Declaración de la Mesa de organizaciones de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos de Colombia
Bogotá, 29 de julio de 2022.
Las organizaciones de la sociedad civil de la Mesa de Empresas y Derechos Humanos de Colombia nos reunimos los días 14 y 15 de julio en el Centro de Investigación y Educación Popular Cinep / PPP y de forma virtual, para discutir sobre la problemática de tierras en el continente haciendo énfasis en Colombia, la captura corporativa en los distintos escenarios de decisión y regulación en el marco de políticas extractivas y alimentarias, y la situación de la región amazónica. Así mismo, participamos de las actividades autónomas al VII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos y escuchamos las conclusiones de este Foro, convocado por el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
Estos espacios nos permitieron ratificar, una vez más, las razones por las cuales consideramos que el Foro Regional no atiende las necesidades de las comunidades afectadas en nuestros territorios por el accionar empresarial, las constantes vulneraciones a los derechos humanos que cometen las empresas y las violaciones a esos derechos por complicidad u omisión por parte de los Estados. Estas razones son:
- En el marco de los Principios Rectores se plantearon los Planes Nacionales de Acción de Empresas y Derechos Humanos, como guías que orientan las políticas públicas en esta materia. Sin embargo, en nuestra región estos han sido cuestionados por ser insuficientes por su carácter no vinculante, poco participativos y descontextualizados de las realidades territoriales. Aunque en Perú la experiencia ha tenido unos avances significativos, pues contó con la participación de sindicatos, pueblos indígenas y la sociedad civil, no se puede negar que en el continente estos planes solo organizan las obligaciones que ya tenían los Estados en el contexto de la actividad empresarial y no han generado cambios sustanciales en los territorios.
- Ante esta situación se han planteado leyes de debida diligencia en varios países de la región, vinculado al proceso que llevan los países europeos. Sin embargo, consideramos que estos procesos no pueden ser una copia de los marcos europeos por las particularidades de los contextos y realidades latinoamericanas. Así mismo, muchas organizaciones han evidenciado que la debida diligencia no es suficiente, puesto que dependen de la voluntad de las empresas, no tiene en cuenta las asimetrías de poder en nuestros escenarios de decisión, reducen el campo de acción de la responsabilidad jurídica corporativa y no incluyen las acciones extraterritoriales de las empresas, lo cual excluye la identificación de las cadenas de valor y la responsabilidad de las casas matrices.
- En la región continúan los asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales. Esto se liga a la imposición de la agenda extractivista en nuestro continente, que ya no sólo se enfoca en lo minero-energético y agroindustrial, sino que, en el marco de la transición energética, se disfraza de economía verde con falsas soluciones, y se vincula a estrategias de despojo, afectaciones a los derechos colectivos y mercantilización y financiarización de la vida y la naturaleza.
- Nos preocupa que sigan prevaleciendo los tratados comerciales y de inversión por encima de los derechos humanos. Así mismo, la acogida de las apuestas de autorregulación de las transnacionales, las grandes empresas y sus cadenas de valor, que no generan cambios reales, sino que se presentan como estrategias de lavado de marca. Por esto, reiteramos que las corporaciones no deben suplir el rol del Estado en los territorios.
- Rechazamos que no se escuche y respete la voz de las comunidades que, a través de la consulta previa y las consultas populares, han expresado su decisión sobre la vocación de sus territorios, la cual dista de los intereses corporativos. Así mismo, el desconocimiento de las sentencias judiciales en el marco de megaproyectos.
- La negativa a proteger nuestras formas de vida y visiones de territorio ha llevado a la descampesinización del territorio, y al despojo material y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este racismo estructural fomenta que las empresas y transnacionales gocen de permisos rápidos y licenciamientos express, los cuales contrastan por su celeridad con las demoras interpuestas a los procesos de titulación colectiva o a la recepción de las propuestas de ordenamiento territorial de las comunidades.
- Nos desconcierta que desde la Defensoría del Pueblo de Colombia se plantee una Ley marco de derechos humanos y empresas para las Américas, como parte de los mecanismos voluntarios. Más aún cuando existen iniciativas como el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que han propuesto, desde la voz de la sociedad civil, abarcar la responsabilidad jurídica empresarial, claridad y regímenes de responsabilidad administrativa civil y penal, la primacía de los derechos humanos sobre los tratados comerciales y de inversiones, y el acceso a la justicia de las comunidades afectadas.
Por tal razón, reiteramos nuestras exigencias y las ampliamos. Estas son:
Primero, acabar con la impunidad corporativa y que se reconozca la responsabilidad de las empresas transnacionales en las violaciones de derechos humanos.
Segundo, que se respete, sin dilación, las decisiones de las comunidades de decir NO a la acción empresarial en sus territorios.
Tercero, la adopción e implementación de mecanismos legales y obligatorios que permitan que las empresas transnacionales respondan por las violaciones de derechos humanos. La concertación de estos mecanismos debe tener una amplia participación de los países del sur global y debe contar con las voces de quienes han sido víctimas del accionar empresarial. Por tal razón, instamos a nuestros gobiernos para apoyar el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos y las propuestas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas a decidir sobre sus territorios.
Cuarto, acciones de reparación y no repetición reales y concretas que trasciendan la noción de rendición de cuentas.
Insistimos en nuestro llamado a los gobiernos de América Latina y a la ONU a escuchar y acoger las denuncias, exigencias y propuestas de la sociedad civil para elevar los estándares de justicia ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas por actores empresariales. El balance de los eventos realizados la semana anterior nos invita a avanzar en políticas públicas y regulaciones concretas y urgentes que garanticen una real responsabilidad de las empresas, evitar que estas participen en condiciones de asimetría de poder y realicen acciones de interferencia en los escenarios en los que se discute su regulación.
#ParenElAbusoEmpresarial
FIRMAN:
Mesa de organizaciones de la sociedad civil sobre empresas y derechos humanos de Colombia.