Transformar es construir
El futuro y la viabilidad del sector minero responsable con el futuro de Colombia dependen de una política pública enmarcada en el interés general y el beneficio colectivo, de una transición gradual y consensuada que se ajuste a la gestión del cambio climático, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y los derechos humanos, y también de su aporte al desarrollo económico y el bienestar social.
Los retos de una minería responsable con el futuro del país son enormes y complejos, pero constituyen el único camino posible para avanzar en una transición pacífica, alineada con los grandes propósitos ambientales, sociales y económicos de la nación,
que supere el modelo extractivista en sintonía con la cambiante dinámica internacional del sector minero.
En lo transcurrido del actual Gobierno del Cambio, presidido por Gustavo Petro (2022- 2026), se abrió el sendero a un nuevo modelo minero que, con avances, retrocesos, errores, conocimientos y experiencias, representa una gran oportunidad para transformar el actual estado de cosas. Así, la transición del modelo minero conlleva múltiples transformaciones en las dimensiones conexas, que van desde la relación con la naturaleza hasta el desarrollo económico, pasando por el cuidado del agua, los derechos humanos, el ordenamiento territorial, el bienestar social y el orden público.
Las perspectivas son innumerables y diversas, pero, solo desde la dimensión económica, la minería así definida podría superar con creces lo alcanzado en décadas de extractivismo. Esto le permitiría al Estado, con una política minera autónoma y soberana, planear el presente y futuro de sus minerales estratégicos (ME), impulsar la descarbonización de la economía y generar valor agregado mediante cadenas productivas que aporten empleo, bienestar e ingresos para financiar el gasto social y reducir los altos niveles de desigualdad.
El sector minero colombiano fue por décadas una actividad aislada de las grandes discusiones de la sociedad. Excepto por la generación de regalías, impuestos y exportaciones, se ignoró su aporte al desarrollo de la economía nacional, contando
incluso con beneficios tributarios por la exportación de bienes primarios, y reconociendo al Estado una contraprestación (regalías) que ya no refleja el valor de los ME que tienden a la escasez en el mediano plazo y que con urgencia buscan los países desarrollados.
Mientras las naciones que conocemos como desarrolladas utilizaron sus minerales para generar bienes con valor agregado y servicios que permitieron el rápido avance de sus economías, nuestro país tomó el camino opuesto, gracias a poderes fácticos, entre ellos, representantes de la clase política, gremios, empresas y abogados mineros, que concesionaron la riqueza del subsuelo para obtener rentas fáciles impulsando la exportación de bienes primarios. Esto debilitó la industria y la agricultura, reprimarizó la economía y la hizo dependiente de los ciclos internacionales de la demanda y de los precios de los minerales. El interés general que propugna la Constitución Política no aparece en la regulación ni en la institucionalidad del sector.
Fruto de cuestionables decisiones de política pública, el sector anduvo por años entre el extractivismo puro y el rentismo. La minería se evalúa por su aporte al producto interno bruto (PIB) y a las exportaciones, como fuente de ingresos públicos y un nivel de empleo apenas consistente con la extracción y exportación de bienes primarios. En este contexto, la Carta Política solo aparece para blindar los derechos a la propiedad, la seguridad jurídica de las empresas, la autonomía empresarial y la libre competencia.
La globalización impuso al país una condición determinada por la geopolítica y la dinámica minera internacional: la de proveedor de bienes primarios. En ese sentido, continuar sentando las bases de una minería responsable con el futuro de Colombia,
con la economía, el ambiente y la sociedad es la gran oportunidad para que el sector pueda contribuir a los grandes intereses de la nación.