La explotación de carbón en Colombia ha implicado la expansión de territorios en sacrificio, donde comunidades vulnerables, que incluyen campesinos, indígenas y afrodescendientes -así como las futuras generaciones- son quienes deben lidiar con los impactos.
En 2018, Colombia fue el 5to país desde donde más se exportó carbón en el mundo, después de Australia, Indonesia, Rusia y Estados Unidos. La mayor parte proviene de dos departamentos (zonas administrativas), ubicados en el norte del país: La Guajira y Cesar. Pese a lo anterior, el carbón en la matriz energética en Colombia es minoritaria, pues 2/3 lo constituye la energía hidráulica. Desde el 2010 el carbón producido en La Guajira y Cesar se consume principalmente en los Países Bajos (18%), Turquía (13,9%), Estados Unidos (7,52%), Chile (7%) y otros países como España, Portugal, Reino Unido y Brasil.
La mina El Cerrejón, en el departamento de La Guajira, extrae carbón desde el año 1982. Actualmente, la empresa pertenece a las transnacionales BHP Billiton, Xtrata PC y Anglo American. Produce al año 35 millones de toneladas de carbón, tiene permiso de operación hasta el 2034 y ha transformado de manera radical el territorio de La Guajira. La empresa tiene concesionadas 69 mil hectáreas de las cuales casi 10 mil están directamente intervenidas para proyectos de la minería del carbón. Cuenta con una vía férrea de más de 150 km, un puerto en Bahía Portete e instalaciones administrativas y militares. La mina es de tal tamaño, que desde su borde, los camiones cuyas llantas son tan altas como un ser humano, se aprecian como pequeños insectos. Del mismo modo, en el departamento de Cesar están presentes varias empresas transnacionales como Drummond, Glencore, Colombian Natural Resources y Pacific Coal. El área explotada es de más de 240 mil hectáreas; y al igual que en La Guajira, la explotación implica vías férreas y puertos para su exportación.
ONGs y entidades de gobierno han documentado los profundos impactos de la minería del carbón en ambos territorios. Del Cesar se han extraído cerca de 636 millones de toneladas de carbón, y en la Guajira, otros 670 millones de toneladas. Ello ha significado impactos excesivos en los territorios, muchos de ellos irreversibles.
Los costos económicos asociados a los impactos ambientales y sociales de la minería del carbón en Colombia, son tres veces superiores en comparación al precio de venta. La diferencia la costean los colombianos y, especialmente, las comunidades que habitan en estos territorios. Hay otros daños sociales, económicos y ambientales que no pueden calcularse por cada tonelada extraída. La minería ha destruido 10 mil millones de m3 de acuíferos cuaternarios en zonas semidesérticas, afectando de forma irreversible el ciclo del agua y dejando las aguas subterráneas sumergidas en varias decenas de metros de hasta 150 metros, encareciendo y dificultando el acceso al agua dulce.
año 1982, tiene permiso de operación hasta el año 2034 y
espera expandir aún más su explotación en el territorio de
La Guajira.
Se han destruido 10 arroyos en Guajira y 15 en Cesar, ecosistemas fundamentales para las comunidades; además, de contaminar el agua con sustancias tóxicas y metales pesados como arsénico, y probablemente cadmio, plomo, selenio, cromo y níquel.
Los botaderos y la excavación de gigantescos tajos han sepultado cerca de 10.000 hectáreas de sabanas en ambos departamentos con relictos de ecosistemas secos, los menos protegidos y representados en Colombia. Por otra parte, en el aire, por cada tonelada de carbón extraído se ha calculado la emisión de 726 g de partículas sólidas totales, 180 g de MP10 y el MP 2,5 no se mide.
Por lo anterior, comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas han perdido gran parte de su autonomía, soberanía alimentaria y cultura. Además, se enfrentan a situaciones graves de salud pública y constantemente están expuestas a todas las formas de contaminación. Los ecosistemas han perdido gran parte de su capacidad de resiliencia frente al cambio climático y muchas comunidades han tenido que ser reasentadas en otros territorios. En algunos casos, al no ser adecuados, se convierten en formas de desplazamiento o desalojos forzosos de personas.
Además, estas regiones han sido fuertemente impactadas por el conflicto armado interno de Colombia. Décadas de explotación de carbón no se han traducido en bienestar para las comunidades. En La Guajira, por ejemplo, la mortalidad infantil en 2013 fue de 32,24% en menores de cinco años por cada mil niños y niñas, mientras el promedio nacional fue de 6,76%. En la alta Guajira, el agua es un bien común sumamente escaso. Las comunidades suelen recolectarla de la lluvia, en jagüeyes, y del mar mediante pozos artesanales. En algunos municipios donde la población indígena es mayoritaria, más del 95% de sus habitantes no tienen acceso a servicios sanitarios básicos, el 97% no tiene servicio de electricidad ni acueducto, y el 100% no cuenta con alcantarillado.
Pese a la tendencia por reducir el uso de carbón, la mina de El Cerrejón proyecta continuar y expandir su explotación. Alemania redujo la importación de carbón de Colombia entre los años 2016 y 2017 en un 41%. El consumo interno de carbón se redujo en un 11%, en gran medida por el uso de nuevas energías. Sin embargo, El Cerrejón aumentará su producción de 35 a 41 millones de toneladas al año, entre otras, por medio de la explotación del tajo La Puente. Esto implicaría la desviación del arroyo Bruno, uno de los afluentes de la única cuenca hidrográfica de la Guajira, la del río Ranchería, que atraviesa nueve de sus quince municipios y tiene un papel regulador de los ecosistemas. En este proyecto, la debilidad de la reglamentación ambiental colombiana y las omisiones en los estudios elaborados por las empresas mineras fueron objeto de análisis y constatación por parte de la Corte Constitucional de Colombia. Las minas del Cesar también seguirán operando al menos en las próximas dos décadas. Aquí, la calidad del aire ha sido afectada por la actividad minera pese a no existir un marco regulatorio, daño que ha sido establecido por la misma Corte Constitucional.
En un contexto de cambio climático, alcanzar la meta del Acuerdo de París de no elevar la temperatura más de 1,5 °C, implica dejar bajo el subsuelo el 82% de las reservas de carbón del mundo. Al mismo tiempo, la minería de carbón deja en los territorios impactos a perpetuidad que los hacen aún más vulnerables a los eventos climáticos. Pese a aquello, en Colombia se continúa estimulando esta actividad a través de beneficios tributarios y otras prerrogativas.
Este artículo hace parte del Atlas del Carbón. Hechos y cifras de un combustible fósil