Rutas del conflicto

La cuenta de X de Rutas del Conflicto fue víctima de un ataque el pasado 7 de julio, afectando uno de sus principales canales de comunicación tras más de doce años de periodismo independiente en Colombia. Afortunadamente, lograron recuperar el control de la cuenta. Desde la Fundación Heinrich Böll  Bogotá celebramos este desenlace y rechazamos cualquier acto que busque obstaculizar, intimidar o interferir en el ejercicio del periodismo independiente. 

Organizaciones sociales han señalado su temor ante la incertidumbre del futuro de los procesos de reforma agraria que no se han completado en el actual gobierno, ante los mensajes ambiguos del presidente electo, que ha criticado el trabajo de la ANT y ha propuesto una fuerte reducción del Estado. El temor es aún mayor en los predios que fueron extintos a personas vinculadas al narcotráfico y grupos ilegales, en medio de la violencia que viven varias regiones.

ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos entre 2002 y 2007 a las unidades militares que cometieron el mayor número de asesinatos de civiles, presentados como guerrilleros muertos en combate.

La oficina central del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó una investigación en la que admite que su oficina en Colombia firmó una alianza con la compañía chilena Geopark, a pesar de que no se tuvo en cuenta las denuncias hechas por indígenas y campesinos en contra de la explotación petrolera en el Putumayo.

Por empujar la conservación de la tierra de sus ancestros, decenas de familias habitantes de los bosques altoandinos en Villarrica y otros municipios vecinos del Tolima, en Colombia, terminaron, sin saberlo, perdiendo la oportunidad de que les titularan fincas que han trabajado por tres generaciones. Esta es otra historia de decepción detrás del nebuloso proyecto de bonos de carbono que se desarrolló en esas mismas tierras.

Caño Limón, el yacimiento que permitió a Colombia volver a exportar petróleo en los ochenta, ha generado afectaciones ambientales y sociales en los últimos 40 años. Familias de 28 veredas reivindican el acceso formal a la tierra dentro y alrededor del área del campo petrolero. La empresa SierraCol está en proceso de renovación del permiso de vertimientos de aguas residuales y ha dialogado con los campesinos.