Colombia y los Países Bajos son los anfitriones de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un encuentro histórico que busca trazar rutas concretas para que el mundo le ponga fin a su dependencia del petróleo, el gas y el carbón. El evento, que se desarrollará en Santa Marta entre el 24 y el 29 de abril con la participación de representantes de al menos 62 países, nace de una convicción compartida por un grupo creciente de naciones: que mientras las grandes negociaciones climáticas multilaterales siguen bloqueadas por los intereses de los mayores emisores, quienes ya están dispuestos a actuar deben encontrar su propio espacio para avanzar.
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, explicó que la conferencia surge precisamente de esa frustración: en el marco de la COP30, se hizo imposible abordar lo que para muchos países es el corazón del problema climático, que es la extracción y el consumo de combustibles fósiles. “Ahí, varios países estuvimos de acuerdo en que era necesario generar un escenario para poder discutir abiertamente, honestamente, cuáles son las medidas tanto subnacionales como coordinadas a nivel global que permitan hacer una ordenada transición para superar esa dependencia”, dijo.
La elección de Santa Marta no es casual. La ciudad caribeña es el principal puerto exportador de carbón de Colombia, lo que la convierte en un escenario simbólico para enviar el mensaje de que la transición es posible incluso desde los territorios que más dependen de los combustibles fósiles. Tres son los ejes del encuentro: cómo superar la dependencia económica de los fósiles, cómo transformar la matriz energética, y cómo construir una nueva diplomacia climática global. Para Vélez, este último punto es el legado más importante: “En un contexto de crisis en el Medio Oriente donde la causa central de la guerra es precisamente el petróleo, no puede ser más oportuno que encontrarnos en Santa Marta para discutir estos temas de manera honesta y abierta”, dijo.
El peso de lo que se quiere dejar atrás
Para entender la magnitud del desafío, basta con revisar los números. Martha Cobo, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, señala que en febrero de 2026 los combustibles y productos de industrias extractivas representaron el 33 % del valor total de las exportaciones de Colombia, y que Ecopetrol proyectó para 2025 transferencias a la Nación cercanas a 35 billones de pesos entre dividendos, impuestos y pagos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Para dimensionarlo: esos 35 billones equivalen a casi el 7 % del Presupuesto General de la Nación, al 42 % de toda la inversión nacional y a más de la mitad de lo presupuestado para pensiones. “No hay hoy otra actividad que sustituya de manera inmediata ese flujo de divisas y de recursos públicos sin generar un choque fiscal y social”, advierte.
Robinson Andrés Mancilla Estupiñán, ingeniero de petróleos y coordinador de la Especialización en Gestión Ambiental en la Industria Minera y Petrolera de la Universidad de Santander (UDES), agrega que los hidrocarburos han representado históricamente entre el 40 % y el 55 % del total de las exportaciones del país. Una restricción acelerada, explica, no solo afectaría los ingresos fiscales: también pondría en riesgo la seguridad energética, ya que Colombia aún no cuenta con una matriz suficientemente diversificada ni con infraestructura robusta para garantizar una sustitución inmediata. Desde el punto de vista laboral, el sector tiene un efecto multiplicador alto: por cada empleo directo genera entre cuatro y seis empleos indirectos en transporte, servicios, construcción y logística.
Juliana Peña Niño, gerente Colombia del Natural Resource Governance Institute (NRGI), recuerda que el impacto más profundo se siente en los territorios productores. En Putumayo, por ejemplo, la producción cayó un 47,3 % entre 2015 y 2024, y las regalías representaron entre el 14 % y el 21 % de los ingresos departamentales. “La discusión no es solo si se restringen o no nuevos proyectos, sino cómo se planifica en el largo plazo, a través de políticas de Estado, la reducción de esa dependencia, teniendo en cuenta los territorios productores”, señala.
En ese sentido, y frente a la pregunta de qué hacer con los combustibles fósiles, las posiciones de los expertos van desde el escepticismo sobre la viabilidad de una salida rápida hasta la urgencia de actuar sin más demora. Pero hay un punto en el que casi todos coinciden: una prohibición abrupta sería tan peligrosa como no hacer nada.
El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra critica abiertamente la política del gobierno colombiano de restringir la exploración y explotación de hidrocarburos: “Eso es un absurdo porque los ingresos fiscales de Colombia provienen en buena parte de la explotación de los combustibles fósiles, y suspender esa exploración no tiene ningún impacto a nivel global, puesto que la oferta que hace Colombia sería suplida por la oferta de otros países”. Ya hay consecuencias visibles, señala: la escasez que se avecina de gas obligará al país a importarlo con impacto en las finanzas públicas.
Camilo Bayona, doctor en ingeniería y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, ofrece un marco más matizado. Reconoce que prohibir abruptamente la extracción tiene implicaciones devastadoras, pero propone una visión diferente: “La visión sostenible no debería ser enterrar el recurso intempestivamente, sino garantizar que cada peso generado por la venta y extracción de fósiles se reinvierta obligatoria y exclusivamente en financiar nuestra transición hacia una matriz limpia”. Bayona también plantea el problema desde su raíz científica: la humanidad ha devuelto a la atmósfera millones de toneladas de carbono almacenadas durante miles de millones de años, y si no se toman decisiones drásticas, se amenaza la supervivencia de los ecosistemas del planeta.
Andrés Gómez, coordinador para América Latina del Tratado sobre Combustibles Fósiles, ofrece una perspectiva que cuestiona algunas de las premisas del debate: Colombia tiene apenas el 0,1% de las reservas globales de petróleo y menos del 0,05% de las de gas. Dos décadas de contratos de exploración no han dado los resultados esperados. “Hablar de restricción a nuevos proyectos no es una amenaza al modelo económico, sino el reconocimiento de una realidad inexorable”, afirma.
Juan Pablo Soler, de Comunidades SETAA y del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, amplía el horizonte del debate más allá de lo económico: “Pensamos el petróleo en clave de civilización. El tema del petróleo sostiene toda la estructura de sociedad que hoy tenemos”. Para Soler, la transición implica un cambio cultural profundo, no solo un reemplazo de fuentes de energía. Y señala que el riesgo no está solo en dejar el petróleo, sino en replicar la lógica extractivista en los minerales que requiere la nueva matriz energética, como el cobre y otros elementos para los paneles solares.
Las condiciones mínimas para que funcione
Mancilla Estupiñán traza las condiciones sin las cuales una transición viable es imposible: en lo tecnológico, acelerar el despliegue de renovables con capacidad firme, fortalecer el almacenamiento y modernizar la transmisión; en lo fiscal, diversificar las fuentes de recaudo y promover nuevos sectores productivos; en lo regulatorio, dar seguridad jurídica para atraer inversión de largo plazo; y en lo social, preparar el talento humano para nuevas dinámicas productivas.
Bayona señala que Colombia tiene el potencial natural para lograrlo: recursos hidráulicos en las montañas, energía eólica en el Caribe, solar en casi todo el territorio y biomasa para bioenergía. Pero la condición técnica mínima es reconocer que la electricidad apenas representa el 18 % del consumo final en Colombia, mientras que el petróleo suple el 90 % de la demanda del transporte y el carbón el 40 % de las necesidades de la industria. “La transición no ocurre por decreto, sino mediante una política de Estado de reindustrialización”, insiste.
Leonardo Rojas, de Polen Transiciones Justas, propone aprovechar las capacidades productivas existentes en el país: Colombia tiene un sector automotriz con tradición en ensamblaje, componentes eléctricos y electrodomésticos que podría entrar a producir tecnologías para la transición. “La pregunta es cómo garantizamos desde las instituciones, en alianza con las comunidades y el sector privado, una estrategia de impulso a estos sectores económicos que garantice la sustitución de unos ingresos”, plantea. Para Rojas, la transición energética en América Latina y el Caribe es una oportunidad de desarrollo sostenible, cierre de brechas sociales y de género, y generación de empleo de calidad, si se hace en las condiciones correctas.
En ese sentido, el NRGI propone cuatro tareas técnicas mínimas: identificar la dependencia económica y fiscal de cada territorio, evaluar las capacidades institucionales, definir rutas de diversificación productiva e incorporar restricciones socioambientales. Peña Niño agrega que se necesitan reformas estructurales que den claridad sobre el papel de Ecopetrol en la transición y que diferencien las decisiones de política pública nacional de las respuestas que requieren los territorios.
Un mundo que no está listo, pero que no tiene más opción
A nivel global, el panorama es igualmente complejo. Más del 70 % de la demanda energética mundial sigue cubriéndose con combustibles fósiles. En 2024, la demanda global de energía creció el 2,2 % y las emisiones marcaron un nuevo récord de 37,8 gigatoneladas de CO₂, según datos citados por Cobo. Incluso China, que en 2024 agregó 373 gigavatios de nueva capacidad renovable, sigue siendo un gran consumidor de carbón.
Rodríguez Becerra ofrece una perspectiva histórica que contextualiza el fracaso acumulado de la diplomacia climática: cuando se firmó la Convención de Cambio Climático en Río de Janeiro, había expectativas de que el problema estaría resuelto para estos años. No solo no está resuelto: está empeorando. El obstáculo estructural, dice, es el poder de las empresas petroleras y de la industria automotriz para bloquear la acción climática. “Primero está el lucro antes que resolver un problema global. Y hoy esa crisis encuentra su clímax con el presidente Trump, que claramente está liderando políticas que están en contra de la lucha contra el cambio climático”.
Gómez lo plantea en términos de urgencia: en 2024 y 2025 se registraron los primeros años con un aumento sostenido de la temperatura media global por encima de 1,5 grados Celsius. “La tecnología está disponible, hoy existe mayor capacidad que nunca para generar energía de fuentes renovables diversas. El verdadero obstáculo es político y distributivo”.
Soler coincide: “No se trata de una decisión económica de podemos prescindir o no podemos. Debemos prescindir, y es adelantarnos al futuro en clave de que ese problema no se vuelva mayor”. Para él, los obstáculos son el poder corporativo detrás de la industria fósil y la falta de voluntad política para apoyar con recursos suficientes a las iniciativas descentralizadas de energía comunitaria.
La equidad como condición de posibilidad
El debate sobre quién paga los costos de la transición atraviesa todas las discusiones en Santa Marta. Los países en desarrollo, que históricamente han contribuido de manera marginal a las emisiones globales, corren el riesgo de asumir cargas desproporcionadas en el proceso de descarbonización.
Bayona plantea que es un dilema ético e histórico: “Durante dos siglos, las grandes potencias basaron su desarrollo en la quema irrestricta de combustibles fósiles. Es injusto exigir a países como Colombia —cuyas emisiones históricas son marginales— que sacrifiquen su derecho a la reindustrialización limpia”. Pero también ve una oportunidad: “Los países en desarrollo debemos ver esto como una chance para saltarnos etapas tecnológicas obsoletas”, señalando el modelo de movilidad eléctrica en Colombia como ejemplo replicable.
Peña Niño del NRGI es directa: los países más ricos deben reducir primero y más rápido su propia producción, y aportar financiamiento suficiente para que los países en desarrollo construyan sus hojas de ruta sin que la transición recaiga sobre sus ingresos públicos y sus regiones productoras. “En los diálogos de Santa Marta es importante mover la conversación desde las promesas hacia compromisos aplicables y financiados”.
Gómez, desde el Tratado sobre Combustibles Fósiles, propone que la solución pasa por un instrumento internacional vinculante: “La transición solo será justa si integra tres dimensiones simultáneas: justicia climática, justicia energética y justicia financiera. Sin las tres, los países en desarrollo seguirán pagando los costos de una crisis que no causaron”.
Aunque la conferencia de Santa Marta no producirá un tratado ni compromisos vinculantes, pues ese no es su objetivo, sí puede generar el entendimiento compartido y la orientación práctica que permitan a los países dispuestos avanzar con mayor certeza. En un mundo donde los grandes emisores siguen bloqueando los acuerdos climáticos más ambiciosos, ese es, por ahora, el espacio posible. Y Colombia ha decidido ocuparlo.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
*Artículo desarrollado con apoyo de la Fundación Heinrich Böll