Las siguientes páginas contienen un informe sobre la violencia sociopolítica en contra de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos y de excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y de familiares suyos. Y lo hacemos en tiempos de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
La transición energética se ha convertido en un tema de creciente interés en el mundo y en el país. Pero, de alguna manera, hace tiempo se habla de él, quizás con otros nombres, o con énfasis distintos.
El proceso de paz genera un reordenamiento de poderes y de territorios y se presentan mandos que quieren copar dichos territorios (legales e ilegales). Hay violencias alrededor de las economías de guerra de los cultivos de coca, de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y elementos de poder político.
El documento busca realizar un recorrido por el fenómeno de los grupos narcoparamilitares, a partir de las investigaciones adelantadas por Indepaz desde el 2006.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón en Bogotá entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC el 24 de noviembre de 2016, se viene implementando lo pactado en ese documento, por supuesto, unos puntos avanzan con más agilidad que otros y otros se mantienen estancados por completo.
Con tres años largos de conversaciones exploratorias, el 7 de febrero de 2017 el Gobierno y Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron al país el inicio de conversaciones de manera formal. Al igual que lo sucedido con las Farc, se informó la existencia de la garantía de un acompañamiento internacional por parte de Ecuador, Cuba, Brasil, Chile y Noruega, a los que se le sumarían luego un bloque europeo, con Holanda, Alemania, Suecia e Italia. Dos meses después, ya instalada la Mesa en Quito, se dio el primer anuncio de carácter positivo, el desarrollo de un programa piloto para desminado humanitario.
Mediante la Sentencia T-445 de 2016 la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio estableció un nuevo derrotero jurisprudencial en el país en materia de autonomía territorial, actividades extractivas y mecanismos de participación ciudadana. En esta decisión, la Corte despejó cualquier duda frente a la posibilidad de que los municipios y las comunidades puedan decidir por medio de consultas populares y Acuerdos Municipales sobre su desarrollo.
Difícilmente la ciudadanía del común podrá tener los elementos necesarios para formarse una opinión objetiva y veraz sobre los beneficios de la gran minería en Colombia, si los responsables de informar emiten conceptos que en poco reflejan la realidad, mezclan las estadísticas, sesgan su interpretación o las difunden por fuera de contexto, con el único propósito de disimular el enorme fracaso del manejo del boom minero entre 2003 – 2014.
