Este artículo hace parte de la revista Voces Por el Clima No 3
Los movimientos juveniles de todo el mundo han sido actores dinámicos y relevantes para promover acciones en pro del empoderamiento climático y la justicia intergeneracional en temas ambientales. De esta manera, el 9, 10 y 11 de octubre, se reunieron en Bogotá (Colombia) más de 300 jóvenes de 20 países diferentes del continente: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y de ins en el marco de la Conferencia Regional de Jóvenes para América Latina y el Caribe (RCOY). Esto con el fin de construir una declaración sobre una postura climática regional desde las juventudestar a sus gobiernos a tener un posicionamiento regional y consensuado entre los equipos negociadores de cada país, siendo esto una prioridad ante negociaciones climáticas muy tensas, como las que tendrá la COP28 sobre balance global, ambición y la operativización del Fondo de Pérdidas y Daños.
Durante el evento presencial, los jóvenes participaron en debates, talleres con expertos, conversatorios y artivismo. El resultado de 10.000 horas de trabajo ha sido una declaratoria de buenas prácticas para tomadores de decisiones en América Latina, titulada De la propuesta a la implementación
Durante la clausura se contó con la presencia de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad; la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia; la embajadora de Chile en Colombia, María Inés Ruz, y representantes de agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. A estas personas se les hizo entrega de esta histórica declaratoria para que pueda ser incorporada en la política pública y sea conocida por los equipos negociadores de cada país.
Esta declaratoria se centró principalmente en abordar propuestas alrededor de: (1) pérdidas y daños; (2) biodiversidad; (3) finanzas climáticas; y (4) transición energética justa.
Pérdidas y daños: América Latina se destaca por su alta vulnerabilidad a eventos extremos. Estos impactos climáticos causan pérdidas económicas y no económicas, afectando los derechos humanos y las comunidades vulnerables. Por ello, es crucial medir, diferenciar y abordar estas pérdidas. Entre las propuestas surge crear un plan de ordenamiento ecológico local participativo, un fondo nacional de seguros agropecuarios y planes nacionales de adaptación al riesgo.
Biodiversidad: las áreas más amenazadas incluyen la selva amazónica y los hábitats marinos. Por esto, la implementación efectiva y participativa, junto con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, son cruciales para proteger la biodiversidad en la región. Este tema se centró en fomentar políticas de educación ambiental, el uso de especies forestales nativas, la pedagogía para la creación de una cultura oceánica y planes locales de biodiversidad.
Finanzas climáticas: los países desarrollados deben cumplir con las metas de financiamiento, aumentar la cantidad de financiamiento climático, y en las condiciones de acceso. La financiación debe provenir tanto de los Estados como de entidades privadas y el destino de los fondos debe ser una decisión soberana. Así mismo, se discutieron las posibilidades alrededor del canje de deuda, guías de financiamiento climático subnacional, fondos para desastres climáticos, entre otros.
Transición energética justa: la región busca un sistema accesible y climáticamente resiliente, promoviendo la justicia social. La implementación justa de la transición energética debe garantizar la seguridad energética, la asequibilidad y la equitabilidad, con pertinencia territorial. Para esto, se propuso el impulso de la generación distribuida, la participación ciudadana en planes de transición energética, herramientas de monitoreo para las políticas energéticas, entre otras iniciativas relacionadas con hidrógeno y litio.
2. Camino a la COP28
La COP28, que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos, tendrá negociaciones complejas, como el Global Stocktake, la meta global de adaptación y la transición energética. Las tensiones se suman a la creciente desconfianza que generan en el sur global los compromisos de financiamiento climático, debido a los incumplimientos anteriores.
También se desarrollarán debates en torno al nivel de autonomía y la operatividad de un posible Fondo de Pérdidas y Daños. ¿Quién lo administra?, ¿cómo funciona?, ¿quién accede a él? Así, con base en estos y otros interrogantes, entre los países existen divergencias sobre qué tan vinculantes serán las recomendaciones que salgan del fondo. El ambiente de las negociaciones, junto con una situación de estancamiento económico en la región, ha puesto más presión en la urgencia de reformas estructurales del sistema financiero y monetario internacional, ya que la deuda pública ha sido el principal instrumento de financiación climática y ha implicado un nuevo estado de constreñimiento al sur global.
Los flujos de financiamiento climático no están llegando ni a las personas más vulnerables ni a los jóvenes ni a los territorios. Adicionalmente, los recursos dedicados a las medidas deadaptación son muy bajos para las metas fijadas y, en general, se necesita una mayor ambición por parte de los países de la región.
Teniendo presentes los retos a los cuales se enfrentarán las negociaciones de la COP28, es de suma importancia comprender la relevancia de la Declaración para los espacios de toma decisión, comprendiendo que así los países cumplirán con la justicia intergeneracional y promoverán la protección de las comunidades más vulnerables.