Ecología y sostenibilidad

Era de por sí ya un momento excepcional. La Alianza Latinoamericana Frente al Fracking había organizado un encuentro regional, estábamos en Colombia personas de 7 países de Latinoamérica reunidas cara a cara. Entonces, nos llegó una gran noticia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había aceptado nuestra petición para una audiencia. 

Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC, la principal autoridad científica del mundo en lo referente al calentemiento global), evitar que la temperatura mundial se eleve más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales es una meta alcanzable. Y esta es una declaración en la dirección del “realismo radical” que numerosos actores de la sociedad civil llevan tiempo pidiendo.

El pasado 11 de octubre fuimos notificados de la siguiente noticia: como ciudadanos colombianos no podemos tomar decisiones sobre el modelo de desarrollo y las actividades extractivas, aunque afecte de manera concreta nuestros espacios de vida, pues somos incompetentes para tomar tales decisiones. Quien sí tiene competencia para ello es el gobierno nacional. Este es el mensaje que nos envía la Corte Constitucional en su reciente fallo sobre consultas populares, decisión que nos devolvió al 2013, cuando representantes del gobierno nacional alegaban la supuesta “ilegalidad” de las consultas populares mineras. También nos devolvió a la Constitución Política de 1886, la cual se cimentaba sobre una excesiva centralización política y la inexistencia de espacios de democracia directa.    

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre, para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica (fracking) y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. La audiencia responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF).

La Alianza Latinoamericana Frente al Fracking manifestó su apoyo al Proyecto de Ley 071 de 2018 que busca prohibir la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales en Colombia.

En este importante momento para la democracia colombiana, Sapiens les abrió un espacio a los candidatos presidenciales, en donde pudieron hablar sobre temas ambientales y su futura gestión. Estos videos fueron apoyados por la Fundación Heinrich Böll Colombia. 

El libro titulado  “cambio climático, energía y derechos humanos” realiza un abordaje detallado del cambio climático, la energía y los derechos humanos, siendo el medio ambiente la línea conductora presente en cada aparte del libro.

Henry Jimenéz Guanipa ofrece en este artículo un aporte al debate jurídico, político, económico, social, ambiental, tecnológico, judicial y comercial, que se deriva del cambio climático, la energía y los derechos humanos, que busca dar respuesta a los complejos desequilibrios que de su propia relación se derivan y que ponen en grave riesgo la vida sobre el planeta.

La última semana de abril, se realizaron jornadas de educación jurídica popular en el corregimiento de Puerto Girón (Apartadó), por integrantes del Consejo Comunitario en conjunto con investigadores del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Colombia.