Guía práctica: defender el derecho a la protesta social en Colombia

La protesta social ha sido un motor de cambio y transformación de las sociedades a lo largo de la historia. A través de la organización social y la acción colectiva manifestada en el espacio público, la humanidad ha conquistado importantes derechos como el voto universal, el matrimonio igualitario y la jornada laboral de ocho horas. De igual forma, la protesta social ha permitido la transformación del sistema electoral, la abolición legal de la esclavitud, el fin de regímenes dictatoriales y la conquista de derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, la protesta social se ha convertido en un mecanismo efectivo de participación ciudadana en los asuntos públicos, para impulsar transformaciones políticas significativas y para entablar una relación de diálogo con el poder representativo electo.

No obstante, las múltiples expresiones de la acción colectiva organizada —marchas, plantones, huelgas, mítines, entre otras— han sido reprimidas de manera sistemática en Colombia, a través de medios legales e ilegales. Las formas de represión más recurrentes son: la estigmatización, la imposición de restricciones de carácter legal, el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad estatales, las detenciones arbitrarias e, incluso, las ejecuciones sumarias o extrajudiciales.

El Protocolo es una guía metodológica que parte de la legislación vigente y jurisprudencia aplicable, y que tiene por objetivo establecer lineamientos para la adopción de medidas pertinentes, por parte de las autoridades de orden ejecutivo en coordinación con la Policía Nacional, dirigidas a respetar el ejercicio de la protesta pacífica y garantizar los derechos de los/as manifestantes, e inclusive de quienes no participan directamente en las protestas. Al respecto, es importante recordar que la protesta social implica el ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libertad de circulación, libertad de expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación.