Rutas del conflicto

La victoria judicial de la multinacional en un caso por difamación en contra de un abogado en Estados Unidos fue presentada por varios medios de comunicación en Colombia como una exoneración total por las acusaciones por la presunta financiación de grupos paramilitares. Sin embargo,  procesos judiciales en ese país aún seguirían pendientes de posibles apelaciones y en Colombia, el presidente y el expresidente de la compañía afrontan un juicio por presuntos vínculos con estos grupos criminales.

En abril de 2026 un juez civil no pudo hacer efectiva una sentencia de restitución de tierras en Aracataca al no poder entregar una finca de 24 hectáreas a una familia porque la encontró cercada, con más de 100 reses y con un empleado de una filial de la empresa palmera DAABON que señaló que el predio estaba en manos de la compañía. Aunque la empresa admitió el vínculo laboral con quién impidió el procedimiento judicial, negó que tenga la posesión del predio y señala que no tienen ningún tipo de interés en la finca. Los reclamantes siguen esperando volver a la tierra de la que fueron desplazados hace 25 años.

Un trabajo académico publicado en el Cambridge University Press analizó 600 de estos convenios desde 2002 y 2020 y encontró varias relaciones entre la violencia que sufren comunidades que viven en el entorno de los proyectos minero-energéticos y los pagos que realizan las empresas a la fuerza pública. Rutas del Conflicto libera para consulta 400 de estos documentos que hicieron parte de este análisis.

La cuenta de X de Rutas del Conflicto fue víctima de un ataque el pasado 7 de julio, afectando uno de sus principales canales de comunicación tras más de doce años de periodismo independiente en Colombia. Afortunadamente, lograron recuperar el control de la cuenta. Desde la Fundación Heinrich Böll  Bogotá celebramos este desenlace y rechazamos cualquier acto que busque obstaculizar, intimidar o interferir en el ejercicio del periodismo independiente. 

Organizaciones sociales han señalado su temor ante la incertidumbre del futuro de los procesos de reforma agraria que no se han completado en el actual gobierno, ante los mensajes ambiguos del presidente electo, que ha criticado el trabajo de la ANT y ha propuesto una fuerte reducción del Estado. El temor es aún mayor en los predios que fueron extintos a personas vinculadas al narcotráfico y grupos ilegales, en medio de la violencia que viven varias regiones.

ISAGEN, ISA y EPM entregaron más de 40 mil millones de pesos entre 2002 y 2007 a las unidades militares que cometieron el mayor número de asesinatos de civiles, presentados como guerrilleros muertos en combate.

La oficina central del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó una investigación en la que admite que su oficina en Colombia firmó una alianza con la compañía chilena Geopark, a pesar de que no se tuvo en cuenta las denuncias hechas por indígenas y campesinos en contra de la explotación petrolera en el Putumayo.

Por empujar la conservación de la tierra de sus ancestros, decenas de familias habitantes de los bosques altoandinos en Villarrica y otros municipios vecinos del Tolima, en Colombia, terminaron, sin saberlo, perdiendo la oportunidad de que les titularan fincas que han trabajado por tres generaciones. Esta es otra historia de decepción detrás del nebuloso proyecto de bonos de carbono que se desarrolló en esas mismas tierras.