La justicia, vista con detalle, es más bien una colección de voces que un concepto cerrado. Cuando hablamos de transición justa, hablamos de espacios que permiten o bloquean la salida de la economía fósil. Hablamos de los privilegios tributarios. Hablamos de la prevención, que defiende los derechos ante los discursos asfixiantes de desarrollo y progreso. Hablamos de mirar todas las desigualdades juntas, y hacer preguntas incómodas, como la de quiénes pierden para que otros ganen. O hablamos de reparación, ante las desarmonías del territorio y de los cuerpos.
Esta fue una de las intuiciones que atravesó el conversatorio Perspectivas multidimensionales sobre justicia y derechos humanos en la transición energética, realizado el 28 de abril de 2026 en la Universidad del Magdalena, en el marco de la Primera Conferencia Internacional para la Salida de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta. El espacio fue impulsado conjuntamente por Dejusticia, AIDA, Oxfam Colombia y Fuerza de Mujeres Wayuu, y también fue posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll.
Este texto busca recrear esta polifonía con amigas y colegas en torno a las justicias, los derechos humanos y la salida de los combustibles fósiles. Mariana Matamoros, de Dejusticia, habló desde la justicia tributaria; José David Castilla, de AIDA, desde las deudas territoriales del modelo fósil; Sofía Villalba, también de Dejusticia, desde la justicia ambiental y la prevención; Camila Delgado, de Oxfam Colombia, desde las desigualdades sociales, económicas y de género; y yo, Julián, que moderé el espacio pero también hablé de empresas y derechos humanos. Misael Socarrás, de Fuerza, no pudo acompañarnos finalmente. Lo extrañamos en la conversación, porque su voz habría traído con fuerza la experiencia viva del territorio Wayuu, pero queda abierta la esperanza de sostener ese diálogo en otro momento.
¿Quién paga en la transición?
Si los países del Sur Global -aquellos con enormes necesidades de adaptación producto del modelo extractivo global- requieren financiación para adaptarse, transformar sus economías, reparar daños y construir alternativas, no basta con hablar de cooperación internacional en abstracto, dice Mariana. Ella habla desde la justicia tributaria, porque la transición no solo necesita principios, sino también recursos. Y la pregunta por los recursos es, inevitablemente, una pregunta por el poder.
Afirma que hay que mirar cómo se distribuyen las cargas fiscales, quién recibe beneficios, quién traslada sus rentas a otros países y quién debería contribuir más a financiar las soluciones climáticas. Por eso es una mirada que confronta de ida y vuelta: sin recursos, la transición será solo una promesa, un discurso; sin justicia tributaria, puede terminar siendo pagada por quienes menos han contribuido a la crisis.
Pero corregir esa inequidad implica revisar los beneficios tributarios, discutir impuestos verdes, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles en arquitecturas globales donde los grandes contaminantes participan y, muchas veces, evitan ser regulados.
¿Quién decide y quién pone las reglas?
Y pienso en lo difícil que es regular la actividad empresarial.
Durante décadas, las empresas fósiles han participado en la producción de normas, narrativas, evidencia, estándares voluntarios y acuerdos climáticos globales sin aparente restricción. Mientras tanto, el movimiento social organizado, que ha alzado la voz por más soluciones desde las comunidades y menos desde los contaminadores, ha tenido un éxito limitado.
Pero es una pelea desigual. Se enfrentan a la capacidad avasallante de las grandes corporaciones, con influencia política y músculo económico. Aquellas influyen de manera sutil, mediante compromisos de carbono neutro, acuerdos de autorregulación, innovación y captura de emisiones; pero también de manera agresiva, lanzando amenazas judiciales contra los Estados que adoptan medidas ambientales. Y así logran evitar los límites, relajar las reglas, aplazar las medidas.
La pregunta que permanece es, entonces, cómo recuperar los espacios multilaterales que deberían ordenar la salida de la economía fósil, sin que sean ocupados o disciplinados por los grandes poderes económicos.
¿Desde dónde y hacia dónde?
Pero pensemos también en lugares como La Guajira, donde el debate sobre el futuro energético llega a territorios marcados por décadas de extracción, conflictividades sociales, daños ambientales, rupturas comunitarias y ausencia de reparación, dice Jose David Castilla, de AIDA. Y al hacerlo, recuerda que la injusticia tiene memoria.
Allí, hablar de transición exige hablar primero de las desarmonías y los desbalances que ha dejado el extractivismo. De afectaciones sobre el agua, el aire, los vínculos comunitarios, los sistemas de pensamiento, la salud, las formas de gobierno propio y la relación espiritual con el territorio. Por eso, una salida de los combustibles fósiles que ignore la reparación corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de injusticia.
Esta dimensión territorial introduce una pregunta difícil: quién responde por los daños cuando el territorio ya ha sido transformado, cuando la restauración parece imposible o cuando las afectaciones son acumuladas, históricas y profundamente entrelazadas con la vida comunitaria. Por eso, dice Jose, el cierre de proyectos extractivos debe pensarse desde estándares de salida responsable, restauración ecológica, reconversión laboral, reparación integral y participación efectiva de las comunidades que han vivido los costos de la economía fósil.
La transición, vista desde allí, es más bien una reparación que una reconversión.
¿Cómo prevenir la injusticia ante la urgencia?
Al escuchar a José insistir en la salida responsable y en las heridas de los territorios, Sofía resuena en la defensa del licenciamiento como herramienta para proteger los derechos ante la urgencia de la transición.
Porque uno de los grandes riesgos es la velocidad. Esta urgencia vertiginosa suele oponerse a los tiempos del derecho y de los derechos, y se habla de simplificar trámites, flexibilizar licencias o reducir la participación. Pero esa oposición es engañosa. Si la transición se acelera debilitando los instrumentos de prevención, puede terminar reproduciendo los daños que dice superar. Las energías renovables, la infraestructura de transmisión, los minerales críticos, el hidrógeno o los mercados de carbono también pueden generar impactos sobre territorios, comunidades y ecosistemas. Prevenir esos impactos no es frenar la transición. Es hacerla justa.
La justicia preventiva, dice Sofía, exige mirar el licenciamiento como un lugar de disputa democrática. Allí se decide qué impactos importan, qué conocimientos cuentan, qué comunidades son escuchadas, qué cargas se distribuyen y qué beneficios se prometen. En una transición marcada por proyectos de interés nacional y narrativas de urgencia, proteger estos instrumentos es también proteger la posibilidad de decir que no, de exigir cambios, de preguntar por alternativas y de imaginar una transición que no sacrifique los derechos por la rapidez.
¿La transición como oportunidad?
Desde una perspectiva global, la pregunta es quién debe cargar con los costos de la transición, inicia Camila, y nos lleva hacia una pregunta de fondo: si la transición puede ser realmente una oportunidad para corregir desigualdades, o, al contrario, va a terminar profundizarlas.
La transición no ocurre sobre una hoja en blanco, sino sobre un mundo atravesado por asimetrías entre Norte y Sur; entre territorios productores y consumidores; entre quienes acceden a la energía y quienes la consumen en exceso; entre empresas y comunidades; entre saberes reconocidos y saberes ignorados. El Sur Global ha cargado con un sistema de producción que ha beneficiado desproporcionadamente al Norte y a las élites económicas. Ahora, en nombre de la transición, muchos de esos mismos territorios también son llamados a albergar las soluciones y sus enormes costos.
La Guajira vuelve a aparecer como territorio emblemático de esa tensión. Un lugar donde comunidades que aún enfrentan barreras de acceso a derechos básicos, incluida la energía, se convierten al mismo tiempo en epicentro de proyectos destinados a abastecer la demanda energética nacional. Allí la desigualdad se ve con claridad: territorios sin acceso pleno son convertidos en enclaves de producción para otros; comunidades con daños acumulados reciben nuevas promesas; y la transición llega atravesada por memorias de despojo, desconfianza y fragmentación social.
Por eso, Camila propone mirar esas desigualdades en varias capas.
La desigualdad de un modelo que avanza sobre territorios donde los tiempos comunitarios, los procesos de diálogo y las formas propias de decisión no siempre son respetados. La desigualdad entre acceso y consumo: mientras las comunidades carecen de energía, también reciben la infraestructura que sostiene el consumo energético desmedido. Las cargas desiguales que recaen sobre las mujeres, las personas cuidadoras, los tejidos comunitarios, las geografías espirituales y las relaciones con el viento, el agua y la tierra. Y las desiguales negociaciones con las empresas, actores con recursos jurídicos, económicos, políticos y comunicativos muy superiores que producen divisiones internas, injusticias epistémicas, y afectaciones que no siempre caben en el lenguaje técnico-científico.
¿Qué priorizar?
Al final, como ocurre en las conversaciones que no buscan cerrar sino abrir caminos, les pregunto: si tuviéramos que priorizar una acción, ¿cuál sería?
Mariana insiste en revisar los beneficios fiscales en lo nacional y, al mismo tiempo, impulsar una convención de cooperación tributaria internacional; Sofía resalta el no permitir la regresividad en derechos, pues el licenciamiento, la consulta y otros instrumentos de protección vienen siendo presentados como obstáculos. Yo secundo sus ideas: necesitamos reglas claras y escenarios fuertes que prevengan la captura empresarial de la ambición climática, y que quede claro, de una vez por todas, que las empresas no tienen externalidades a internalizar, sino daños históricos que reparar.
Pero Camila y Jose nos interpelan desde abajo. Para Camila debemos disputar el relato sobre las soluciones: estas no solo vienen de los mercados, las empresas o los centros técnicos de decisión, sino de los procesos colectivos, de las prácticas de cuidado del territorio, de las mujeres que sostienen la vida, de las comunidades que conocen las consecuencias del extractivismo y de quienes defienden derechos en contextos de amenaza. Y Jose resuelve con un cambio de paradigma: para sanar las desarmonías y los desbalances, debemos regresar a los territorios, regular la salida responsable y construir nuevas formas de planeación territorial, pensadas con y desde las comunidades.
Quizá la enseñanza más importante de la conversación es que una transición justa no se construye escogiendo una sola dimensión de justicia, sino aprendiendo a sostenerlas todas juntas. En tiempos en que la transición se presenta como una carrera tecnológica, esta conversación me recordó otra cosa: salir de los combustibles fósiles no es solamente cambiar de matriz; es, esencialmente, juntarnos a pensar en el mundo que queremos construir al abandonarlos.
Y esa pregunta, para ser justa, debe hacerse a muchas voces.
“Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente la posición de la Fundación Heinrich Böll Stiftung – Oficina Bogotá, Colombia.”