América Latina y el Caribe son la región más inequitativa del mundo. Una situación que también se refleja en el acceso y utilización de las tecnologías digitales. Según un informe del Observatorio Covid-19 de CEPAL1 , cuando la pandemia llegó a la región, el 60% de los hogares tenía conexión a internet. Un avance cuestionable frente a las necesidades crecientes, como el teletrabajo y la escuela virtual. El mismo informe señala además que dos terceras partes de los países no alcanzaron los requerimientos de velocidad de descarga que permitieran el desarrollo de estas tareas. Y la situación se agudiza al desagregar los datos entre la ciudad y el campo. En las ciudades, uno de cada tres hogares carece de conexión a internet, y en el campo la cifra se eleva a más de tres cuartas partes. El documento también señala que, para las personas más pobres la conectividad representa entre el 12 y 14% de sus ingresos, cuando la ONU recomienda que sea el 2%.
Lo anterior acentúa los hallazgos del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)2 , que ya en 2017 señalaba que las carencias de acceso a la tecnología también reforzaban otras desigualdades como las de «género, las demarcaciones geográficas o grupos sociales, entre Estados y dentro de los mismos». Esta brecha digital además del acceso a internet se mide en términos de calidad de la conexión y de los conocimientos para que la información encontrada sea de utilidad.
El caso de Colombia, país promedio de la región en términos de conectividad, asimetrías de acceso a internet y escasez de estadísticas desagregadas, puede tomarse como referencia. Allí una encuesta3 , arroja luces sobre la penetración de internet, los tipos y las intenciones de uso para generar un indicador de apropiación digital. Un índice que da cuenta de cómo las personas utilizan la red no solo para comunicarse y entretenerse, sino también para educarse, participar y realizar transacciones virtuales.
La encuesta revela que el 62,6% de las mujeres de zonas urbanas tiene acceso a internet frente a un 78,9% de los hombres. En el campo, la cifra de mujeres conectadas apenas alcanza el 38,5% mientras que la de hombres es del 65,8%. En ambos casos, los propósitos de uso que permite la conectividad varían notablemente:
En la ciudad, el 24,8% de ellas asegura no usar internet. Un 48% lleva a cabo tareas básicas como comunicación y entretenimiento. Aquellas que le dan un uso intermedio, por ejemplo, con propósitos educativos y de capacitación representan al 24%. Finalmente, el grupo de mujeres que le dan un uso avanzado, por ejemplo, que realizan transacciones bancarias virtuales, tan solo equivale al 3,3%. Estos mismos usos o apropiaciones digitales entre las mujeres rurales, que tienen acceso, se manifiestan así: 40,9% no usa internet. El grupo restante se distribuye así: aquellas que lo utilizan con propósitos básicos representan el 38,8%, usos intermedios el 18,6% y para usos avanzados llega a un escaso 1,64%. La escasa conectividad y habilidades digitales de las mujeres limitan sus oportunidades de educarse o trabajar, rezagándolas de las nuevas dinámicas. Un fenómeno que se repite a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, y que se ve agudizado por la pandemia de Covid-19.
El cierre de la brecha digital exige un enfoque diferencial
La cifra de conectividad alcanzada por América Latina oculta los fenómenos de baja calidad, de insuficiente penetración de la digitalización entre poblaciones vulnerables y su consecuente retraso en términos de habilidades digitales. En la región más desigual del planeta para que la virtualización sea una oportunidad para la mitigación de los impactos de la triple crisis: económica, social y sanitaria, producida por la pandemia, se requiere conseguir movilidad social. La pobreza y la inequidad en los accesos a la educación y a las oportunidades laborales de millones de personas, han sido los detonantes de los recientes estallidos sociales en Chile y en Colombia, así como de las caravanas migratorias centroamericanas hacia Estados Unidos. La capacidad de los Estados de la región para contener la debacle de la desigualdad social, incluida la esfera digital, exige mejores datos y evidencias, que permitan incorporar enfoques y mecanismos diferenciales en la formulación de políticas públicas.
Soluciones alternativas para la interconexión digital
Las soluciones de conectividad no podrán provenir exclusivamente de privados o de los gobiernos. Vale la pena resaltar la mayor aceptación de soluciones alternativas. Por ejemplo, el trabajo de los pequeños y medianos operadores y de las redes comunitarias que llevan la conectividad a zonas o poblaciones periféricas y áreas rurales donde subsiste un mercado insatisfecho, que además resulta poco atractivo para los grandes proveedores, en términos de volumen y facturación.
Existen diferentes iniciativas destacadas en la región4 . De ellas, en cuanto impacto y potencial, las experiencias de conectividad para comunidades indígenas en México y para zonas rurales periféricas en Argentina resultan ejemplares. En el caso mexicano, en 2016 se logró la primera concesión social indígena para adquirir, operar y administrar redes de telecomunicaciones y radiodifusión autónomas en cinco estados: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y Veracruz. Bajo este modelo las comunidades organizadas se vuelven propietarias, operan y administran la infraestructura de su red local celular. La telefonía comunitaria ha permitido acercar familias y pueblos ha contribuido a la economía familiar y local, ha ayudado a resolver emergencias e incluso a salvar vidas.
Involucramiento de poblaciones discriminadas y vulnerables
Construir junto con las personas y comunidades la capacidad de conexiones, a partir de información diferenciada, permitirá empoderarlas en el uso de las tecnologías y su apropiación para determinar de forma autónoma los usos y los propósitos adecuados a sus necesidades, incluyendo aquellas de los más vulnerables. Las experiencias de Brasil y Argentina recogidas recientemente por APC5 muestran cómo las redes existentes han debido adaptarse por el Covid-19 y cómo se expanden y ayudan en la autoorganización comunitaria.
Según este reporte, en la capital argentina la «Red Comunitaria Atalaya Sur Villa 20» ha habilitado contenidos educativos relevantes para los y las vecinos de los barrios. El consumo de la red subió 50% de un día para el otro, lo que inicialmente perjudicaba la conectividad de las familias. Ahora se logró estabilizar el ancho de banda individual y cada vez más vecinos se suman a la red.
En Brasil, en la red «Portal sem Porteiras», las mujeres se comunican y relacionan a través de podcasts. En Vale do Ribeira, agricultoras de comunidades originarias lograron mantener sus ingresos y ventas de su producción agroecológica gracias a la autogestión facilitada por la red comunitaria y sus vínculos con sus redes feministas, tras la cancelación de los subsidios de transporte. Colectivas como MariaLab han creado materiales de autocuidado y denuncia de violencia doméstica.
Políticas públicas con perspectiva de derechos
Al formular políticas de conectividad, el acceso a internet debe pensarse como un instrumento para garantizar el ejercicio de otros derechos. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a participar, directa o indirectamente, en el gobierno de su país y el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Estos derechos también se benefician de los espacios virtuales.
En mayo de 2020, Naciones Unidas presentó una «Hoja de ruta para la cooperación digital»6 que plantea ocho acciones para lograr un mundo digital más seguro y equitativo. Más allá de la mejora en el acceso, las recomendaciones abarcan la inclusión digital, en particular para poblaciones vulnerables y excluidas. Esta bitácora reconoce que además de la existencia de una brecha digital de género, también existen las brechas frente a migrantes, refugiados y refugiadas, desplazados y desplazadas internos, personas mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con discapacidad, poblaciones rurales y pueblos indígenas
Internet ha cambiado la forma como nos relacionamos, nos expresamos y nos comunicamos, y está cada día más presente en nuestras interacciones con el Estado. La brecha digital existente debe cerrarse considerando todas las opciones posibles, no solo abriendo el mercado o con planes de subsidio gubernamental, sino también poniendo a la comunidad en el centro, y no al extremo, de unas decisiones donde los más afectados siempre son los más vulnerables. Pero para actuar donde más se requiere y de la manera más efectiva se requieren datos diferenciados de la situación. Las estadísticas también invisibilizan.
1. Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe: «Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos del Covid-19», Chile, 2021. Disponible en: https://www.cepal.org/sites/ default/files/presentation/files/final_final_covid19_digital_26_agosto.pdf (Consultado: 25.05.2021).
2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: «Pobreza y Derechos Humanos», Costa Rica, 2017. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDDHH2017.pdf. (Consultado: 25.05.2021).
3 Datos de apropiación digital se encuentran en la plataforma Viadata del Centro Nacional de Consultoría. Disponible en: http://www.centronacionaldeconsultoria.com/viadata (Consultado: 25.05.2021).
4. Baca, Carlos, Belli, Luca, Huerta, Erick, Velasco, Karla: «Redes Comunitarias en América Latina: Desafíos, Regulaciones y Soluciones», APC, FGV Direito Rio, Redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad A.C., publicado por: Sociedad de Internet, Estados Unidos, 2018. Disponible en: https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2018/11/2018-Redes-C… (Consultado: 25.05.2021).
5 REDES A.C. en colaboración con APC: «Las redes comunitarias ante el Covid-19 en Latinoamérica», 2020. Disponible en: https://www.apc.org/es/news/ las-redes-comunitarias-ante-el-covid-19-en-latinoamerica (Consultado: 31.05.2021).
6 Naciones Unidas: «Hoja de Ruta del Secretario General para la cooperación digital», 2020. Disponible en: https://www.un.org/es/content/digital-cooperation-roadmap/ (Consultado: 25.05.2021)