El creciente debate global sobre la transición energética ha dejado de enfocarse únicamente en la reducción de emisiones a partir de completar la demanda energética con energías renovables. Actualmente, existe un consenso creciente que reconoce que la desfosilización implica transformar las estructuras económicas, sociales y territoriales que históricamente han dependido del petróleo, el carbón y el gas. En Colombia, este reto es particularmente significativo debido a la alta dependencia fiscal y productiva que numerosas regiones mantienen respecto a las actividades extractivas.
Durante La “Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles”, realizada en Santa Marta en abril de 2026, delegaciones de 57 países y diversos actores sociales coincidieron en un mensaje clave: la dependencia económica de los combustibles fósiles requiere una transformación estructural y territorialmente justa.
En este contexto, Colombia tiene una gran oportunidad para impulsar una política de desfosilización que no solo responda a los compromisos climáticos internacionales, sino que también fortalezca economías regionales más resilientes, diversificadas y centradas en el bienestar de las comunidades.
La dependencia de combustibles fósiles: un problema estructural y territorial
Las discusiones en Santa Marta dejaron claro que la dependencia de los combustibles fósiles va mucho más allá de la producción de energía. Para numerosos territorios, las regalías y actividades extractivas asociadas al petróleo y al carbón sostienen buena parte de la economía local, creando vulnerabilidad frente a la inestabilidad de los mercados globales y limitando nuevas alternativas de desarrollo (Gobierno de Colombia y Países Bajos, 2026).
En regiones donde el petróleo y el carbón sostienen buena parte de la economía local, pensar en una transición energética no es sencillo. Departamentos como La Guajira, Cesar, Meta y Casanare enfrentan el desafío de construir nuevas alternativas económicas mientras miles de familias siguen dependiendo de las actividades extractivas para su sustento.
Según el Diagnóstico base para la Transición Energética Justa (Ministerio de Minas y Energía, 2023), esta dependencia también se refleja en las finanzas territoriales: en departamentos como Casanare y Meta, las regalías provenientes de hidrocarburos representan entre el 44 % y el 55 % de los ingresos totales, mientras que en Cesar las regalías del carbón alcanzan cerca del 44 %. En este contexto, la transición energética puede profundizar desigualdades si no se acompaña de mecanismos concretos de justicia, protección social, formación laboral y fortalecimiento de economías locales.
Los participantes de la conferencia coincidieron en que la transición energética solo será viable si se construye junto a las comunidades y trabajadores, mediante procesos participativos y con enfoque de justicia territorial. Además, advirtieron que esta transformación requiere financiamiento sostenido, articulación institucional y una cooperación internacional más sólida (Gobierno de Colombia y Países Bajos, 2026).
Un Fondo Nacional para la Transición Territorial Justa
Frente a este escenario, Colombia enfrenta el reto de fortalecer sus mecanismos de transición con herramientas que respondan a las necesidades de los territorios dependientes de los combustibles fósiles. En ese contexto, organizaciones como Climalab proponen crear un Fondo Nacional para la Transición Territorial Justa, complementario a los instrumentos ya existentes de financiamiento climático y desarrollo regional (Climalab, 2026).
Este fondo podría gestionar recursos públicos, cooperación internacional e inversiones hacia el fortalecimiento de nuevas alternativas económicas para los territorios dependientes de los combustibles fósiles. Entre sus principales objetivos estarían promover la diversificación productiva mediante iniciativas sostenibles como la agroecología, el turismo comunitario, la bioeconomía y las economías populares; impulsar energías limpias y sistemas descentralizados a través de proyectos comunitarios de energías renovables; garantizar procesos de reconversión laboral y protección social para trabajadores y comunidades afectadas por el cierre progresivo de actividades extractivas; y apoyar la restauración y protección de ecosistemas impactados históricamente por actividades minero-energéticas.
Las voces de los territorios
Hablar de transición justa también implica escuchar a las comunidades que enfrentan diariamente los impactos y contradicciones del modelo extractivo. En distintas regiones del país, líderes sociales, organizaciones comunitarias y pueblos étnicos han advertido que los discursos sobre transición energética muchas veces no se traducen en oportunidades reales para las poblaciones locales.
Durante esta conferencia, pueblos y comunidades indígenas reclamaron un papel protagónico en la toma de decisiones relacionadas con la transición energética y la construcción de nuevos modelos de desarrollo. Su mensaje fue claro: no puede existir una transición justa sin participación efectiva de quienes históricamente han habitado y protegido los territorios (Hernández, 2026).
En este contexto, los pueblos indígenas reiteraron que la transición energética debe garantizar sus derechos, la protección de sus territorios y el respeto por su autonomía y conocimientos ancestrales. Asimismo, cuestionaron la continuidad del modelo extractivista y reclamaron procesos de transición energética construidos desde los territorios y las comunidades (Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana [@opiaccomunica], 2026).
Oswaldo Muca, coordinador general de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), recordó durante la conferencia que los territorios indígenas cumplen un papel fundamental en la protección de la vida y el equilibrio ambiental del planeta. “Nuestros territorios son fundamentales para mantener la vida en el planeta”, afirmó, al destacar la importancia de reconocer y fortalecer el papel de los pueblos indígenas en los procesos de transición energética y justicia climática (elDiarioAR, 2026).
En medio de un contexto global marcado por la urgencia climática y la transformación de los sistemas energéticos, las mujeres indígenas también alzaron su voz para recordar que ningún avance tecnológico podrá sustituir una relación equilibrada con la naturaleza. Mientras el mundo acelera el tránsito hacia nuevas economías energéticas y digitales, ellas continúan defendiendo formas de vida basadas en el cuidado, la reciprocidad y la protección de la Tierra.
Además, las mujeres indígenas enfrentan una realidad especialmente compleja. Por un lado, viven de manera directa los impactos sociales, ambientales y culturales derivados de la expansión extractiva; y por otro, son portadoras de conocimientos ancestrales fundamentales para construir alternativas sostenibles frente a la crisis climática. En numerosos territorios lideran procesos de defensa del agua, los bosques y la biodiversidad, al tiempo que impulsan propuestas comunitarias de sostenibilidad y transición energética (Abya Yala Soberana, 2026).
Estas experiencias evidencian que la transición no puede limitarse únicamente a un cambio tecnológico o económico. También requiere transformar la relación entre sociedad, naturaleza y desarrollo, incorporando perspectivas territoriales, culturales y comunitarias que históricamente han sido excluidas de las decisiones energéticas.
Los testimonios compartidos durante la conferencia reflejaron una preocupación común entre muchos territorios extractivos del país: la transición energética no puede construirse desde decisiones centralizadas que ignoren las realidades locales. Escuchar a las comunidades resulta indispensable para identificar prioridades, prevenir conflictos y garantizar procesos legítimos y participativos.
Por ello, la transición no debe diseñarse exclusivamente desde escenarios nacionales o internacionales. Debe construirse desde los territorios, reconociendo las necesidades, conocimientos y propuestas de las comunidades locales. Precisamente, uno de los principales consensos de la conferencia fue que los procesos de transición requieren participación comunitaria, diálogo social y enfoques centrados en las personas, especialmente en pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres, jóvenes y trabajadores informales.
Solo a través de una transición construida con las comunidades será posible avanzar hacia un modelo energético verdaderamente justo, inclusivo y con enfoque de justicia territorial.
Cooperación y justicia territorial
Otro de los principales consensos alcanzados en Santa Marta fue que ningún país podrá enfrentar por sí solo los desafíos de la desfosilización. Los participantes señalaron la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, ampliar el acceso a financiamiento concesional y transformar la arquitectura financiera global para facilitar procesos de transición justa en países del Sur Global (Gobierno de Colombia y Países Bajos, 2026).
En el caso colombiano, esto significa que la transición debe apoyarse tanto en esfuerzos nacionales como en alianzas internacionales capaces de movilizar recursos, transferencia tecnológica y capacidades institucionales. Sin embargo, también implica reconocer que las decisiones deben responder a las realidades territoriales y no reproducir nuevas formas de dependencia o extractivismo verde.
La justicia territorial debe convertirse en el eje central de la transición. Esto implica reducir las brechas históricas entre regiones, garantizar acceso equitativo a los beneficios de la transición energética y fortalecer la autonomía de las comunidades sobre sus modelos de desarrollo.
Una transición con las comunidades en el centro
La desfosilización representa uno de los mayores desafíos económicos y sociales para Colombia en las próximas décadas. No se trata únicamente de abandonar los combustibles fósiles, sino de construir un nuevo modelo de desarrollo que permita reducir desigualdades, fortalecer economías locales y proteger los ecosistemas.
La creación de un Fondo Nacional para la Transición Territorial Justa puede convertirse en una herramienta estratégica para acompañar este proceso, siempre que esté orientado por principios de participación, equidad y justicia climática.
Los resultados de la Conferencia de Santa Marta evidencian que existe un consenso creciente sobre la necesidad de avanzar hacia economías más resilientes y libres de combustibles fósiles. Pero también muestran que la transición solo será viable si gobiernos, comunidades, organizaciones sociales y cooperación internacional trabajan conjuntamente para garantizar que nadie quede atrás.
Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente la posición de la Fundación Heinrich Böll Stiftung – Oficina Bogotá, Colombia.