Camino a CSW70: por el acceso a la justicia para las mujeres

Cada año, durante el mes de marzo, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, tiene lugar el periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), uno de los eventos internacionales de mayor magnitud enfocado específicamente a la igualdad de género, los derechos y el empoderamiento de las mujeres alrededor del mundo. La CSW es el principal órgano internacional intergubernamental cuya labor está dedicada a la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas, encargándose de documentar la situación global y de elaborar normas internacionales en la materia. 

El 8 de marzo suele ser la fecha de referencia para dar inicio al evento. En esta ocasión, la apertura de la 70º periodo de sesiones será el lunes 9 de marzo. Por dos semanas, con una agenda de aproximadamente 1000 reuniones, alrededor de 12 mil participantes, en su mayoría mujeres de las organizaciones de la sociedad civil de diferentes latitudes del globo, representantes de los Estados Miembros de Naciones Unidas y las entidades de Naciones Unidas, se reunirán para debatir sobre las brechas de justicia y proponer mecanismos para garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, tema prioritario de esta septuagésima sesión^[1]. 

En cada periodo de sesiones, además de revisar avances y evaluar desafíos en igualdad de género, se espera con muchas ansias la declaración política orientada a acelerar la garantía de derechos y el empoderamiento de las mujeres. 

Antecedentes recientes: los avances y resistencias que dejó la CSW69 

En la sesión anterior, realizada en marzo 2025, con una participación de 13.000 personas y 5.840 representantes de ONGs inscritas^[2], la CSW69 coincidió con la conmemoración del 30º aniversario de la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995 y la evaluación de la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+30). 

La declaración política de la CSW69, confirmó la vigencia política de la Declaración de Beijing y renovó los compromisos de los países con esta. Asimismo, reconoció la voluntad de superar importantes desafíos, así como causas y factores de las desigualdades de género, y destacó la relevancia de la participación activa de las mujeres en su diversidad, sus liderazgos y las organizaciones feministas como agentes de cambio. Sin embargo, el desarrollo de la CSW69 no estuvo libre de las presiones de los grupos anti-género y anti-derechos presentes tanto en las delegaciones de gobierno de Estados Unidos y Argentina, como mediante representantes de organizaciones como el Centro para los Derechos Humanos y la Familia (C-Fam) o el grupo canadiense Campaign Life Coalition. 

Aunque, la declaración política reconoció que ningún país ha logrado plenamente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, y manifestó preocupación por los avances lentos y dispares, así como la persistencia de barreras estructurales, leyes y prácticas discriminatorias, también señaló la permanencia de todas las formas de violencias en particular la violencia doméstica, los conflictos armados y la feminización de la pobreza. También el documento hizo referencia a las múltiples e interseccionales formas de discriminación, vulnerabilidad y marginación que enfrentan las mujeres y niñas a lo largo de su vida. Sin embargo, dejó por fuera por completo los derechos sexuales y reproductivos. Si bien se resaltó el compromiso con poner fin a la impunidad en casos de violencias, el acceso a la justicia quedó limitado a situaciones de violencias sexual y de género, sin abordar la importancia del acceso a la justicia reproductiva.

Entre otros aspectos, también se destacó el compromiso de combatir el ciberacoso y la necesidad de asegurar financiamiento sostenible para las organizaciones de mujeres y feministas, fortalecer su participación en la toma de decisiones y promover la protección de las mujeres y su liderazgo en procesos de paz y acción humanitaria. En contraste, la discusión sobre los efectos diferenciados de la crisis climática en las mujeres tuvo un desarrollo limitado.

Los avances alcanzados en CSW69 nos llevan a pensar que el movimiento global por los derechos de las mujeres continúa incidiendo y sosteniendo compromisos. Sin embargo, estos progresos se encuentran permanentemente amenazados y su garantía puede volverse difusa ante plataformas políticas y narrativas que promueven interpretaciones restrictivas de la igualdad, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos. 

Este año, por ejemplo, de manera simultánea a la CSW70, se desarrollará la Conferencia sobre el Estado de la Mujer y la Familia (CSWF), con expertos pro-familia y pro-vida en su tercer año consecutivo: “Amplificando tu voz: CSWF 2026: Empoderando las mujeres, abrazando a las familias” convocado por C-Fam, The Heritage Foundation y United Families International. La convocatoria a participar y apoyar el evento, se basa en la motivación de incidir en la CSW para incluir la importancia de los niños (incluidos los no nacidos), el matrimonio, la crianza y la fe. 

El escenario internacional actual es particularmente desafiante. Persisten discursos anti-derechos y anti-género que sin duda marcan un retroceso democrático, además de la profundización de conflictos armados, el debilitamiento del multilateralismo y la reducción progresiva de los espacios sobre los derechos de las mujeres en diferentes países. 

En este orden de ideas, también se impacta directamente en la participación global, materializándose en i) medidas migratorias y políticas de control fronterizo altamente restrictivas que limitan la presencia de defensoras y organizaciones del Sur Global en espacios como la CSW y ii) la influencia en los recortes financieros internacionales destinados a organizaciones feministas y de derechos humanos lo que reducen su capacidad de incidencia, debilitando la pluralidad de las voces en el debate global. 

En este contexto, la CSW se convierte en un escenario político en el que se definen los alcances del acceso a la justicia para las mujeres y niñas en el mundo. Lo que allí se nombra o no, tiene efectos concretos en los territorios. Analizar el acceso a la justicia, visibilizar sus problemáticas y movilizar agendas que lo fortalezcan desde realidades nacionales específicas no es un ejercicio aislado, sino una herramienta, y uno de los pilares fundamentales para la eliminación de las barreras materiales. 

Una mirada desde Colombia y los desafíos en acceso de la justicia reproductiva

Si puntualizamos en casos concretos de las realidades específicas nacionales, los panoramas adquieren matices complejos. Mientras en algunos países los marcos normativos que impulsan la igualdad de género y el acceso a la justicia para niñas y mujeres son inexistentes o limitados, en otros que han adoptado estándares progresivos e incluso decisiones judiciales emblemáticas aún se enfrentan a profundas brechas entre la norma y la realidad. 

Colombia ilustra bien esta tensión. Los marcos normativos existentes se desdibujan ante los altos niveles de violencia y las barreras en el acceso a la justicia. En el país se registraron aproximadamente 621 casos de feminicidios en el 2025 y 872 feminicidios en 2024[3], más de 16 mil casos de violencia sexual al año[4], y cerca de cinco millones de mujeres víctimas del conflicto armado registradas hasta 2024[5]. Las barreras económicas (costos del servicio, transporte, labores de cuidado), las barreras propias del sistema de justicia o estructurales, y las barreras sociales (estereotipos, prejuicios, discriminación) sostienen parte de los altos niveles de impunidad.

Un ejemplo paradigmático de estas brechas entre norma y realidad se evidencia en la precariedad del acceso a la justicia reproductiva. En Colombia, el fenómeno es claro. Aunque el país cuenta con un marco constitucional garantista, desarrollos jurisprudenciales significativos en materia de derechos sexuales y reproductivos, además de normativas en temas como el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la prohibición de la violencia obstétrica y las buenas prácticas en salud y justicia para la investigación de delitos por violencia sexual^[6]En la práctica, persisten barreras estructurales que obstaculizan su ejercicio efectivo: la discriminación institucional, la desinformación, el uso indebido de la objeción de conciencia, la dilación de servicios y procesos judiciales, y los tratos crueles.

La violencia reproductiva opera como mecanismo de control social[7]. Las mujeres enfrentan presiones simultáneas: sanción social si deciden continuar un embarazo, y estigmatización o criminalización si optan por interrumpirlo. Esto demuestra que el acceso a la justicia reproductiva depende de condiciones materiales, territoriales y culturales que permitan ejercerlo sin violencia, coacciones ni obstáculos indebidos.

Las desigualdades se profundizan aún más en territorios atravesados por el conflicto armado, la migración forzada y la débil presencia estatal profundizan las brechas. Un ejemplo crítico de ello es la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, donde hay un incremento de violencias basadas en género, restricciones a la movilidad y la autonomía de las mujeres, debilitamiento de la oferta institucional en salud sexual y reproductiva y justicia, así como un aumento de la impunidad frente a transgresiones de derechos sexuales y reproductivos. 

Investigaciones sobre y en el territorio^[8]han develado que, entre las principales barreras se identifican: i) socioculturales ii) institucionales iii) en la prestación de servicios de salud y justicia iv) económicas v) geográficas: concentración de servicios en centros urbanos y escasa presencia del estado en zonas rurales y de frontera. 

El acceso a la justicia reproductiva no se agota en el reconocimiento formal del derecho, ni se limita a las posibilidades de acudir al juez, implica una completa garantía para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con plenitud, y que existan los mecanismos efectivos de denuncia y reparación en última instancia. 

Con estos escenarios, insistir en el acceso a la justicia nunca será un capricho o estrategia, sino una apuesta ética y humana, persistir frente a los retrocesos significa defender los estándares internacionales, proteger los avances y derechos alcanzados en cuanto a autonomía y libertad reproductiva, sostener el trabajo de organizaciones feministas y contribuir a las redes de protección para defensoras de derechos humanos. 

En esos términos, la CSW70 se muestra como un espacio esperanzador, en el que la justicia reproductiva debe mostrarse como un componente esencial dentro del acceso a la justicia de mujeres y niñas, en el que se deben visibilizar los impactos diferenciados y exigir los compromisos concretos de los Estados en materia presupuestal, normativa y de implementación territorial, así como fortalecer la articulación entre organizaciones que abogan por la equidad de género en los espacios multinivel y multilaterales. 

Sin justicia reproductiva no hay igualdad sustantiva, y sin participación activa de las mujeres y sus organizaciones no hay democracia posible.