escenario es el desenlace lógico de una industrialización que, durante décadas, ha postergado la salud de los ecosistemas en favor de una dependencia intensiva del carbono. Por ello, la desfosilización de nuestras ciudades no puede ser vista como una opción más, sino como un imperativo ético y jurídico. Es el punto de partida necesario para trascender la gestión de los síntomas y comenzar, finalmente, a sanar las causas de nuestra crisis territorial. Bajo esta premisa, examinaremos a continuación cómo la desincronización entre las metas nacionales y la realidad local está forzando a los territorios a buscar nuevos caminos para la transformación.
II. Las ciudades en Colombia: entre la gestión a largo plazo y la urgencia climática.
Las principales ciudades y centros urbanos de Colombia han intentado trazar rutas de acción mediante instrumentos como los Planes de Gestión de la Calidad del Aire. Estos reconocen que la concentración de emisiones contaminantes —partículas PM2.5, PM10 y gases de efecto invernadero (GEI)— constituye el principal desafío de salud pública y sostenibilidad urbana. Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), el DNP y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respaldan esta urgencia: la mala calidad del aire causa cerca de 7.754 muertes prematuras anuales y genera pérdidas de aproximadamente $12,3 billones de pesos (1,5% del PIB) por atención de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y pérdida de productividad. Ante esta realidad, la gestión territorial debe trascender las medidas restrictivas temporales.
No obstante, la eficacia de estos instrumentos enfrenta barreras estructurales. Existe una tensión normativa ineludible entre las metas climáticas locales y un régimen nacional de servicios públicos e hidrocarburos que, con frecuencia, limita la autonomía de los entes territoriales para restringir el uso de infraestructuras fósiles. Un ejemplo claro es la Ley 2128 de 2021, que promueve la masificación del gas natural para servicios públicos y transporte, contraviniendo los compromisos nacionales y locales de reducir el material particulado conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta contradicción retrasa la transición hacia la electrificación y las soluciones energéticas descentralizadas, profundizando una dependencia fósil que impacta tanto la salud respiratoria de los habitantes como el calentamiento global de manera profundamente desigual.
A esta problemática se suma una marcada desincronización institucional: los programas territoriales no marchan al mismo ritmo de los compromisos climáticos nacionales (NDC). A pesar de la meta país de reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, solo 22 entes territoriales cuentan con planes integrales de gestión del cambio climático. Asimismo, únicamente cinco centros urbanos disponen de planes de gestión de calidad del aire (Valle de Aburrá, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga), instrumentos que, en muchos casos, resultan insuficientes y están desarticulados, limitándose a menudo a la gestión del riesgo sin abordar la mitigación real de emisiones. Según ONU-Habitat, las ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de GEI, a pesar de ocupar menos del 2% de la superficie terrestre; una realidad que también caracteriza a Colombia.
Ante este panorama, es necesario redefinir el principio de autonomía territorial: la gestión de la calidad del aire y la transición energética justa deben entenderse como objetivos codependientes para la garantía de derechos fundamentales. Más allá de la voluntad política, requerimos una arquitectura legal que faculte a los municipios para blindar sus ecosistemas frente a leyes nacionales que aún priorizan el extractivismo sobre el derecho a la vida y el desarrollo sostenible. Paralelamente, es indispensable fortalecer las capacidades locales para formular políticas públicas debidamente financiadas y articuladas que se fundamenten en co-beneficios y no en contradicciones. Apostar por la transición energética en las ciudades es, en esencia, defender el derecho a un ambiente sano y a la salud pública.
La desfosilización de los municipios densamente poblados e industrializados —históricamente dependientes de un modelo energético basado en combustibles fósiles— es la única vía para frenar la profundización de las brechas de desigualdad y garantizar un futuro sostenible.
III. El Mandato de Santa Marta: la clave inicial en las hojas de ruta locales
En abril de 2026, la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Fósiles y la Cumbre Popular en Santa Marta consolidaron una visión transformadora: la transición no puede ser un proceso estético, sino una reconfiguración de la gobernanza global.
Allí, entre el calor del Caribe y la fuerza de los movimientos sociales, populares, académicos y comunitarios, entendimos que la transición energética no es un debate que deba quedarse encerrado en oficinas de expertos, expertas o ministerios. Es un debate de la gente, donde se observó que personas y ciudadanías organizadas de todo el mundo, coincidimos en algo: la salida del petróleo, el gas y el carbón debe ser construida desde abajo, desde los pueblos.
Como bien se discutió en los pilares estratégicos de la conferencia: "Es evidente que descarbonizar nuestros sistemas económicos, comerciales y energéticos es el mejor camino hacia sociedades equitativas, estables y resilientes.", de allí, que un debate central fuera la insuficiencia de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que miden emisiones fronterizas ignorando la transformación productiva, ante esto el potencial de las ciudades radica en impulsar hojas de ruta aplicando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas a nivel local. Estas deben incluir planes integrales para descarbonizar el transporte y la industria, junto a una reconversión laboral anticipada que haga protagonistas a las y los trabajadores en el diseño de las nuevas economías.
La reducción de las emisiones atmosféricas no es solo una meta ambiental; es una obligación de Derechos Humanos. Como señaló Elisa Morgera, Relatora Especial de la ONU, durante la Cumbre Popular llevada a cabo en la Universidad del Magdalena, la expansión y el subsidio a los combustibles fósiles pueden constituir hechos internacionalmente ilícitos bajo las obligaciones climáticas de los Estados.
Para esto los Estados deben de revisar y desmontar los incentivos económicos que históricamente han apalancado el extractivismo, con el fin de redirigir esos capitales hacia los territorios. A la par, el impulso de una red de expertos que apoyen técnicamente la implementación de sistemas de transporte público y movilidad eléctrica, la eficiencia energética y construcción sostenible desde la escala de las ciudades, y en las organizaciones comunitarias y las pequeñas industrias locales para que lideren su propia descarbonización.
Es, en esencia, una democratización del recurso para asegurar que la transición sea, de hecho, justa y no una nueva forma de exclusión económica; esto es, agenciando las capacidades locales del poder colectivo que salva en lo regional y lo global.
V. Conclusión: El poder local como motor de cambio
La transición hacia ciudades desfosilizadas en Colombia no es un ejercicio meramente técnico de planeación; es, en última instancia, una disputa profunda por el modelo de sociedad que deseamos heredar. Como se ha expuesto, la dependencia de los combustibles fósiles no solo deteriora nuestra calidad del aire y acelera la crisis climática, sino que perpetúa un sistema de gobernanza que subordina la salud pública y la autonomía municipal a intereses extractivos, hoy incompatibles con la realidad ambiental del país.
Para superar este escenario, el primer paso es rechazar el espejismo de las "soluciones falsas". Debemos desmantelar la promoción de tecnologías de mitigación que solo buscan prolongar la agonía de la era fósil, así como los mecanismos de mercado que eluden la responsabilidad corporativa. La crisis actual ha derribado el mito del gas fósil como “combustible de transición”, revelándolo como una fuente de inestabilidad económica, conflicto e inseguridad, tanto para la salud respiratoria de nuestros habitantes como para la estabilidad del clima global.
En este contexto, el Mandato de Santa Marta surge no solo como un acuerdo, sino como un llamado a la acción: el cambio no vendrá de la inercia institucional, sino de la capacidad de las comunidades y los gobiernos locales para reescribir su propósito. El poder local es el motor más eficaz para transformar el país; cuando una ciudad decide electrificar su transporte, descentralizar su matriz energética o blindar sus ecosistemas, no solo cumple una meta de emisiones, sino que ejerce un acto de soberanía frente a una arquitectura legal que, por demasiado tiempo, ha priorizado el extractivismo sobre la vida.
Para materializar este cambio estructural, resulta indispensable articular tres pilares estratégicos:
- Justicia jurídica y normativa: Armonizar el ordenamiento nacional para que la autonomía municipal deje de ser una aspiración y se convierta en una facultad real para limitar la infraestructura fósil y proteger, efectivamente, el derecho a un ambiente sano.
- Redirección de recursos: Desmantelar los subsidios que aún apalancan el modelo extractivo, redirigiendo este capital hacia el fortalecimiento de capacidades locales, la reconversión laboral justa y la infraestructura energética comunitaria.
- Democracia y resiliencia: Consolidar redes de conocimiento y movilización social que aseguren que la desfosilización se traduzca en políticas públicas participativas, donde se reconozcan y maximicen los múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos de abandonar los combustibles fósiles.
La desfosilización es, en esencia, la recuperación de la ciudad como un espacio habitable, digno y libre de la contaminación que, por décadas, ha nublado nuestra visión de futuro. Como bien nos recordó Ellen Monielle, investigadora brasileña, durante la reciente Cumbre: "No hay futuro que sea sostenible mientras la base de nuestra economía sea lo que está destruyendo el planeta".
La pregunta, por tanto, no es si tenemos la capacidad de cambiar, sino si estamos dispuestos a reclamar el derecho a respirar aire limpio como el primer paso hacia una verdadera libertad colectiva. Es momento de que los territorios exijan marcos vinculantes y agencien sus capacidades internas; ha llegado la hora de elegir, con determinación y autonomía, el camino de la vida.
“Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente la posición de la Fundación Heinrich Böll Stiftung – Oficina Bogotá, Colombia.”