La dependencia a los ingresos de la industria petrolera pone en riesgo el futuro de uno de los países más vulnerables al cambio climático.
La economía de México es considerada una de las más desiguales del mundo, con casi la mitad de su población en situación de pobreza. Algo similar ocurre con respecto a las emisiones de carbono; en México, 50 por ciento de la población emite menos de 2 toneladas per cápita, mientras que las emisiones del 10 por ciento más rico de la población son 10 veces superiores (20 toneladas per cápita). Estos niveles de desigualdad son significativamente mayores incluso que en Brasil, una de las principales economías latinoamericanas.
A la situación de desigualdad se suman cuatro años de estancamiento económico acentuados por los impactos ocasionados por la pandemia de Covid-19 y la alta tasa de inflación actual. México atraviesa además una grave crisis por el acceso al agua, principalmente en el norte del país, debido en parte, a la sequía en más de la mitad del territorio nacional, y una situación de violencia y descomposición social generalizada, sostenida en buena medida por el crimen organizado desde hace décadas.
En este cúmulo de necesidades por atender, la lucha frente a la emergencia climática se ha vuelto un asunto de poca o mínima relevancia para el Gobierno mexicano, que está aún lejos de tomar acciones prioritarias en materia de mitigación y adaptación frente al cambio climático. La obsesión por la explotación del petróleo y por los combustibles fósiles obstaculiza la política climática y ambiental del país, que cada vez se percibe más debilitada.
El petróleo le ha dado mucho a México, pero…
La actividad petrolera tuvo un importante auge al final de la década de los años setenta. Durante años el petróleo representó una fuente importante de ingresos para el país, hasta el punto de generar el 44% de los ingresos ordinarios del Gobierno federal en 1982. Hoy en día los ingresos petroleros ascienden a 2239 millones de dólares, que representan el 19% de los ingresos totales presupuestarios del país, según datos recientes del Banco Central Mexicano. Desde 1938 y hasta el año 2014, esta industria se encontró en manos exclusivamente del Estado, operando a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) sin apertura a capitales privados.
En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto impulsó la apertura comercial del sector petrolero a través de la reforma energética. Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, y el consiguiente cambio de régimen político en 2018, la nacionalización de la industria petrolera y el fortalecimiento de Pemex se convirtieron en unas de las principales banderas del actual mandatario.
Sin duda, las condiciones del país y de la industria petrolera no son las mismas que en aquellos años de bonanza. La política energética no puede seguir ciega ante la grave crisis ambiental y climática que atraviesa el país y el mundo en general. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en 2018 ya México estaba considerado como uno de los países más vulnerables ante el cambio climático por sus características geográficas, como su ubicación entre dos océanos, sus niveles de pobreza y desigualdad, y su grado de susceptibilidad o incapacidad para enfrentar sus impactos.
El conflicto entre la política energética y la climática
Una pugna importante permea las acciones frente al cambio climático en el país. Por un lado, el sector energético, formado por la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y por la Comisión Federal de Electricidad principalmente, defiende una política que busca la recuperación de la soberanía perdida en años pasados, basada en la exportación de combustibles fósiles, en aras de lograr mayores ingresos para las políticas sociales del Gobierno. Por otro lado, se encuentra una política climática y ambiental debilitada, aunada a instituciones cada vez más frágiles que operan con escaso personal y con mínimos recursos como es el caso de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursosn Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio climático (INECC). En la práctica, la materialización del discurso de austeridad que predomina en la actual administración castiga principalmente al sector ambiental. Mientras que, el total los recursos del modelo fósil equivale a 16.3 veces el presupuesto destinado al cambio climático.
De acuerdo con el listado de los principales emisores mundiales, México ocupa la novena posición, con una contribución del 1,42% de las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (excluyendo el cambio de uso de suelo y silvicultura), que lo posiciona como uno de los principales emisores del mundo y como el segundo mayor emisor de GEI en América Latina, después de Brasil aunque muy por debajo de otros actores contaminantes como China (68,71%), Estados Unidos (12,67%), el bloque de la Unión Europea (7,52%) o India (7,08%). En total, diez países, entre los que se encuentra México, son los responsables de dos tercios de las emisiones de GEI. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) enfatiza que, los 100 emisores más pequeños contribuyen únicamente con el 3% de las emisiones globales.
Pese a estas cifras, el Gobierno nacional continúa favoreciendo la política energética basada en el uso de combustibles fósiles. Para el investigador de ciencias sociales, Raúl Pacheco-Vega, este impulso a las industrias energéticas tradicionales, basadas en carbón y en petróleo, viene desde sexenios anteriores, donde se generó la contradicción entre una política climática muy ambiciosa y una política energética basada en hidrocarburos. Esta obsesión con las industrias energéticas tradicionales no es privativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero es preocupante que éste haya continuado con esta misma visión, a la luz de los informes científicos sobre los efectos presentes y futuros del cambio climático. Esta apuesta por los combustibles fósiles busca sostener una política social enfocada en superar las causas de la pobreza.
México no ha renunciado a la protección del clima
El país cuenta con una arquitectura institucional definida en materia de política climática. El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) es el ente máximo de gobernanza en la materia, creado con el propósito de establecer acciones para la adaptación y mitigación al cambio climático. México cuenta también con diferentes instituciones en el poder legislativo orientadas al diseño de políticas climáticas.
El actual Gobierno desarrolló un Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2021-2024, que busca trazar la ruta hacia acciones de mitigación y adaptación ante los efectos adversos del cambio climático. Entre las cuales destacan la formulación de la Política Nacional de Adaptación en el marco del SINAAC, la promoción de una gestión integrada de recursos hídricos del país para asegurar un acceso equitativo, promocionar la transición energética justa e impulsar acciones de movilidad sostenible, entre otras. impulsar acciones de movilidad sostenible, entre otras.
A mitad del sexenio, es prematuro aún evaluar el desempeño de las actividades propuestas en el actual PECC. No obstante, se vislumbra lejano el cumplimiento de algunas estrategias, tales como la incorporación de energías limpias en la generación eléctrica hasta alcanzar el 35% en 2024. Actualmente, solo se tiene instalado un 16% de fuentes de energía limpia renovable (exceptuando grandes hidroeléctricas), de acuerdo con informaciones del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico mexicano.
Para Andrés Ávila-Akerberg, Director Ejecutivo de la organización de la sociedad civil POLEA, pese a la desfinanciación de las instituciones ambientales y la lentitud con la que avanzan algunas estrategias, hay avances importantes en materia de política climática, principalmente en el nivel subnacional. Por ejemplo, actualmente 29 de los 32 estados que conforman el país, cuentan con leyes de cambio climático. Mientras que 27 estados tienen un programa estatal de cambio climático. En ese ámbito, los gobiernos locales tienen un mayor margen de acción y mayores posibilidades de atraer cooperación internacional para financiar programas enfocados en la mitigación y adaptación al cambio climático.
“La lucha sigue y sigue”
Con esta arenga popular en reclamos y movilizaciones políticas en el país, las voces activistas frente a la emergencia climática han vuelto a cobrar auge en México. Afortunadamente han sido las y los jóvenes y los pueblos indígenas quienes han alimentado el debate público en los últimos dos años sobre la necesidad de construir un país más allá del petróleo.
Hay una exigencia constante de la sociedad civil por dejar de priorizar el uso de combustibles fósiles en el país y fomentar una transición energética justa. Para Mitzy Cortés, activista indígena “no es posible pensar en el beneficio del país si es a costa de los pueblos, a costa de la destrucción de la naturaleza”. Su voz se une a la de diferentes grupos como la Cumbre Nacional de Jóvenes por el clima, Embajadores Climáticos, Jóvenes por el clima, mamás contra el cambio climático, entre otros, que exigen acción frente a la emergencia climática, no obstante, hasta ahora, el gobierno actual no parece receptivo a estas demandas y continúa con la política energética basada en combustibles fósiles y megaproyectos energéticos.